“El 70% de los mataderos legales están en riesgo de cierre”: Gobernación de Cundinamarca

Los mataderos clandestinos en Cundinamarca han aumentado debido al cierre de mataderos autorizados, por falta del cumplimiento total de las normas expedidas por el Estado, en términos sanitarios, ambientales y estructurales como lo indica la última norma expedida en 2016; y es que según Érika Sabogal, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento, esto no ha sido posible debido a la falta de presupuesto.

“En San Bernardo, por ejemplo,  hay un presupuesto de $7.000 millones anuales, para todo el municipio, y la actualización de su planta, según los parámetros,  puede costar  más de $4.500 millones, lo que corresponde a más del 50% de su presupuesto total. Por ello, la Gobernación está haciendo esfuerzos para poyar a algunas plantas, pero la inversión también debe ser nacional, porque solos no podemos”, explicó Sabogal.

Lea: Por modernización de mataderos, precios de las carnes podrían seguir subiendo

Según ella, el cierre de los mataderos no es una solución sino un problema porque impulsa la creación de mataderos clandestinos en las veredas de los municipios, situación que es muy difícil de controlar por parte de las autoridades, así lo advirtió. Por ello, indica que la solución debe enfocarse a la destinación de más recursos, al acompañamiento adecuado por parte de las autoridades a estos espacios y a que los plazos dados por el Gobierno sean mayores para dar una respuesta adecuada según las posibilidades de cada región.

“Inicialmente, en el departamento de Cundinamarca se contaba con 49 plantas para el sacrificio de animales, pero hoy solo hay 31 funcionando. Ahora tenemos una gran preocupación por estas que están operando, porque el 70% de ellas están en riesgo de ser cerradas, por no contar con el presupuesto para actualizarse según la norma”, agregó.

El fortalecimiento de estas plantas viene en el departamento desde el 2000, y a lo largo de los últimos años le han hecho modificaciones que, según indica Sabogal, demuestran avances que no deben tirarse por la borda al cerrarlos. Pues su cierre, agrega, traen problemas socioeconómicos para el departamento.

“Por ejemplo, hoy por el cierre de la planta de San Bernardo, la carne pasó de costar $7.000 a costar $10.500, o sea que el aumento va entre $800 y $5.000 y eso afecta la economía del consumidor final. A esto se le agrega el del robo del ganado, porque como no existe un control en el sacrificio, el nivel de hurto ha aumentado. Y como si fuera poco, el desempleo comienza jugar un papel muy importante, pues en una planta de autoconsumo puede generar siente empleos directos y hasta 50 indirectos. Así pues, el cierre de los mismo no es la mejor cura”, enfatizó Sabogal.  

Por ello, exigen una pronta respuesta del Estado que permita dar solución a esta problemática, que no solo afectaría a los consumidores, sino también a los ganaderos. “Es preferible que sigan sacrificando en unas condiciones que se han ido cumpliendo y a las cuales se les ha hecho seguimiento, a cerrarlos, pues mientras cumplen con las condiciones para volverlos a abrir, puede pasar un año, dos años y mientras tanto ¿dónde se van a sacrificar?, ¡en potreros! y uno ¿cómo va controlar esos sacrificios en cada vereda? Es muy difícil. El tema es grave y es a nivel nacional”, destacó por último Sabogal.  

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Los mataderos clandestinos en Cundinamarca han aumentado debido al cierre de mataderos autorizados, por falta del cumplimiento total de las normas expedidas por el Estado, en términos sanitarios, ambientales y estructurales como lo indica la última norma expedida en 2016; y es que según Érika Sabogal, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento, esto no ha sido posible debido a la falta de presupuesto.

“En San Bernardo, por ejemplo,  hay un presupuesto de $7.000 millones anuales, para todo el municipio, y la actualización de su planta, según los parámetros,  puede costar  más de $4.500 millones, lo que corresponde a más del 50% de su presupuesto total. Por ello, la Gobernación está haciendo esfuerzos para poyar a algunas plantas, pero la inversión también debe ser nacional, porque solos no podemos”, explicó Sabogal.

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Según ella, el cierre de los mataderos no es una solución sino un problema porque impulsa la creación de mataderos clandestinos en las veredas de los municipios, situación que es muy difícil de controlar por parte de las autoridades, así lo advirtió. Por ello, indica que la solución debe enfocarse a la destinación de más recursos, al acompañamiento adecuado por parte de las autoridades a estos espacios y a que los plazos dados por el Gobierno sean mayores para dar una respuesta adecuada según las posibilidades de cada región.

“Inicialmente, en el departamento de Cundinamarca se contaba con 49 plantas para el sacrificio de animales, pero hoy solo hay 31 funcionando. Ahora tenemos una gran preocupación por estas que están operando, porque el 70% de ellas están en riesgo de ser cerradas, por no contar con el presupuesto para actualizarse según la norma”, agregó.

El fortalecimiento de estas plantas viene en el departamento desde el 2000, y a lo largo de los últimos años le han hecho modificaciones que, según indica Sabogal, demuestran avances que no deben tirarse por la borda al cerrarlos. Pues su cierre, agrega, traen problemas socioeconómicos para el departamento.

“Por ejemplo, hoy por el cierre de la planta de San Bernardo, la carne pasó de costar $7.000 a costar $10.500, o sea que el aumento va entre $800 y $5.000 y eso afecta la economía del consumidor final. A esto se le agrega el del robo del ganado, porque como no existe un control en el sacrificio, el nivel de hurto ha aumentado. Y como si fuera poco, el desempleo comienza jugar un papel muy importante, pues en una planta de autoconsumo puede generar siente empleos directos y hasta 50 indirectos. Así pues, el cierre de los mismo no es la mejor cura”, enfatizó Sabogal.  

Por ello, exigen una pronta respuesta del Estado que permita dar solución a esta problemática, que no solo afectaría a los consumidores, sino también a los ganaderos. “Es preferible que sigan sacrificando en unas condiciones que se han ido cumpliendo y a las cuales se les ha hecho seguimiento, a cerrarlos, pues mientras cumplen con las condiciones para volverlos a abrir, puede pasar un año, dos años y mientras tanto ¿dónde se van a sacrificar?, ¡en potreros! y uno ¿cómo va controlar esos sacrificios en cada vereda? Es muy difícil. El tema es grave y es a nivel nacional”, destacó por último Sabogal.  

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