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El Distrito, en coordinación con Integración Social y la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, instaló este martes, un PMU 24/7 en la UPI La Florida, para fortalecer la respuesta institucional con acciones de prevención y atención a la población Emberá. “Esto por medio de presencia permanente, identificación de riesgos o vulneraciones a derechos humanos y fortalecimiento del relacionamiento con los voceros presentes en este espacio”, detallaron.
Son 643 personas que conforman 230 hogares, según datos de la secretaría de Salud, los que aún permanecen allí, a la espera del retorno y la reubicación por parte del Gobierno Nacional.
Problemas como falta de acceso a agua potable, la presencia de roedores, el taponamiento de los sistemas de alcantarillado, y una distancia entre la comunidad y la institucionalidad, fueron identificadas por el Distrito y que prometen atender y acompañar de manera permanente.
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De esta manera, de lunes a domingo, las 24 horas del día, funcionarios de las secretarías de Integración Social, Gobierno, Educación, Salud, Seguridad, Convivencia y Justicia, Mujer, la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación y el IDIPRON, estarán presentes. Así mismo, implementarán un canal de comunicación disponible las 24 horas del día para el reporte de alertas o situaciones de riesgo.
“La oferta social estará concentrada en niñas, niños y adolescentes con el servicio de Atrapasueños, jardín infantil y casa de la juventud. Estos servicios consisten en acciones pedagógicas, a partir de juegos, del arte, que tienen como objetivo ocupar el tiempo de los niños y transformar ciertas vivencias que se han dado en escenarios de conflicto, para que sea una experiencia enriquecedora. Igualmente, se realizará activación de ruta de atención cuando se detecte vulneración de derechos”, manifestó el secretario de Integración Social, Roberto Angulo.
A la espera de un pronto retorno
El pasado 10 de octubre, el alcalde Carlos Fernando Galán y la consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación, Isabelita Mercado, firmaron y enviaron una semana después, una carta dirigida a la directora de la Unidad de Víctimas, Liliana Solano, para pedirle acelerar el proceso de reubicación y retorno de las familias embera que aún permanecen en condiciones inhumanas en las UPI’s La Florida y La Rioja.
“Solicitamos respetuosamente incrementar los esfuerzos para garantizar los procesos de retorno y reubicación de la población que actualmente está asentada, debido a que llevan tres años esperando iniciar este proceso”, se lee en la misiva, donde además, manifiestan que “hemos tenido conocimiento que han reiterado su interés de retornar o reubicarse con ocasión de lo ocurrido en el Parque Nacional”.
Sin embargo, hasta el momento, la Unidad de Víctimas no se ha pronunciado frente a este requerimiento. “El 80% de esta comunidad ha manifestado su deseo de retornar o ser reubicada. Queremos insistir a la Unidad de Víctimas que no perdamos el impulso que logramos con el retorno del Parque Nacional”, instó la consejera, Mercado.
Cabe recordar que el pasado 8 de septiembre y luego de varios tropiezos, 280 familias (702 personas en total) de la comunidad indígena Emberá, retornaron en buses del Parque Nacional hacia sus resguardos indígenas en Pueblo Rico, Risaralda y en este momento, el Distrito sigue interviniendo esta zona.
“Un riesgo inminente”
Nuevamente, los entes de control se pronuncian por las complejas situaciones de inseguridad, salubridad y hacinamiento en las que habitan más de 900 indígenas Emberá que aún permanecen en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, ubicada en el centro de Bogotá.
En esta ocasión, tras una reciente visita que la Personería de Bogotá realizó al lugar, se emitió una alerta por la cantidad de riesgos que inciden en el bienestar de las personas que allí residen, los cuales representan, entre otros particulares, un peligro inminente de colapso de las instalaciones por el mal estado de varias estructuras de la edificación.
Tras la visita, el ente de control halló varios elementos que configuran “riesgos biológicos por mal manejo de residuos, reflujo de aguas negras, presencia de vectores como ratas e insectos, conexiones improvisadas, peligro de explosión por cilindros de gas (existen entre 80 y 100 pipetas), cables eléctricos expuestos y, particularmente, riesgo de derrumbe de algunas estructuras”, según informó la entidad.
La evidencia señala, además, que La Rioja no dispone de agua potable y que incluso hay filtraciones de agua en las paredes que representan un riesgo mayor debido a la cercanía con tomas eléctricas y pipetas de gas que tienen los puntos de las filtraciones. También se evidenció la insuficiencia de las baterías de baño y de servicios sanitarios en general, que ha traído consigo la proliferación de roedores e insectos y, por consiguiente, problemas de salud que afectan mayoritariamente a niños, niñas y adolescentes.
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“Ante el riesgo inminente de una tragedia, ya sea por el colapso de las instalaciones o la explosión de una pipeta de gas, es imperativo que se cumpla con la medida de seguridad ordenada por la Secretaría Distrital de Salud de trasladar, reubicar o integrar a la población que permanece en la UPI La Rioja”, adviertió el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco.
La medida a la que hace referencia Castro se expidió hace más de un año, el 26 de mayo de 2023, y ordena “la clausura de forma temporal y total de la UPI La Rioja”. Sin embargo, a pesar de la directriz de la Secretaría de Salud, las personas no fueron reubicadas y, tal y como indica el ente de control, la situación continuó escalando hasta llegar a las circunstancias actuales: riesgos de colapso, riesgos biológicos, malos manejos de residuos, reflujo de aguas negras y conexiones eléctricas improvisadas que dejan cables expuestos, entre otros problemas que necesitan atenderse de manera urgente.
“Después de hacer una visita al sitio, se encuentran condiciones para que se proceda con un proceso de evacuación, porque las condiciones no son las adecuadas. Por el momento, con equipos de la Subred Centro Oriente realizarán evaluaciones a menores y la comunidad para evaluar y ayudar con su eventual hospitalización”, precisó en su momento, el entonces secretario de Salud, Alejandro Gómez. Sin embargo, el proceso de reubicación y evacuación nunca se realizó.
Al respecto, el IDIGER, en diferentes informes, ha recomendado considerar la evacuación definitiva de la edificación “toda vez que el proceso de degradación de las redes, la infraestructura y, en general, la funcionalidad del lugar, se están viendo comprometidas en el corto plazo”.
Por su parte, la Personería insiste en la necesidad de implementar acciones efectivas para mitigar los riesgos y detener el escalado empeoramiento de las condiciones de seguridad y salubridad que impiden que la población indígena pueda acceder a las garantías mínimas para vivir en condiciones dignas de salud, integridad y bienestar.
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