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Tres semanas después, vuelve al ruedo judicial el litigio que intenta esclarecer la muerte de la universitaria de 21 años Ana María Castro Romero, ocurrida en la madrugada del 5 de marzo de 2020, tras haber departido con varios amigos una noche de rumba. El caso, tan mediático como precoz, ha sido de interés del propio fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, quienes no han vacilado en opinar y sacar conclusiones de lo ocurrido, incluso, sugiriendo hipótesis, que de cierta manera han sido refutadas ante un juez, en el transcurso de la investigación.
Como, por ejemplo, que Paul Naranjo, Julián Ortegón y Mateo Reyes embriagaron a Ana María de manera deliberada y malintencionada para violarla y matarla, o que la joven murió tras haber sido lanzada de un vehículo, como lo han asegurado la vicepresidenta y el fiscal, respectivamente. Esta última teoría es la que hoy en día tiene más asidero y, de hecho, está plasmada en el escrito de acusación que presentó el fiscal del caso, Carlos Javier Gutiérrez, contra Naranjo y Ortegón, quienes llevan detenidos más de tres meses mientras avanza el juicio.
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Sin embargo, El Espectador revisó el extenso expediente del caso y encontró un análisis forense que va en contravía de la hipótesis principal del ente acusador en este caso. El 14 de diciembre de 2020, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses envió a la Fiscalía 373 Local de Vida el informe pericial de física forense, realizado entre el 8 y el 11 de ese mes, que se sumó a los elementos materiales probatorios del proceso entregados por ese despacho.
En las conclusiones de este documento, el forense encargado señaló que, aunque no le fue posible hacer una reconstrucción analítica del caso, las lesiones sufridas por la víctima “no se pudieron asociar a un impacto con el vehículo implicado (la camioneta Kia Sportage de Paul Naranjo)”. ¿Qué quiere decir esto? En la interpretación de los resultados del informe está detallado.
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En la parte que señala la configuración del impacto que le produjo las lesiones mortales a Ana María “no se puede correlacionar a un impacto que se hubiese podido presentar con el vehículo”, pues en la inspección realizada a este “no se reportó la presencia de evidencias como demostraciones de roce o abolladuras”. Asimismo, se descartó que sus heridas puedan relacionarse con “una comprensión que se hubiera podido ejercer a la altura del abdomen (…) por parte de algunas de las ruedas del automotor”.
Más adelante, el dosier se refiere a las abrasiones (raspones) que había en el rostro, abdomen y extremidades de la joven y que, en principio, sugerían que habría podido ser arrastrada por el asfalto de la calle 80, lugar donde fue recogida por una ambulancia. No obstante, esa premisa también fue puesta en duda por el experto forense, debido a que las raspaduras en la piel “no abarcaron un área considerable en las zonas afectadas, por lo que la víctima no tuvo un arrastre significativo (en caso de haber ocurrido)”, lo cual fue argumentado con “la ausencia de huellas de arrastre biológico o corporal sobre la vía”.
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Igualmente, el dictamen también señala la dificultad para establecer criterios como el área de impacto, la trayectoria de la camioneta, la velocidad a la que esta transitaba y la evitabilidad del incidente, dado que la evidencia videográfica disponible no permitió ver el suceso que produjo la muerte de Ana María, sino lo que ocurrió después, y que el croquis del informe policial de tránsito solo representó un lago hemático (sangre) en la zona del incidente, por lo cual no fue “posible deducir si el conductor (Paul) realizó alguna maniobra” como virajes repentinos o frenadas de emergencia.
Pero el aparte más significativo de este análisis profesional se encuentra en el apartado que señala el origen de las heridas que presentó Castro Romero, las cuales, dice el informe, señalan una “disipación de energía considerable”, que está asociada a “una interacción con un elemento contundente” que no pudo haber sido producida por un “impacto con la superficie de la calzada, luego de la caída por un vehículo en movimiento, o por un atropello”.
Esto significa que, de acuerdo con la explicación hecha por un profesional de la materia, la universitaria de 21 años no fue arrojada de un vehículo que estuviera en marcha, pues el impacto de alta energía que le provocó las heridas que segaron su vida no corresponde a una caída de esa característica.
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Aun así, la Fiscalía prefirió esa tesis, es decir, la más difícil de probar, pues en contravía de ese postulado están las falencias y discordancias de los testimonios de dos de sus testigos –Daniel Vega y Mateo Reyes–; los videos de las cámaras de seguridad, que demuestran que la camioneta estuvo detenida 47 segundos en el lugar donde cayó Ana María y, en suma, el concepto técnico de un perito de Medicina Legal.
El proceso judicial aún está lejos de terminar, pero con el paso del tiempo se han ido conociendo más elementos y detalles que permiten hacer una revisión pausada del caso, la cual podría contradecir la versión que, desde altos mandos del Estado y desde el cubrimiento frenético del día a día, se ha esbozado de lo que ocurrió con Ana María Castro la madrugada del 5 de marzo de 2020 y termine concluyendo que, tal vez, los reflectores del ente acusador hayan estado enfocados en dirección contraria a lo que la evidencia testimonial y técnica ha mostrado desde el principio.