Dos URI más no cubren el déficit de Bogotá

La alcaldesa Claudia López anunció la contratación de los estudios y diseños para dos nuevas Unidades de Reacción Inmediata (URI) en Bogotá, donde las autoridades atenderán denuncias de cualquier delito y los ciudadanos podrán recibir atención las 24 horas. Estos centros quedarían en Suba y Tunjuelito, con los que, de construirse, cumpliría su promesa de dejarle tres nuevas URI a la ciudad.

La alcaldesa Claudia López anunció la contratación de los estudios y diseños para dos nuevas Unidades de Reacción Inmediata (URI) en Bogotá, donde las autoridades atenderán denuncias de cualquier delito y los ciudadanos podrán recibir atención las 24 horas. Estos centros quedarían en Suba y Tunjuelito, con los que, de construirse, cumpliría su promesa de dejarle tres nuevas URI a la ciudad.

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El primero ya está funcionando en Campo Verde (Bosa), el cual costó $ 74.000 millones y, al 30 de julio había atendido 1.500 casos de violencia intrafamiliar y 300 de delitos sexuales, según informó la Secretaría de Seguridad. La unidad también cuenta con fiscales, para la investigación de delitos, y jueces de control de garantías, para legalizar capturas. Asimismo, es la más grande del país. Y para el Distrito, es ejemplo para las otras URI en camino.

¿Entre más URI más seguridad?

Alberto Sánchez, investigador y experto en seguridad, menciona que las URI son una herramienta en cualquier tipo de despliegue, ya sea de seguridad o de justicia, y mientas exista infraestructura se pueden hacer más cosas, pero esto no garantiza mejores estadísticas. “Las URI son la herramienta principal de la gestión de justicia y ahí hay muchos problemas para garantizar, no solo que el ciudadano pueda poner una denuncia o empezar un proceso formal, sino de cómo se desarrollan”, agregó.

Para el experto, su construcción “no impactará necesariamente en la gestión de justicia, porque todos esos aspectos que deben acompañar la infraestructura, como más fiscales, mejores funcionarios, sistematización y agilidad en los procesos de investigación, no los garantiza una obra. Algo similar pasa con las estaciones de policía y con el resto de infraestructura”. Eso sí, recalca la importancia de la calidad de las infraestructuras, teniendo en cuenta que, a la fecha, la Personería ha denunciado que existe un hacinamiento del 154%.

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“El hacinamiento vuelve la situación compleja para los privados de la libertad y para los uniformados, pero al igual que con la justicia, la infraestructura y la seguridad son una herramienta. Entonces, si no se tiene el número adecuado de uniformados o las estrategias de seguridad pública bien afinadas, la obra no garantiza nada”, señaló.

¿Por qué tener más URI?

Para Luis Echavarría, también experto en seguridad, la implementación de más URI impacta positivamente las labores de la Policía, sobre todo para la contención del delito en casos urgentes. “Para las dimensiones de la problemática en Bogotá, la construcción de dos nuevas URI, incluso, sigue siendo poco para lo que se necesita”, dice

Sin embargo, para él es importante que vaya de la mano con toda la estrategia integral y la dotación, porque “hemos visto situaciones donde se implementan proyectos, pero no se planean de forma transversal, entonces terminan en elefantes blancos”. Finalmente, Echavarría cree que esta inversión había que hacerla, “como hay que hacer otras en seguridad y fuerza pública. Veo con buenos ojos el anuncio”.

Para María Stella Barraquer, experta en seguridad, la situación de las URI era una deuda histórica y su ampliación “es algo necesario para tener un sistema de justicia efectivo”. Agrega que este aporte es positivo, no obstante se queda corto para cumplir los retos que plantea la seguridad y la justicia en la capital. Y no es “para nada satisfactorio, en relación con lo que tendría que haber hecho la alcaldesa”.

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Para Barraquer, además de la deuda en temas de infraestructura y con el número de policías que se requerirían en Bogotá, también “hay que recordar que una de las dificultades, justamente para la ampliación de las URI, ha sido que la Fiscalía nunca ha podido comprometerse con el personal judicial que se necesita, ni los fiscales que se requieren”.

Asimismo, “cuando se pone a funcionar una nueva URI hay que tener también personas de la Defensoría y hay que tener supuestamente la ampliación de servicios de Medicina Legal. Creo que se necesitan, como mínimo una por cada localidad”.

La experta recalca que bajo el sistema de justicia que tiene la ciudad, no solo se debe invertir en URI sino en un equipo interinstitucional para cubrir toda la red de URI.

“Con los niveles de impunidad que tenemos y con la no efectividad en la justicia, la implementación de nuevas URI debe ir de la mano con el fortalecimiento de la Policía, en talento humano, en procedimientos y en infraestructura, a la par que se va fortaleciendo el sistema de justicia”, mencionó.

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Y lo señala, porque considera que no hay conectividad entre las distintas autoridades para poder operar todas las URI que se necesitan, sin contar con el hacinamiento. “Debería empezarse a ver los problemas graves que hay actualmente, como la atención inadecuada de las personas que se están judicializando o que están, preventivamente retenidas en las estaciones de Policía. Todos esos procesos se están llevando a cabo con grandes deficiencias”.

Cabe recordar que en Bogotá hay 2.762 imputados y 311 condenados detenidos en URI y estaciones de Policía. Estas cifras reflejan finalmente la urgencia de fortalecer los procesos de justicia al interior de las URI y la implementación de más infraestructura, para resolver el hacinamiento. Pero, también queda claro que, para que este esfuerzo sea efectivo, es necesario un trabajo interinstitucional, que lleve a cumplir el objetivo principal: reforzar la seguridad y la justicia en la ciudad.

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