Distrito puso a los ricos a pagar el agua gratis para los pobres

A tan solo 20 días de que el alcalde Gustavo Petro deje el cargo, la Superintendencia de Servicios Públicos condensó, en una evaluación a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), las críticas que desde distintos sectores le han hecho al mandatario por la forma como en estos cuatro años ha administrado esa entidad, que atiende a dos millones de suscriptores, no solo en la capital, sino en Soacha y Gachancipá. El organismo de control hizo fuertes cuestionamientos a políticas esenciales del plan de gobierno de Petro como el mínimo vital de agua, el que calificó de mal implementado, y el sistema de aseo, en el que la EAAB se metió como operador de la recolección de basuras.

Con el mínimo vital de agua, aplicado desde febrero de 2012, los suscriptores de los estratos uno y dos tienen derecho a consumir 6.000 litros mensuales gratis como garantía de acceso al servicio. El costo, según la norma (decreto 64 de 2012) debía ser reconocido por la Administración Distrital. Sin embargo, la Superservicios encontró que de los $391.000 millones que la Alcaldía le debió haber girado al Acueducto por ese concepto hasta septiembre pasado, solo ha pagado $215.424 millones, es decir, el 55 %. El otro 45 %, dice el informe, lo ha sacado del fondo al que normalmente va el dinero con el que los estratos cinco y seis subsidian los estratos más bajos, como parte de una política nacional, que es anterior al mínimo vital de agua.

Algo que llama la atención a la Superservicios es que el esfuerzo más grande de la administración, de hecho, ha sido para subsidiar el estrato dos ($196.200 millones) y no el uno ($19.190 millones). Y algo adicional: el consumo solo tiende a aumentar en esos dos estratos. “Consumen más, hasta que completan lo que pagaban antes, por lo que no se cumple con la intención de ahorrar para gastar en otras cosas”, declara Jorge Carrillo, superintendente delegado para Acueducto y Aseo.

El funcionario aclara que, más que buscar la eliminación de esta política, habría que aplicarla, en primer lugar, solo a población vulnerable (que no sería toda la de los dos estratos más bajos), y por otra parte, financiarla tal y como dice en el decreto. Al tiempo llama la atención por considerar que en el país falta legislación sobre el mínimo vital de agua, que aclare cómo como debe implementarse.

Una alerta

El informe incluye, por otra parte, un llamado de atención para que la EAAB acelere las obras que garanticen el abastecimiento de agua a corto y mediano plazo. Las proyecciones indican que la actual capacidad de suministro (16,9 metros cúbicos por segundo) solo asegura el servicio hasta 2019. Es por eso que se deben apurar las intervenciones a las plantas de tratamiento Wiesner, Tibitoc y El Dorado, con las que se planea pasar a 23,9 metros cúbicos por segundo. “No se observa holgura entre lo proyectado y lo actualmente ejecutado por el prestador (la EAAB) frente a las demandas de agua en el corto plazo”, concluye la Superservicios.

A esto se suma que, como la administración decidió que el Acueducto debe entregar el 80 % de sus utilidades al Distrito, ya no puede invertirlas todas en la empresa, así que el ritmo de crecimiento de las mismas se desaceleró.

El aseo

La EAAB se metió en el negocio de la recolección de basuras desde diciembre de 2012, a través de su filial Aguas de Bogotá. Para la Superservicios, eso “no ha sido rentable y la prestación de este servicio acumula pérdidas”.

Los problemas son diversos. En 2014, por ejemplo, la empresa “no generó suficientes ingresos” producto de la operación del aseo, para cubrir los costos y gastos propios de esa labor. En una inspección de mediados de este año, el ente de control constató que no había vehículos de reserva.

Desde mediados de 2015, por otra parte, el Acueducto asumió directamente la facturación del aseo (que antes desarrollaba un contratista) y los ingresos por ese concepto pasaron de $105.400 millones a $56.800 millones. “La ley da cinco meses para que se corrijan las fallas, de lo contrario, ese dinero se perderá”, advirtió el superintendente Carrillo.

La EAAB ahora también se encarga de lo comercial (lectura de medidores, facturación y recaudo) y operativo (atención de daños a tuberías, acometidas, etc.), que hasta 2012 estaba en manos de privados. Este mes comenzó la vinculación a la planta de los 1.600 empleados encargados de esos trabajos. Asumir todas estas funciones, concluye la Superservicios, “ha hecho que sus egresos hayan crecido a tasas superiores a las que están creciendo los ingresos”.

Dado que la EAAB, según el informe, “no se encuentra en riesgo de inviabilidad financiera”, hay tiempo para actuar. A la Superservicios le queda pendiente, después de establecer los hallazgos, definir un plan que obligue a la empresa a prestar el servicio dentro de parámetros que les eviten riesgos tanto a esta como a los usuarios. En el Acueducto le dijeron a este diario que no darán declaraciones hasta que terminen de analizar esta fuerte evaluación.

A tan solo 20 días de que el alcalde Gustavo Petro deje el cargo, la Superintendencia de Servicios Públicos condensó, en una evaluación a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), las críticas que desde distintos sectores le han hecho al mandatario por la forma como en estos cuatro años ha administrado esa entidad, que atiende a dos millones de suscriptores, no solo en la capital, sino en Soacha y Gachancipá. El organismo de control hizo fuertes cuestionamientos a políticas esenciales del plan de gobierno de Petro como el mínimo vital de agua, el que calificó de mal implementado, y el sistema de aseo, en el que la EAAB se metió como operador de la recolección de basuras.

Con el mínimo vital de agua, aplicado desde febrero de 2012, los suscriptores de los estratos uno y dos tienen derecho a consumir 6.000 litros mensuales gratis como garantía de acceso al servicio. El costo, según la norma (decreto 64 de 2012) debía ser reconocido por la Administración Distrital. Sin embargo, la Superservicios encontró que de los $391.000 millones que la Alcaldía le debió haber girado al Acueducto por ese concepto hasta septiembre pasado, solo ha pagado $215.424 millones, es decir, el 55 %. El otro 45 %, dice el informe, lo ha sacado del fondo al que normalmente va el dinero con el que los estratos cinco y seis subsidian los estratos más bajos, como parte de una política nacional, que es anterior al mínimo vital de agua.

Algo que llama la atención a la Superservicios es que el esfuerzo más grande de la administración, de hecho, ha sido para subsidiar el estrato dos ($196.200 millones) y no el uno ($19.190 millones). Y algo adicional: el consumo solo tiende a aumentar en esos dos estratos. “Consumen más, hasta que completan lo que pagaban antes, por lo que no se cumple con la intención de ahorrar para gastar en otras cosas”, declara Jorge Carrillo, superintendente delegado para Acueducto y Aseo.

El funcionario aclara que, más que buscar la eliminación de esta política, habría que aplicarla, en primer lugar, solo a población vulnerable (que no sería toda la de los dos estratos más bajos), y por otra parte, financiarla tal y como dice en el decreto. Al tiempo llama la atención por considerar que en el país falta legislación sobre el mínimo vital de agua, que aclare cómo como debe implementarse.

Una alerta

El informe incluye, por otra parte, un llamado de atención para que la EAAB acelere las obras que garanticen el abastecimiento de agua a corto y mediano plazo. Las proyecciones indican que la actual capacidad de suministro (16,9 metros cúbicos por segundo) solo asegura el servicio hasta 2019. Es por eso que se deben apurar las intervenciones a las plantas de tratamiento Wiesner, Tibitoc y El Dorado, con las que se planea pasar a 23,9 metros cúbicos por segundo. “No se observa holgura entre lo proyectado y lo actualmente ejecutado por el prestador (la EAAB) frente a las demandas de agua en el corto plazo”, concluye la Superservicios.

A esto se suma que, como la administración decidió que el Acueducto debe entregar el 80 % de sus utilidades al Distrito, ya no puede invertirlas todas en la empresa, así que el ritmo de crecimiento de las mismas se desaceleró.

El aseo

La EAAB se metió en el negocio de la recolección de basuras desde diciembre de 2012, a través de su filial Aguas de Bogotá. Para la Superservicios, eso “no ha sido rentable y la prestación de este servicio acumula pérdidas”.

Los problemas son diversos. En 2014, por ejemplo, la empresa “no generó suficientes ingresos” producto de la operación del aseo, para cubrir los costos y gastos propios de esa labor. En una inspección de mediados de este año, el ente de control constató que no había vehículos de reserva.

Desde mediados de 2015, por otra parte, el Acueducto asumió directamente la facturación del aseo (que antes desarrollaba un contratista) y los ingresos por ese concepto pasaron de $105.400 millones a $56.800 millones. “La ley da cinco meses para que se corrijan las fallas, de lo contrario, ese dinero se perderá”, advirtió el superintendente Carrillo.

La EAAB ahora también se encarga de lo comercial (lectura de medidores, facturación y recaudo) y operativo (atención de daños a tuberías, acometidas, etc.), que hasta 2012 estaba en manos de privados. Este mes comenzó la vinculación a la planta de los 1.600 empleados encargados de esos trabajos. Asumir todas estas funciones, concluye la Superservicios, “ha hecho que sus egresos hayan crecido a tasas superiores a las que están creciendo los ingresos”.

Dado que la EAAB, según el informe, “no se encuentra en riesgo de inviabilidad financiera”, hay tiempo para actuar. A la Superservicios le queda pendiente, después de establecer los hallazgos, definir un plan que obligue a la empresa a prestar el servicio dentro de parámetros que les eviten riesgos tanto a esta como a los usuarios. En el Acueducto le dijeron a este diario que no darán declaraciones hasta que terminen de analizar esta fuerte evaluación.