Dudas rodean detención de universitario
Mientras las autoridades buscan esclarecer la seguidilla de atentados ocurridos en Bogotá –30 desde 2015–, la ciudadanía ha cuestionado algunos de sus resultados. El caso del estudiante Mateo Gutiérrez León despertó una nueva polémica.
Juan David Moreno Barreto/ Alexánder Marín Correa
Tras la zozobra que causó la explosión en el barrio La Macarena el pasado 18 de febrero –que dejó un policía muerto y 27 personas heridas–, la ciudadanía sigue pidiendo resultados concretos en las investigaciones. Sobre todo, si se tiene en cuenta que van 30 atentados en Bogotá desde 2015, según lo reveló el general Alberto José Mejía, comandante del Ejército. Los últimos avances en las pesquisas, no obstante, han generado controversia.
(LEA: Eln se atriubye atentado en La Macarena)
Prueba de ello es el choque que ha generado la captura de Mateo Gutiérrez León, estudiante de sociología de la Universidad Nacional, quien fue detenido el pasado 21 de febrero en el norte de la ciudad, señalado de participar en dos explosiones que se registraron el 18 de septiembre de 2015. Mientras las autoridades dicen tener evidencias en su contra, familiares y amigos del procesado califican la detención como un “falso positivo judicial”.
La versión que tienen las autoridades señala que Gutiérrez León, de 20 años, llegó el 18 de septiembre de 2015 hasta un apartamento ubicado en la carrera décima con 18, en compañía de otras dos personas. Allí, al parecer, amordazaron a un menor de edad, lo despojaron de su celular y le dijeron que iban a poner dos petardos panfletarios.
La Fiscalía agregó que este hecho estaba relacionado con otra explosión, ocurrida ese mismo día, en la carrera 16 con calle 76. En esos lugares aparecieron panfletos del denominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), al que supuestamente pertenece el joven, a quien le imputaron los delitos de terrorismo, porte ilegal de armas, hurto y concierto para delinquir.
En la audiencia, el ente acusador reveló que durante la Marcha por la Paz, celebrada en octubre de 2016, se vio a Gutiérrez León repartiendo volantes, supuestamente del MRP. Ese día le tomaron fotografías y le empezaron a hacer seguimiento.
La defensa de Gutiérrez, sin embargo, asegura que hay una serie de inconsistencias en la información presentada por la Fiscalía en la imputación El abogado Eduardo Matías señala que el menor que fue víctima del hecho, presuntamente identificó a su cliente en unas fotografías dos días antes de que lo capturaran, pero considera que la descripción no corresponde con los rasgos del detenido.
“El testigo lo reconoce un año después y lo señala de ser el autor del hecho. Pero primero dijo que se trataba de un hombre moreno, de cabello rubio, con cola de caballo y de 1,70 m. A pesar de que esa es la estatura de Mateo, él es blanco, de pelo negro y no tiene cola de caballo”, dijo el jurista, quien agregó que en el hecho ocurrido en el centro de Bogotá los vidrios aparecieron rotos, pero “no se sabe si eso fue producto de la explosión o, como dijo la víctima, de que los policías los rompieron para poder ingresar al inmueble”.
Por su parte, la familia del universitario asegura que él es inocente y que la orden del juez de dictarle medida de aseguramiento está basada en “presunciones muy endebles”, lo cual –según afirman– convierte al universitario en un “falso positivo judicial”. “Para nosotros es completamente arbitrario, porque la decisión del juez estuvo presionada por las circunstancias del momento”, dijo Ómar Gutiérrez, padre del estudiante, haciendo referencia a la necesidad de las autoridades de mostrar resultados tras la explosión que ocurrió en el barrio La Macarena.
Revive polémica
El caso de Gutiérrez León revive la polémica que se generó en julio de 2015 tras la captura de dos contratistas del Distrito y once estudiantes de la Universidad Nacional, a quienes en su momento señalaron de ser responsables de activar dos petardos en sendas sedes del Fondo de Pensiones Porvenir. Luego se conoció que, si bien todos estaban vinculados a una investigación, esta tenía relación con una protesta estudiantil que ocurrió el 20 de mayo de ese año (en la que resultaron heridos nueve policías) y nada que ver con los atentados que les endilgaron públicamente.
En ese entonces, la Policía dio a conocer videos, interceptaciones telefónicas y otras evidencias con las que responsabilizaban a los capturados con el ingreso a la Universidad Nacional de las papas explosivas que se usaron durante la protesta estudiantil. Entre las pruebas incluyeron un video en el que aparece un carro en el que transportaron los explosivos. Ese día las autoridades incautaron al menos 810 artefactos de bajo poder explosivo.
También se revelaron varias interceptaciones telefónicas, entre el supuesto líder de una célula del Eln en Bogotá y otro de sus miembros, en la que hablan, al parecer, de un fallido ataque el 29 de julio del 2014 en la calle 80 con carrera 119. También, otra en la que supuestamente convocaban a reuniones para coordinar la elaboración de artefactos explosivos. En el expediente hay registro sobre la compra de químicos y otros elementos que habrían sido usados para fabricar las bombas y que eran adquiridos en pequeñas cantidades para “no despertar sospechas”.
Inicialmente las 13 personas fueron cobijadas con medida de aseguramiento, pero el juez de segunda instancia decidió revocar esa decisión, porque la Fiscalía dejó vencer términos para acusarlos de manera formal, explicó la abogada Gloria Silva, quien defiende a dos de los procesadas. Por ahora, aunque todos están libres, siguen vinculados al proceso.
Estamos trabajando
Frente a las capturas y a la polémica que han generado, el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, indicó que eso es asunto exclusivo de la Fiscalía. Explicó que la ciudad no puede negar una realidad y es la seguidilla de atentados. “Son casi 30 casos desde 2015. Sin embargo, sé que la investigación de las autoridades tiene dos líneas claras: la de las bombas panfletarias del MRP y los ataques contra la Policía y la infraestructura eléctrica, que apuntan al Eln. Establecer si ambas organizaciones tienen un nexo es tarea de los organismos de inteligencia, que trabajan para establecer quién está detrás de estas acciones”.
Sobre la amenaza que representa el autodenominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), al que supuestamente pertenecen los capturados, Mejía recordó que en varias explosiones han aparecido volantes firmados por esa organización y es algo a lo que se le debe prestar atención. “Sabemos que han sido explosiones contra temas puntuales como la reforma a la salud, la reforma tributaria y el sistema financiero”.
En cuanto a la seguridad de la ciudad, destacó que las cifras objetivas de criminalidad (homicidios, hurtos, lesiones, etc.), así como la percepción de seguridad, vienen mejorando. “Otra cosa son los atentados del Eln, que buscan presionar al Gobierno para obligar un cese al fuego bilateral. Eso está afectando a Bogotá”, indicó Mejía, quien agregó que las autoridades distritales trabajan de la mano con el Ministerio de Defensa. “Activamos el comité antiterrorismo para hacerle frente a estas amenazas sobre Bogotá. Estamos atentos para que esta situación no se repita. Sin embargo, ya la gente sabe cómo actúa el terrorismo”.
El efecto del temor se evidencia en el aumento de llamadas para denunciar paquetes sospechosos. Entre lunes y miércoles, justo después de la explosión en La Macarena, se reportaron 30 llamadas diarias que atendieron los expertos antiexplosivos. “Eso es lo que esperamos de la gente, que denuncie cualquier actividad sospechosa. Sabemos que puede generar desgaste, así sea falsa alarma, pero lo mejor es denunciar”.
Tras la zozobra que causó la explosión en el barrio La Macarena el pasado 18 de febrero –que dejó un policía muerto y 27 personas heridas–, la ciudadanía sigue pidiendo resultados concretos en las investigaciones. Sobre todo, si se tiene en cuenta que van 30 atentados en Bogotá desde 2015, según lo reveló el general Alberto José Mejía, comandante del Ejército. Los últimos avances en las pesquisas, no obstante, han generado controversia.
(LEA: Eln se atriubye atentado en La Macarena)
Prueba de ello es el choque que ha generado la captura de Mateo Gutiérrez León, estudiante de sociología de la Universidad Nacional, quien fue detenido el pasado 21 de febrero en el norte de la ciudad, señalado de participar en dos explosiones que se registraron el 18 de septiembre de 2015. Mientras las autoridades dicen tener evidencias en su contra, familiares y amigos del procesado califican la detención como un “falso positivo judicial”.
La versión que tienen las autoridades señala que Gutiérrez León, de 20 años, llegó el 18 de septiembre de 2015 hasta un apartamento ubicado en la carrera décima con 18, en compañía de otras dos personas. Allí, al parecer, amordazaron a un menor de edad, lo despojaron de su celular y le dijeron que iban a poner dos petardos panfletarios.
La Fiscalía agregó que este hecho estaba relacionado con otra explosión, ocurrida ese mismo día, en la carrera 16 con calle 76. En esos lugares aparecieron panfletos del denominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), al que supuestamente pertenece el joven, a quien le imputaron los delitos de terrorismo, porte ilegal de armas, hurto y concierto para delinquir.
En la audiencia, el ente acusador reveló que durante la Marcha por la Paz, celebrada en octubre de 2016, se vio a Gutiérrez León repartiendo volantes, supuestamente del MRP. Ese día le tomaron fotografías y le empezaron a hacer seguimiento.
La defensa de Gutiérrez, sin embargo, asegura que hay una serie de inconsistencias en la información presentada por la Fiscalía en la imputación El abogado Eduardo Matías señala que el menor que fue víctima del hecho, presuntamente identificó a su cliente en unas fotografías dos días antes de que lo capturaran, pero considera que la descripción no corresponde con los rasgos del detenido.
“El testigo lo reconoce un año después y lo señala de ser el autor del hecho. Pero primero dijo que se trataba de un hombre moreno, de cabello rubio, con cola de caballo y de 1,70 m. A pesar de que esa es la estatura de Mateo, él es blanco, de pelo negro y no tiene cola de caballo”, dijo el jurista, quien agregó que en el hecho ocurrido en el centro de Bogotá los vidrios aparecieron rotos, pero “no se sabe si eso fue producto de la explosión o, como dijo la víctima, de que los policías los rompieron para poder ingresar al inmueble”.
Por su parte, la familia del universitario asegura que él es inocente y que la orden del juez de dictarle medida de aseguramiento está basada en “presunciones muy endebles”, lo cual –según afirman– convierte al universitario en un “falso positivo judicial”. “Para nosotros es completamente arbitrario, porque la decisión del juez estuvo presionada por las circunstancias del momento”, dijo Ómar Gutiérrez, padre del estudiante, haciendo referencia a la necesidad de las autoridades de mostrar resultados tras la explosión que ocurrió en el barrio La Macarena.
Revive polémica
El caso de Gutiérrez León revive la polémica que se generó en julio de 2015 tras la captura de dos contratistas del Distrito y once estudiantes de la Universidad Nacional, a quienes en su momento señalaron de ser responsables de activar dos petardos en sendas sedes del Fondo de Pensiones Porvenir. Luego se conoció que, si bien todos estaban vinculados a una investigación, esta tenía relación con una protesta estudiantil que ocurrió el 20 de mayo de ese año (en la que resultaron heridos nueve policías) y nada que ver con los atentados que les endilgaron públicamente.
En ese entonces, la Policía dio a conocer videos, interceptaciones telefónicas y otras evidencias con las que responsabilizaban a los capturados con el ingreso a la Universidad Nacional de las papas explosivas que se usaron durante la protesta estudiantil. Entre las pruebas incluyeron un video en el que aparece un carro en el que transportaron los explosivos. Ese día las autoridades incautaron al menos 810 artefactos de bajo poder explosivo.
También se revelaron varias interceptaciones telefónicas, entre el supuesto líder de una célula del Eln en Bogotá y otro de sus miembros, en la que hablan, al parecer, de un fallido ataque el 29 de julio del 2014 en la calle 80 con carrera 119. También, otra en la que supuestamente convocaban a reuniones para coordinar la elaboración de artefactos explosivos. En el expediente hay registro sobre la compra de químicos y otros elementos que habrían sido usados para fabricar las bombas y que eran adquiridos en pequeñas cantidades para “no despertar sospechas”.
Inicialmente las 13 personas fueron cobijadas con medida de aseguramiento, pero el juez de segunda instancia decidió revocar esa decisión, porque la Fiscalía dejó vencer términos para acusarlos de manera formal, explicó la abogada Gloria Silva, quien defiende a dos de los procesadas. Por ahora, aunque todos están libres, siguen vinculados al proceso.
Estamos trabajando
Frente a las capturas y a la polémica que han generado, el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, indicó que eso es asunto exclusivo de la Fiscalía. Explicó que la ciudad no puede negar una realidad y es la seguidilla de atentados. “Son casi 30 casos desde 2015. Sin embargo, sé que la investigación de las autoridades tiene dos líneas claras: la de las bombas panfletarias del MRP y los ataques contra la Policía y la infraestructura eléctrica, que apuntan al Eln. Establecer si ambas organizaciones tienen un nexo es tarea de los organismos de inteligencia, que trabajan para establecer quién está detrás de estas acciones”.
Sobre la amenaza que representa el autodenominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), al que supuestamente pertenecen los capturados, Mejía recordó que en varias explosiones han aparecido volantes firmados por esa organización y es algo a lo que se le debe prestar atención. “Sabemos que han sido explosiones contra temas puntuales como la reforma a la salud, la reforma tributaria y el sistema financiero”.
En cuanto a la seguridad de la ciudad, destacó que las cifras objetivas de criminalidad (homicidios, hurtos, lesiones, etc.), así como la percepción de seguridad, vienen mejorando. “Otra cosa son los atentados del Eln, que buscan presionar al Gobierno para obligar un cese al fuego bilateral. Eso está afectando a Bogotá”, indicó Mejía, quien agregó que las autoridades distritales trabajan de la mano con el Ministerio de Defensa. “Activamos el comité antiterrorismo para hacerle frente a estas amenazas sobre Bogotá. Estamos atentos para que esta situación no se repita. Sin embargo, ya la gente sabe cómo actúa el terrorismo”.
El efecto del temor se evidencia en el aumento de llamadas para denunciar paquetes sospechosos. Entre lunes y miércoles, justo después de la explosión en La Macarena, se reportaron 30 llamadas diarias que atendieron los expertos antiexplosivos. “Eso es lo que esperamos de la gente, que denuncie cualquier actividad sospechosa. Sabemos que puede generar desgaste, así sea falsa alarma, pero lo mejor es denunciar”.