El ajuste de nómina de Enrique Peñalosa

Gerardo* está seguro de que el próximo 30 de junio se quedará sin trabajo. Ese día termina su contrato porque la Secretaría de Hábitat no se lo renovará como en los últimos siete años. Por eso salió ayer, junto a otros compañeros, a protestar en la Plaza de Bolívar, frente a la Alcaldía. Alzaron carteles y lanzaron arengas para manifestar su desacuerdo con la política de no renovación de contratos de la administración Peñalosa. Se unieron a representantes de otras dependencias, como la Secretaría de Cultura y la Alta Consejería de Víctimas. Ya lo habían hecho los de Educación y Salud. A sus ojos, es una masacre laboral, pero el Gobierno argumenta que es un proceso normal.

Manuel Téllez, directivo de la CUT en Bogotá, explica que hasta ahora la administración Peñalosa no les ha renovado contrato a 3.600 trabajadores que cumplieron con su tiempo de vinculación. El 30 de junio, agrega, serán otros 4.000, que hacen parte de la planta provisional creada por la pasada administración. Entre estas personas hay quienes han desempeñado hasta por una década funciones relacionadas directamente con la misión de las Secretarías, dice Gerardo, y por eso se pregunta por las razones de fondo que tiene el Gobierno para dejarlas por fuera.

Tanto él como el dirigente sindical consideran que esa salida masiva afecta la continuidad y articulación del trabajo en las dependencias afectadas, sobre todo porque esos trabajadores “tienen una memoria institucional” que no debe despreciarse. Por eso es que a Peñalosa le cobran que el año pasado, durante su campaña política, haya puesto a circular un vídeo en el que dice: “Una de tantas calumnias que se han inventado es que llegaremos a acabar entidades y a sacar a miles de personas; a hacer lo que hacen, precisamente, los politiqueros. Nosotros no estamos en eso. Somos respetuosos y tenemos claro que el conocimiento que hay en las miles de personas que trabajan con el Distrito es un tesoro”.

Formalización laboral

En la Administración trabajan alrededor de 71.000 personas, con diferentes tipos de contratos. Los únicos que tienen un puesto asegurado son los de planta permanente (21.600) y los trabajadores oficiales (4.745), que tienen contrato a término indefinido. El resto vive en medio de la incertidumbre: 4.000 de planta provisional y 40.655 contratistas. En ambas modalidades su vinculación tiene un plazo establecido.

Más allá de los contratistas a los que no les renovaron, hoy la polémica se concentra en los empleados de la planta provisional, a quienes se les vence el contrato en 15 días. Nidia Rocío Vargas, directora del Servicio Civil del Distrito, señala que su salida es inevitable. Incluso, agrega que prorrogarles podría configurar un delito. Aunque la situación es cruda, añade, el tema es complejo y difícil de explicar:

“La planta temporal, aunque legal, es una figura sui géneris. Es muy fácil decir que hay una masacre laboral y entendemos el drama humano, pero legalmente no hay alternativas”, y precisa que al ser cargos creados con metas específicas, plazos definidos y que se pagan con recursos de inversión (no de funcionamiento), una vez cumplen su tiempo no es posible mantenerlos bajo la misma figura. “Si extendiéramos esos recursos de inversión para mantenerlos en la nómina del Distrito, estaríamos violando la ley”.

Sin embargo, la puerta no se les cierra del todo. La Administración revisará sus metas del Plan de Desarrollo y cada entidad definirá la planta temporal que necesitará. Con esto claro, las nuevas vacantes se sacarán a concurso. “Los que vienen trabajando con la Administración tendrán ventaja sobre cualquiera que vaya a participar”, agregó la funcionaria.

Ante la cantidad de contratistas y provisionales, la Alcaldía busca alternativas para ampliar la planta permanente en algunos sectores, con el fin de disminuir la contratación por prestación de servicios, “que es la peor modalidad y se duplicó en los últimos años”. Este proceso comenzará en dos entidades: las Secretarías General y de Desarrollo Económico. En la primera, por ejemplo, se crearán al menos 300 vacantes permanentes. “Esa es nuestra apuesta. Revisar en todas las dependencias, para ver en cuáles podremos hacer lo mismo”, agregó Vargas.

“Si realmente quisiéramos despedir gente por su afinidad política, hubiéramos empezado por los contratistas, que son los más fáciles de sacar. Sin embargo, queremos revisar dónde ampliar la planta y ver cuáles de esos contratistas cumplen funciones permanentes para vincularlos de manera formal. Estamos estructurando los concursos y esperamos poder hacerlos en el segundo semestre del año. Llama la atención que la pasada administración, teniendo la posibilidad, no hubiera formalizado muchos de esos puestos y se hubiera quedado con una nómina tan amplia de contratistas”.

A esto se suma la gran cantidad de vacantes en la planta permanente de la Administración, que hoy ocupan personas por encargo. Lo que se pretende es formalizar la mayoría de esos cargos y, el único camino, es el concurso. “Los concursos garantizan que los que lleguen, lo hagan por méritos y no por el favor de alguien. Lo que no podemos hacer es brincarnos el concurso, no se les puede ratificar explícitamente, porque le estaríamos negando la opción de presentarse a otros ciudadanos”.

Téllez, el líder sindical, es consciente de que la vinculación de muchos de ellos debería formalizarse. De ahí que haga énfasis en los procesos en los que vienen trabajando desde 2006: “Ese año logramos acuerdos para que el Distrito realizara estudios de cargas con el fin de ampliar las plantas de trabajadores. Desde entonces han sido vinculados unos 1.500 empleados, gracias a procesos llevados a cabo con la colaboración del Departamento Administrativo del Servicio Civil, pero falta mucho”.

Los sindicatos están de acuerdo con que se realicen concursos que permitan la formalización, pero que privilegien “a quienes tienen esa memoria y experiencia en las dependencias donde han trabajado”, precisa Téllez, quien considera que un cambio sustancial de un proceso de esa índole es que el presupuesto de donde salen los recursos para pagarles a estos trabajadores deje de ser de inversión (pues varía mucho y genera estabilidad) y pase a gastos de funcionamiento, lo que implica que sea fijo.

* Nombre cambiado por solicitud de la fuente.

Gerardo* está seguro de que el próximo 30 de junio se quedará sin trabajo. Ese día termina su contrato porque la Secretaría de Hábitat no se lo renovará como en los últimos siete años. Por eso salió ayer, junto a otros compañeros, a protestar en la Plaza de Bolívar, frente a la Alcaldía. Alzaron carteles y lanzaron arengas para manifestar su desacuerdo con la política de no renovación de contratos de la administración Peñalosa. Se unieron a representantes de otras dependencias, como la Secretaría de Cultura y la Alta Consejería de Víctimas. Ya lo habían hecho los de Educación y Salud. A sus ojos, es una masacre laboral, pero el Gobierno argumenta que es un proceso normal.

Manuel Téllez, directivo de la CUT en Bogotá, explica que hasta ahora la administración Peñalosa no les ha renovado contrato a 3.600 trabajadores que cumplieron con su tiempo de vinculación. El 30 de junio, agrega, serán otros 4.000, que hacen parte de la planta provisional creada por la pasada administración. Entre estas personas hay quienes han desempeñado hasta por una década funciones relacionadas directamente con la misión de las Secretarías, dice Gerardo, y por eso se pregunta por las razones de fondo que tiene el Gobierno para dejarlas por fuera.

Tanto él como el dirigente sindical consideran que esa salida masiva afecta la continuidad y articulación del trabajo en las dependencias afectadas, sobre todo porque esos trabajadores “tienen una memoria institucional” que no debe despreciarse. Por eso es que a Peñalosa le cobran que el año pasado, durante su campaña política, haya puesto a circular un vídeo en el que dice: “Una de tantas calumnias que se han inventado es que llegaremos a acabar entidades y a sacar a miles de personas; a hacer lo que hacen, precisamente, los politiqueros. Nosotros no estamos en eso. Somos respetuosos y tenemos claro que el conocimiento que hay en las miles de personas que trabajan con el Distrito es un tesoro”.

Formalización laboral

En la Administración trabajan alrededor de 71.000 personas, con diferentes tipos de contratos. Los únicos que tienen un puesto asegurado son los de planta permanente (21.600) y los trabajadores oficiales (4.745), que tienen contrato a término indefinido. El resto vive en medio de la incertidumbre: 4.000 de planta provisional y 40.655 contratistas. En ambas modalidades su vinculación tiene un plazo establecido.

Más allá de los contratistas a los que no les renovaron, hoy la polémica se concentra en los empleados de la planta provisional, a quienes se les vence el contrato en 15 días. Nidia Rocío Vargas, directora del Servicio Civil del Distrito, señala que su salida es inevitable. Incluso, agrega que prorrogarles podría configurar un delito. Aunque la situación es cruda, añade, el tema es complejo y difícil de explicar:

“La planta temporal, aunque legal, es una figura sui géneris. Es muy fácil decir que hay una masacre laboral y entendemos el drama humano, pero legalmente no hay alternativas”, y precisa que al ser cargos creados con metas específicas, plazos definidos y que se pagan con recursos de inversión (no de funcionamiento), una vez cumplen su tiempo no es posible mantenerlos bajo la misma figura. “Si extendiéramos esos recursos de inversión para mantenerlos en la nómina del Distrito, estaríamos violando la ley”.

Sin embargo, la puerta no se les cierra del todo. La Administración revisará sus metas del Plan de Desarrollo y cada entidad definirá la planta temporal que necesitará. Con esto claro, las nuevas vacantes se sacarán a concurso. “Los que vienen trabajando con la Administración tendrán ventaja sobre cualquiera que vaya a participar”, agregó la funcionaria.

Ante la cantidad de contratistas y provisionales, la Alcaldía busca alternativas para ampliar la planta permanente en algunos sectores, con el fin de disminuir la contratación por prestación de servicios, “que es la peor modalidad y se duplicó en los últimos años”. Este proceso comenzará en dos entidades: las Secretarías General y de Desarrollo Económico. En la primera, por ejemplo, se crearán al menos 300 vacantes permanentes. “Esa es nuestra apuesta. Revisar en todas las dependencias, para ver en cuáles podremos hacer lo mismo”, agregó Vargas.

“Si realmente quisiéramos despedir gente por su afinidad política, hubiéramos empezado por los contratistas, que son los más fáciles de sacar. Sin embargo, queremos revisar dónde ampliar la planta y ver cuáles de esos contratistas cumplen funciones permanentes para vincularlos de manera formal. Estamos estructurando los concursos y esperamos poder hacerlos en el segundo semestre del año. Llama la atención que la pasada administración, teniendo la posibilidad, no hubiera formalizado muchos de esos puestos y se hubiera quedado con una nómina tan amplia de contratistas”.

A esto se suma la gran cantidad de vacantes en la planta permanente de la Administración, que hoy ocupan personas por encargo. Lo que se pretende es formalizar la mayoría de esos cargos y, el único camino, es el concurso. “Los concursos garantizan que los que lleguen, lo hagan por méritos y no por el favor de alguien. Lo que no podemos hacer es brincarnos el concurso, no se les puede ratificar explícitamente, porque le estaríamos negando la opción de presentarse a otros ciudadanos”.

Téllez, el líder sindical, es consciente de que la vinculación de muchos de ellos debería formalizarse. De ahí que haga énfasis en los procesos en los que vienen trabajando desde 2006: “Ese año logramos acuerdos para que el Distrito realizara estudios de cargas con el fin de ampliar las plantas de trabajadores. Desde entonces han sido vinculados unos 1.500 empleados, gracias a procesos llevados a cabo con la colaboración del Departamento Administrativo del Servicio Civil, pero falta mucho”.

Los sindicatos están de acuerdo con que se realicen concursos que permitan la formalización, pero que privilegien “a quienes tienen esa memoria y experiencia en las dependencias donde han trabajado”, precisa Téllez, quien considera que un cambio sustancial de un proceso de esa índole es que el presupuesto de donde salen los recursos para pagarles a estos trabajadores deje de ser de inversión (pues varía mucho y genera estabilidad) y pase a gastos de funcionamiento, lo que implica que sea fijo.

* Nombre cambiado por solicitud de la fuente.