Doble crimen en Suba, ¿quién responde cuando un menor se convierte en homicida?

A las 10:30 de la noche, los radios de policía recibieron la alerta de un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en un conjunto residencial de Suba, donde un menor de 14 años acababa de matar a su papá de 42 años y a su hermana menor de 7. Después de un rápido proceso judicial, el adolescente confesó y se allanó a los cargos de homicidio agravado, sin embargo, el caso deja muchas dudas acerca del trasfondo de este doloroso episodio ocurrido en una ciudad en la que, este 2024, la violencia en hogares registra un preocupante incremento del 110 % con respecto al primer semestre del año pasado.

A las 10:30 de la noche, los radios de policía recibieron la alerta de un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en un conjunto residencial de Suba, donde un menor de 14 años acababa de matar a su papá de 42 años y a su hermana menor de 7. Después de un rápido proceso judicial, el adolescente confesó y se allanó a los cargos de homicidio agravado, sin embargo, el caso deja muchas dudas acerca del trasfondo de este doloroso episodio ocurrido en una ciudad en la que, este 2024, la violencia en hogares registra un preocupante incremento del 110 % con respecto al primer semestre del año pasado.

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Mientras que el grueso de los casos de violencia intrafamiliar tienen como principales víctimas a mujeres y menores de edad, juzgar a un menor que pasa a ser agresor tiene sus particularidades en el sistema judicial colombiano. Lo mismo sucede si se busca entender cómo un menor llega a cometer un acto tan brutal contra miembros de su familia.

Según los reportes conocidos por este diario, durante la inspección técnica realizada en la casa donde ocurrieron los hechos, el menor infligió las heridas a su padre y hermana con diversas armas cortopunzantes y “punzantes”. El número de heridas encontradas en ambos cuerpos indican un grado de sevicia que agrava el crimen cometido por el adolescente. El reporte indica que, “le causó múltiples heridas, un número de 118, en la humanidad de su padre; y 75 heridas en la humanidad de su hermana”.

Aunque el caso se tomó con cautela no solo por la gravedad, sino porque el padre del menor fue identificado como un oficial activo del ejército, posteriormente en noticieros y reportes de las autoridades se conocieron detalles como que el menor, en un inicio, habría intentado culpar a su madre de 37 años, a quien también intentó agredir con el arma cortopunzante. Reportes de noticieros recogieron en el conjunto impresiones de los vecinos de la familia y todos coinciden en que no se percibió algún comportamiento violento o extraño anteriormente.

Tras confesar el doble crimen, el adolescente fue imputado por el delito de homicidio agravado, cargo al que se allanó y un juez de garantías para adolescentes le impuso medida de internamiento preventivo. Ya que la ley juzga de otra forma a los menores, así se trate de crímenes de alto impacto como el homicidio, deberá permanecer en un centro especializado CIPLA (Centro de Internamiento Preventivo La Acogida).

Imputabilidad, inimputabilidad

En el sistema penal colombiano, un menor de edad se considera inimputable a pesar de incurrir en una conducta punible. Sin embargo, el enfoque ha ido cambiando a lo largo de los años. La jurisprudencia ha pasado de concebir la completa inimputabilidad de un menor que cometa delitos, a sacarlos del sistema penal ordinario y juzgarlos bajo una jurisdicción especial. Desde el Código Penal del 2000, investigar y decidir las acciones a seguir con los adolescentes de 14 a 18 años que han realizado algún delito como el homicidio, es tarea del Sistema de Responsabilidad Penal Para Adolescentes.

Las medidas privativas de la libertad se contemplan en las sanciones del sistema de responsabilidad en casos en los que un menor de 14 a 18 años sea hallado culpable de homicidio doloso, extorsión en todas sus formas y delitos agravados. “En estos casos, la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá una duración desde dos (2) hasta ocho (8) años, con el cumplimiento del tiempo de sanción impuesta por el juez, sin lugar a beneficios para redimir penas”, señala el ICBF.

De acuerdo con el abogado penalista Rafael Quintero, explica que en estos casos prevalece un enfoque pedagógico más que punitivo, en el que los derechos priman al juzgar a los menores involucrados en hechos punibles. Inicialmente, es el ICBF, la Defensoría del Pueblo y el Defensor de Familia quienes se encargan conjuntamente en el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD), que es el conjunto de actuaciones administrativas y/o judiciales que deben desarrollarse para la restauración de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes cuyos derechos de alguna manera se vean afectados.

Este proceso especial incluye las acciones, competencias y procedimientos necesarios para que las autoridades administrativas realicen las acciones tendientes al restablecimiento del ejercicio pleno y efectivo de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, de acuerdo con las características y necesidades particulares de cada caso.

Esto teniendo en cuenta que, “los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que este determine. Sirve para garantizar que se respeten los derechos de los adolescentes y permite que ellos se hagan responsables de las acciones que realizaron corrigiendo sus errores con las personas a quienes hicieron daño. Las decisiones que se toman con el adolescente buscan su educación, su formación, así como el cambio en su manera de pensar, sentir y actuar. El tiempo que estará en el centro especializado es hasta que cumpla la mayoría de edad”, analizó el abogado para El Espectador.

Por otro lado, al juzgar con otra perspectiva el delito cometido por el menor, es clave analizar el contexto y lo que pueda arrojar la investigación sobre las posibles causales que llevaron al adolescente a cometer el doble crimen. “Al victimario también se le debe prestar acompañamiento psicosocial, no solo culpabilizar. En estos casos en los que un menor es presunto agresor, se suele evidenciar que también son víctimas o están expuestos a algún grado de violencia, su actuar es una forma de extrapolar eso que sucede en sus entornos familiares. El hecho de que sea menor y haya sucedido en un entorno que debe ser seguro, prende las alarmas”, señaló Mario Manuel León, investigador en temas de derechos humanos.

Aumentó la violencia en hogares bogotanos

El panorama de violencia intrafamiliar es preocupante desde todas las perspectivas en Bogotá. De enero a junio de 2024 se reportaron 28.030 casos de violencia intrafamiliar, lo que indica que este año se reportaron 14.721 más que el mismo periodo de 2023. Del total de los reportes, 19.817 víctimas fueron mujeres y 6.315 menores entre la infancia y adolescencia

Un dato que llama la atención es el aumento de más de 1.000 % en los casos en los que se desconoce la localización de los hechos reportados, según muestra la plataforma de datos abiertos que recopila SIEDCO. Además, los casos cuyas víctimas son niños y niñas, se triplicaron al pasar de 1.304 a 3.904.

Los llamados desde el Concejo de Bogotá y la ciudadanía no se han hecho esperar. Aunque se espera que las medidas y campañas del Distrito aporten a reducir el “estrés” que se vive en los hogares bogotanos y que se termina expresando en el alto índice de riñas y casos de violencias, los cambios son complejos y estructurales.

Ante la problemática surgen nuevos espacios como el que citó el concejal Julián Sastoque, quien hará un debate de control político a la Secretaría de la Mujer y otras entidades para que expliquen las medidas de la Administración Galán para hacer frente los delitos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, así como en la atención de las mujeres víctimas.

En recientes debates de control a las Comisarías de Familia, que se encuentran en una transición de la secretaría de Integración Social a la de Seguridad, el concejal Juan Daniel Oviedo hizo el llamado: “creemos que la articulación planteada es necesaria, pero que el enfoque restaurativo debe primar, por consiguiente, ese debe estar en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, porque tenemos una pandemia de violencia intrafamiliar en Bogotá”, manifestó el concejal Oviedo.

El Distrito se comprometió a fortalecer las comisarías y reconoce los retos sociales que tiene la ciudad en términos de convivencia: “vamos a comenzar con una progresividad en la cual tendríamos para el año 2027, un total de 67 comisarías de familiar, 30 más que se suman a las 37 que en la actualidad tenemos”, precisó el secretario de Integración Social.

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