Una de las últimas decisiones que tomó Adriana Córdoba como secretaria de Planeación de Bogotá fue derogar dos resoluciones que dejaron sin efectos dos resoluciones con las que se cambió el mapa de riesgo alrededor del río Bogotá. Eso ocurrió en diciembre, antes de que la exfuncionaria diera un paso al costado para dedicarse a asuntos familiares. Sin embargo, la discusión alrededor de esa decisión permanecerá por un buen tiempo, dado que son muchas las consecuencias que al parecer traería la derogación de las normas.
Para analizar el tema, el Concejo de Bogotá llevó a cabo un debate de control político citado por la bancada de Bogotá para la Gente, conformada por los cabildantes Carlos Fernando Galán, Marisol Gómez y Juan Javier Baena. La discusión la llevó a cabo, de forma virtual, la comisión del Plan de Desarrollo y las conclusiones son que hay una evidente preocupación por la decisión, ya que incide en grandes proyectos como el nuevo Comando de la Policía, el Centro Integral de Justicia, el Hospital de Bosa, planes de vivienda y la construcción del patio-taller del metro de Bogotá, una obra para la que desde finales de 2020 se están moviendo las primeras piedras.
El debate lo inició la bancada citante con la intervención de Galán, quien cuestionó el sustento de la expedición de la resolución que tumbó las normas previas. De acuerdo con el concejal, la justificación técnica fue un “documento express” que, además, lo construyeron un grupo de contratistas. También criticó una posible extralimitación de la cartera de planeación, pues recordó que la exsecretaria defendió el cambio debido a que la ley lo permite si se soporta con estudios de detalle. No obstante, para el cabildante los soportes técnicos fueron muy cuestionables.
Para Marisol Gómez es grave que se cambien las zonas de riesgo, sobre todo durante los dos últimos años. Para sustentarlo, presentó un comparativo de los últimos cuatro mapas de riesgo de inundación que ha tenido Bogotá, en los que evidenció que entre 2013 y 2017 había varias zonas en riesgo, pero la amenaza empezó a desaparecen a partir de 2018.
Su copartidario Juan Baena también manifestó varias preocupaciones sobre el cambio. Lo primero que cuestionó fue que no se socializó lo suficiente con los interesados en la norma. También afirmó que la argumentación de Planeación se basa en hacer reparos a los informes que amparaban las resoluciones derogadas, realizados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y el Instituto de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger). No obstante, dijo el concejal, en los argumentos no se allegaron nuevos estudios relevantes para justificar la derogación.
“Con esta nueva normativa estarían en riesgo la construcción de 68 mil unidades de vivienda, implicando 122 mil empleos directos y 136 mil empleos indirectos afectados en la ciudad en plena pandemia, sumado a los problemas de recuperación económica”, señaló Baena.
El cabildante agregó en su intervención que el cambio incidiría no solo en grandes proyectos sino en otras 17 obras del IDU, 14 iniciativas de la Secretaría de Seguridad, cinco planes de la Secretaría de Salud y otros tres de la Secretaría de Educación. “Mi propuesta es que nos dediquemos con seriedad a planificar el futuro de la ciudad en lugar de echar para atrás cada cuatro años con el cambio de administración”.
Incluso desde la bancada de gobierno, a través del concejal Diego Laserna (Alianza Verde) se hicieron cuestionamientos a la decisión. El concejal planteó algunas posibles soluciones a esta discusión, sobre todo teniendo en cuenta que este año se pondrá a consideración del Concejo el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. ”¿Cuáles son los pasos a seguir para arreglar esta situación de cara al POT? ¿Por qué no se deja un artículo o parágrafo transitorio?”, preguntó Laserna, quien le pidió a la Secretaría de Planeación una mayor coordinación en este tipo de decisiones.
La concejal Susana Muhamad (Colombia Humana) también presentó reparos relacionados con la discusión del POT. ”Estamos a pocas semanas que se lleve a cabo la concertación con la CAR, es necesario aclarar ese tema porque quiero saber dónde queda el compromiso ambiental de esta administración”, aseguró.
Unos últimos cuestionamientos los realizó el cabildante Fabian Puentes (Partido MIRA), quien solicitó aclarar cuál es el estado del proceso de adecuación hídrica del Rio Bogotá. Asimismo, pidió ponerle plazos a la presentación de los estudios de amenaza y riesgo de la ciudad ante la CAR e incluir la caracterización de las amenazas y riesgos preexistentes en el territorio.
El concejal Carlos Carrillo (Polo Democrático), aunque no pertenece a la comisión también ha hecho serios reparos al cambio de planes. Para el cabildante, el tema más grave es lo relacionado con el patio-taller del metro, pues es una obra que debe empezar en forma este año. “Parece que no se han dado cuenta que el Metro Elevado está fríamente calculado para fracasar, no sólo como sistema digno de transporte, sino por su viabilidad de construcción. El criterio ambiental muestra baja favorabilidad fundamentalmente por presencia de áreas de protección relacionadas con la zona de manejo y preservación ambiental del río Bogotá”, concluyó.