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Tras ocho años de ser el símbolo de los elefantes blancos en Bogotá, finalmente terminarán el edificio de la nueva sede de la Policía Metropolitana de Bogotá. La administración adjudicó el contrato para la construcción, que esperan terminar en 2020 y que tendrá 32.000 metros cuadrados para albergar a casi 4.000 uniformados. Una vez lo terminen, dice el Distrito, será el corazón del manejo de la seguridad en la capital.
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La estructura, que debía estar lista desde 2012 y que inicialmente se presupuestó en $40.000 millones, ahora costará alrededor de $127.000 millones. Luego de un proceso licitatorio, en el que mostraron interés casi 150 empresa, la obra la ganó el Consorcio de Seguridad Urbana Distrito Capital, integrado por Edificadora Uribe S. A. S., Constructora Amco LTDA, Constructora Conacero S.A.S., AMR Construcciones S.A.S.
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Cuando esté listo el nuevo edificio, allí quedarán las áreas de mando y administrativas del Comando, Subcomando, Comando Operativo de Seguridad Ciudadana, Administración y espacios de apoyo, bienestar y servicios complementarios, alojamientos, recintos para seguridad del complejo, salas de poligrafía, áreas de talleres, cuartos técnicos y seccional de Investigación Criminal.
“Esta obra estaba abandonada. No se había hecho nada. Era uno de esos símbolos que hacen que los ciudadanos no crean en el Estado. Ahora, estamos seguros de que con el nuevo edificio se podrá mostrar la importancia que tiene la Policía en nuestra ciudad”, expresó el alcalde Enrique Peñalosa.
Por su parte, Jairo García, Secretario de Seguridad, explicó que en las nuevas instalaciones habrá laboratorios, una sala para monitorear la seguridad de la ciudad. “Contará con todos los componentes necesarios para garantizar un servicio de alta calidad en nuestra Policía”.
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Historia del elefante blanco
La historia detrás de este “elefante blanco” de Bogotá comenzó en la administración de Samuel Moreno, cuando se comprometió a entregarle una nueva sede a la Policía Metropolitana de Bogotá. A finales de 2010 le adjudicó un contrato por $44.000 millones a la firma Castell Camel S.A.S. Su misión era tener para mediados de 2012 un moderno edificio, ubicado en la carrera 56 con calle 22, en el barrio Salitre Sur.Los diseños indican que sería una construcción de 20 metros de ancho por 128 de largo, 39.000 m2 de área construida, seis pisos y un sótano. Sin embargo, desde la adjudicación, el contrato tuvo problemas. Tras la adjudicación, el Distrito le entregó al constructor un anticipó del 50 %. La obra comenzó el 28 de diciembre de 2010 y a pesar de las alertas del interventor, la administración autorizó al constructor a subcontratar trabajos que requerían personal, maquinaria, equipos y actividades especializadas. Pasados unos meses, los subcontratistas empezaron a reclamar incumplimientos en los pagos de la constructora.
El archivo de la obra enumera las advertencias que en su momento hicieron los interventores y que no auguraba un buen final para este proyecto. Por ejemplo: el interventor no recibió parte de las obras por problemas de calidad; encontró trabajos inconclusos; otras que no estaban previstas ni autorizadas, y unas que ni se hicieron, pero las cobraron.
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Con la llegada de Gustavo Petro, sus funcionaron denunciaron penalmente varias irregularidades, luego de hallar deficiencias en los estudios y en los diseños, que derivaron en problemas estructurales. Más allá de eso, el panorama no cambió. En su mandato, el contrato estuvo un tiempo entre prórrogas y suspensiones. Lo más paradójico es que el constructor recibió casi todo el dinero del contrato. Mientras estuvieron como alcaldes Samuel Moreno y Clara López, le hicieron 13 desembolsos que sumaron casi $29.000 millones. En la de Petro le hicieron nueve, que sumaron $3.800 millones.
Aunque se intentó enderezar el camino, luego de 50 prórrogas y adiciones, finalmente la obra fue suspendida a finales de 2014. Desde entonces, lo que quedó fue el esqueleto con unas placas de concretos inestables, que se convirieron en el símbolo de la ineficiencia y, al parecer, por la corrupción.
Finalmente, durante la actual administración de Enrique Peñalosa, se contrató un estudio para que un equipo estudiara las condiciones de lo que se había alcanzado a edificar y determinara si se debía demoler la estructura o si se podía reforzar. Los ingenieros revisaron las placas de concreto de los entrepisos, donde se presentaron hundimientos, así como los muros, los cimientos y las columnas. Aunque indicaron que, en general, cumplían las condiciones mínimas de seguridad, descubrieron zonas mal construida.
Encontraron, por ejemplo, sobrecargas en algunas columnas; muros que se construyeron sin tener en cuenta los planos y sin el refuerzo suficiente; una estructura metálica diferente a la indicada en los diseños, y elementos como antepechos, muros divisorios y muros de fachada en condición riesgosa. La conclusión final fue que había elementos estructurales que incumplían las normas de construcción y de sismorresistencia. A pesar de este diagnóstico, la recomendación fue hacer un reforzamiento estructural para corregir los problemas.
Por todo esto, el año pasado la Fiscalía abrió un proceso contra Mauricio Fernando Solano Sánchez, exgerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por omisión y peculado por apropiación. Tras la indagación que adelantó un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Bogotá, se encontraron elementos que apuntan a que en la adjudicación del contrato y en la ejecución de la obra posiblemente se cometieron varios delitos.
Como en muchos casos, en este también las alertas se encendieron a tiempo, pero nadie actuó con celeridad. Tuvo que pasar toda la alcaldía de Gustavo Petro y tres años de la actual adminsitración para tener una solucón. Hoy el Distrito finalmente se alista para seguir con la obra que, al final, terminará constando alrededor de $160.000 millones.
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