Distrito ha pagado multas por $91 mil millones por esquema de aseo de Petro

“Hubo una gestión ineficiente, antieconómica e ineficaz, que hoy afecta el patrimonio de los bogotanos”. En estos términos se refirió la Contraloría de Bogotá a las millonarias multas –por más de $91 mil millones– que ha tenido que pagar el Distrito por cuenta de la implementación del esquema de aseo durante la Alcaldía de Gustavo Petro.

Ante la cuantía de las sanciones económicas impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio, el ente de control decidió abrir un proceso de responsabilidad fiscal contra la Administración Distrital que se suma a otros cuatro que están en curso por la misma razón: las irregularidades y fallas que se habrían presentado en la puesta en marcha del nuevo esquema.

Advirtiendo que hubo un desconocimiento de la ley, la Contraloría sostiene que las multas fueron causadas por una mala gestión por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAB) y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), quienes en su actuar “no se ajustaron a los principios de economía, eficiencia y eficacia guardando relación con sus objetivos y metas”.

“La inobservancia no solo de los pronunciamientos y advertencias de la Contraloría de Bogotá, sino de la Constitución Política y de la Ley, tal como se estableció en los actos administrativos sancionatorios emitidos por la Superintendencia, evidencia desconocimiento y desatención de los principios de la gestión fiscal”, determinó el ente de control.

En particular, la Contraloría sostiene que el pago de multas por parte del Acueducto y la UAESP, por más de $71 mil millones y $20 mil millones respectivamente –incluyendo intereses por mora–, representan una lesión al patrimonio público de la ciudad, que se traduce en un detrimento y deterioro de los recursos de todos los bogotanos.

“Esos $90 mil millones el Distrito podría haberlos invertido en el fortalecimiento de la educación o de la red hospitalaria”, manifestó la contralora (e) Ligia Inés Botero, quien recordó que desde 2012 su entidad ya había advertido la 'inconveniencia' de la implementación del nuevo esquema de aseo. “De haberse tenido en cuenta los pronunciamientos, estos pagos se hubieran evitado”.

Específicamente, la Contraloría menciona dos aspectos que resumen los pronunciamientos y advertencias emitidos. Por un lado, la “incertidumbre” respecto al modelo, pues no se dio inicio a un proceso de licitación pública y no se contemplaron los riesgos de mantener un esquema que en principio era transitorio; por otro lado, la “falta de determinación” del esquema definitivo para la prestación del servicio más conveniente para la ciudad, “con lo cual no se permitió la participación de pluralidad de prestadores del servicio, lo que garantizaría no solamente la óptima prestación sino la obtención de menores costos para los usuarios”.

Con este, ya son cinco los procesos de responsabilidad fiscal que adelanta actualmente la entidad por más de $115 mil millones relacionados con la implementación del esquema para recolección de residuos sólidos; pagos de combustible suscritos por Aguas de Bogotá; irregularidades en contratos para adquirir vehículos recolectores de basura y fallas en la adquisición de un sistema de información integral de aseo.

“Hubo una gestión ineficiente, antieconómica e ineficaz, que hoy afecta el patrimonio de los bogotanos”. En estos términos se refirió la Contraloría de Bogotá a las millonarias multas –por más de $91 mil millones– que ha tenido que pagar el Distrito por cuenta de la implementación del esquema de aseo durante la Alcaldía de Gustavo Petro.

Ante la cuantía de las sanciones económicas impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio, el ente de control decidió abrir un proceso de responsabilidad fiscal contra la Administración Distrital que se suma a otros cuatro que están en curso por la misma razón: las irregularidades y fallas que se habrían presentado en la puesta en marcha del nuevo esquema.

Advirtiendo que hubo un desconocimiento de la ley, la Contraloría sostiene que las multas fueron causadas por una mala gestión por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAB) y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), quienes en su actuar “no se ajustaron a los principios de economía, eficiencia y eficacia guardando relación con sus objetivos y metas”.

“La inobservancia no solo de los pronunciamientos y advertencias de la Contraloría de Bogotá, sino de la Constitución Política y de la Ley, tal como se estableció en los actos administrativos sancionatorios emitidos por la Superintendencia, evidencia desconocimiento y desatención de los principios de la gestión fiscal”, determinó el ente de control.

En particular, la Contraloría sostiene que el pago de multas por parte del Acueducto y la UAESP, por más de $71 mil millones y $20 mil millones respectivamente –incluyendo intereses por mora–, representan una lesión al patrimonio público de la ciudad, que se traduce en un detrimento y deterioro de los recursos de todos los bogotanos.

“Esos $90 mil millones el Distrito podría haberlos invertido en el fortalecimiento de la educación o de la red hospitalaria”, manifestó la contralora (e) Ligia Inés Botero, quien recordó que desde 2012 su entidad ya había advertido la 'inconveniencia' de la implementación del nuevo esquema de aseo. “De haberse tenido en cuenta los pronunciamientos, estos pagos se hubieran evitado”.

Específicamente, la Contraloría menciona dos aspectos que resumen los pronunciamientos y advertencias emitidos. Por un lado, la “incertidumbre” respecto al modelo, pues no se dio inicio a un proceso de licitación pública y no se contemplaron los riesgos de mantener un esquema que en principio era transitorio; por otro lado, la “falta de determinación” del esquema definitivo para la prestación del servicio más conveniente para la ciudad, “con lo cual no se permitió la participación de pluralidad de prestadores del servicio, lo que garantizaría no solamente la óptima prestación sino la obtención de menores costos para los usuarios”.

Con este, ya son cinco los procesos de responsabilidad fiscal que adelanta actualmente la entidad por más de $115 mil millones relacionados con la implementación del esquema para recolección de residuos sólidos; pagos de combustible suscritos por Aguas de Bogotá; irregularidades en contratos para adquirir vehículos recolectores de basura y fallas en la adquisición de un sistema de información integral de aseo.