El alcalde de Bogotá no solo manda cuatro años

Cada alcalde manda en su año, según se dice, y se lo suele evaluar por los logros tangibles que pueda mostrar al final de su mandato (obras, servicios, coberturas…). Sin embargo, la situación de las ciudades depende, básicamente, de procesos amplia duración y de los resultados de la gestión muchos gobiernos sucesivos –como si los alcaldes no solo mandaran en su año–. Hay que mirar, entonces, a cada administración como un eslabón de una cadena prolongada de sucesos, y ver qué aporta, bueno o malo, a su configuración.

Cada alcalde manda en su año, según se dice, y se lo suele evaluar por los logros tangibles que pueda mostrar al final de su mandato (obras, servicios, coberturas…). Sin embargo, la situación de las ciudades depende, básicamente, de procesos amplia duración y de los resultados de la gestión muchos gobiernos sucesivos –como si los alcaldes no solo mandaran en su año–. Hay que mirar, entonces, a cada administración como un eslabón de una cadena prolongada de sucesos, y ver qué aporta, bueno o malo, a su configuración.

Hay dos aspectos de la cadena que es ineludible examinar con ocasión del cambio de gobierno en Bogotá: la conformación de la administración distrital y la planificación y el ordenamiento del territorio.

La reforma de la administración distrital

Desde el gobierno de Jaime Castro se venía hablando de la necesidad de reformar la administración, y en el segundo de Mockus se elaboró un sesudo proyecto al respecto. Garzón logró que el Consejo le aprobara uno basado, en parte, en el de Mockus. Su reforma consistió en agrupar las varias decenas de entidades existentes (que conformaban un organigrama “tipo peineta”) en 12 sectores administrativos, cada uno encabezado por un secretario de Despacho. No se suprimieron entidades, ni se restructuraron a fondo (con alguna excepción) y no se recortó burocracia –por lo demás, habría sido difícil que lo permitiera el Concejo–.

El hecho es que el aparato administrativo del Distrito tiene demasiadas piezas y es bastante más grande (y crece a un ritmo mayor) de lo necesario. Pero no es solo un asunto de tamaño. Diferentes componentes del engranaje actúan como ruedas sueltas.

A los secretarios les queda cuesta arriba coordinar efectivamente sus sectores y es muy complicado articular unidades de varios de estos para propósitos específicos. Muchas tareas misionales descansan en personas vinculadas por órdenes de servicio. Pululan las interferencias clientelistas, la alta rotación de personal, los vacíos de la memoria institucional, la captura por parte de los contratistas.

Varias entidades están sobrecargadas de programas y proyectos de impacto discutible. Los órganos de control aprietan en una dirección que obliga a vincular más y más gente para realizar trámites y elaborar informes irrelevantes. Y algunas unidades e institutos han sufrido procesos de deterioro que los han puesto al borde de no poder cumplir su misión.

Este es, a no dudarlo, el caso del IDU, al que le quedaron grandes las tareas que tiene entre manos. Claudia López puso personas competentes al frente de él e hizo grandes esfuerzos para imponer un ritmo de ejecución adecuado en los múltiples frentes de obra abiertos en la ciudad.

No obstante, el Instituto es paquidérmico y sus funcionarios están más volcados hacia la papelería que hacia la ingeniería –en la lentitud de las obras también inciden, como es obvio, los problemas de otras entidades distritales y de los contratistas–.

Otro ejemplo de institución precaria es la UAESP, responsable de garantizar y supervisar la prestación del servicio de aseo (la recolección de los residuos sólidos y su disposición final en el Relleno Doña Juana). El contrato de concesión del relleno, suscrito en 2010 y problemático desde el principio, ha sufrido 45 modificaciones. Muy al comienzo (terminaba el gobierno de Samuel Moreno) se permitió que dejaran de formar parte del concesionario la firmas brasilera y canadiense que aportaban experiencia técnica y solvencia financiera.

La capacidad de supervisión de la UAESP ha sido desbordada por el contratista, quien presta un mal servicio, a pesar de que logró en 2018 que la CRA le incrementara la tarifa de disposición final en un 100% y la del tratamiento de lixiviados en un 400% –la nueva tarifa cubre las inversiones requeridas para que el tratamiento sea de buena calidad y el concesionario recauda los recursos correspondientes, pero no los invierte–.

Además, consiguió que un tribunal de arbitramento despojara a la UAESP, a través de una medida cautelar de mediados de 2020, de la posibilidad de investigar y sancionar sus incumplimientos. La alcaldesa ha luchado a brazo partido contra esta situación, pero el éxito solo la ha favorecido a medias, a consecuencia de actos y omisiones de administraciones anteriores, de la debilidad de la UAESP y de la coraza jurídica y política que protege al operador de Doña Juana.

Este panorama distrital no se supera a la Milei, a punta de motosierra. Es necesario elaborar un buen proyecto de rediseño institucional y someterlo a procesos de concertación juiciosos con los sectores pertinentes. Seguramente habrá que combinar audacia con gradualismo. Y entender que por su complejidad, la tarea requiere que varios gobiernos se comprometan con ella.

Galán se refirió en su programa a la importancia de la modernización de la administración distrital, y señaló que la lideraría el Sector de Gestión Pública. Al frente de este ha puesto a Liliana Caballero, quien elaboró el proyecto de reforma de Mockus. Buena señal.

La planificación territorial

La planificación y el ordenamiento territorial deben encarar dos fenómenos inconvenientes. En primer término, está el hecho de que Bogotá es monocéntrica: gran parte de la actividad económica e institucional, y de prestación de servicios como la salud y la educación (en particular la superior) se concentra en una franja del oriente de la ciudad –curioso centro, situado en un borde–, que se extiende desde el centro histórico hacia el norte por unos cuantos kilómetros.

En esa franja, que constituye un polo muy robusto de atracción de viajes, se genera una alta proporción de los puestos de trabajo de la ciudad. Entre tanto, la mayor parte de la población vive en lejanas periferias del sur, el sur-occidente y el nor-occidente.

En consecuencia, millones de personas tienen que hacer todos los días viajes muy extensos, a las mismas horas, en las mismas direcciones y a lo largo de las mismas vías, lo que genera una inmensa presión sobre las infraestructuras y sistemas de transporte.

En numerosos planes urbanos y de ordenamiento territorial se ha propuesto encarar la situación mediante enfoques como la creación de “ciudades dentro de la ciudad”, el fortalecimiento de las “centralidades” y la implantación del modelo de la “ciudad de 30 minutos”.

Esto volvería más equitativa a Bogotá porque acercaría sus servicios a la gente que más los necesita, y al darle multidireccionalidad a los viajes por la diversificación de los polos de atracción, los descongestionaría.

Es poco lo que se ha hecho para aplicar esos modelos, porque exigen grandes inversiones públicas y privadas y un esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo. Además, corren el riesgo de apartarse demasiado de la dinámica del mercado inmobiliario y de que las infraestructuras construidas para apuntalarlos se conviertan en elefantes blancos. Es ineludible, sin embargo, buscarle soluciones al monocentrismo y a la unidireccionalidad de los viajes.

La otra situación que debe ser enfrentada es la expansión de la ciudad en “mancha de aceite” sobre la Sabana y su conurbación con las cabeceras municipales, porque impide organizar racionalmente el territorio y el uso del suelo, la movilidad y los servicios públicos domiciliarios así como proteger el ambiente.

No hay espacio para examinar las fuerzas y los intereses que impulsan ese fenómeno, incluidas las que están detrás del “volteo de tierras” en los municipios sabaneros, denunciado por el alcalde electo de Bogotá cuando fue senador.

En el abordaje de lo regional se han dado pasos más alentadores que en lo de las centralidades, con la creación constitucional de la Región Metropolitana Bogotá- Cundinamarca (RMBC) y la expedición de la ley que la reglamenta. A diferencia de las áreas metropolitanas, la nueva figura carece de “municipio núcleo”, y se permite que el departamento –en este caso el de Cundinamarca– forme parte de ella.

Estas precauciones no han bastado para superar las reservas de los municipios llamados a formar parte de la RMBC, de manera que tan solo Cundinamarca y el Distrito de Bogotá se han integrado al esquema por ahora.

El diseño constitucional y legal de la RMBC presenta algunos problemas, pero ha sido la única fórmula de integración territorial que se ha logrado crear para manejar los apremiantes problemas y aprovechar las oportunidades generadas por la metropolización en la región. La alcaldesa López y el gobernador García cumplieron un importante papel en el proceso de sacarla adelante. Duque la apoyó, pero Petro no la ve con buenos ojos –sus reparos tienen que ver con la defensa de la democracia local y la autonomía municipal, las cuales, con todo y su peso, tienen que ponderarse con otros valores y derechos constitucionales–.

Galán se ha comprometido a impulsar a fondo la RMBC. Este propósito lo ubica en debida forma en la cadena de gobiernos cuyo concurso se necesita para que la figura rinda sus mejores frutos.

*Por: Carlos Vicente de Roux, Abogado y concejal de Bogotá entre 2003 y 2015.

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