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A las 10:00 de la mañana del pasado 30 de diciembre, Leila Rodríguez recibió una llamada anónima. Una mujer le decía que su hijo, John Jairo Niviayo Rodríguez, quien está detenido en la cárcel Modelo de Bogotá, había sufrido un atentado. Le habló de golpes en distintas partes de su cuerpo y de heridas producidas con armas blancas. También le comentó sobre el caso de otro interno, que en los mismos hechos había perdido la vida. Sin embargo, no supo quién la emprendió contra su hijo ni contra el otro recluso. Por seguridad, prefiere ni saberlo.
La víctima fatal fue identificada como Carlos Humberto Nieto Chapetón, conocido en el interior de la cárcel como Careniña. Tanto a Nieto Chapetón como a Niviayo los veían en el patio cuatro del penal, una zona en donde permanecen los presos reincidentes y conocida entre la guardia por el voraz consumo de estupefacientes.
A ambos reclusos los veían dormir en los pasillos y, según algunos testigos, empezaron a tener problemas con los caciques (internos que tienen el control del territorio). De hecho, 15 días antes Niviayo recibió una primera alerta cuando unos sujetos le hicieron heridas en dos de sus dedos. Al parecer, él debía dinero a los caciques, a raíz de las transacciones ilegales que se realizan en la cárcel. La situación se agravó en la madrugada del 30 de diciembre, cuando se escucharon golpes, insultos y llamados de auxilio. (LEA: Un recluso que le costó al Estado $70 millones)
Según lo que le comentaron a Leila Rodríguez, su hijo y el otro recluso fueron interceptados por otros detenidos cuando intentaron abandonar esa zona y, de esa manera, evadir la deuda que les recordaban a diario. “Me dijeron que los cogieron a patadas, puños, les pusieron bolsas en la cabeza, los atacaron con cuchillos y parece que también les dieron una pastilla para que su muerte pasara como un suicidio”, indica Leila, quien agrega que John Jairo aún estaba con vida cuando llegó el CTI de la Fiscalía a realizar el levantamiento del cuerpo del interno fallecido.
“Lo encontraron muy lejos del punto en el que permanecía, detrás de una reja. Si no es por eso, es probable que no lo trasladen a la clínica”, reitera Diana, hermana del sobreviviente.
Después de la llamada anónima, Leila recibió otra comunicación de un funcionario del Inpec que estaba a cargo de la vigilancia. Él le informó que John Jairo había sido trasladado a la clínica Los Fundadores, donde le practicaron exámenes médicos. “Aunque pude hablar con él por teléfono, no me dejaron verlo porque tenía que llevar una autorización del Inpec. Fui a la Modelo para que me la dieran, pero no fue posible. Me fui a la casa y una vez allá recibí la llamada del señor del Inpec, quien me dijo que ya lo habían trasladado a la Modelo. Eso quiere decir que apenas estuvo un día bajo cuidado médico”. (LEA: Cárceles, Uris y estaciones de Policía, con la capacidad desbordada)
Tras la muerte de Nieto Chapetón, John Jairo Niviayo -quien está sindicado por hurto calificado y agravado- fue trasladado a otro patio. Su familia le consignó dinero para que comprara una colchoneta y una cobija. Una vez pisó la cárcel comprendió que la mafia ya había puesto un precio por su cabeza. La amenaza se haría efectiva, según le dijeron, en caso de que no decidiera aceptar el tácito pacto de silencio al que había llegado tras ser testigo de la muerte de Nieto Chapetón.
“Aunque nos dicen que está bajo protección, no hemos podido hablar con él, pero sabemos que ni siquiera está bajo observación médica: le duelen los pulmones, la vejiga y no puede caminar. Se supone que estos sitios son de resocialización, pero salen más malos o ni salen”, dice Diana.
Por su parte, el Inpec indicó que una vez conocieron el caso de la muerte Nieto, de 33 años, aseguraron el área y dejaron la investigación en manos de las autoridades forenses. De momento, no se aventuran a dar una hipótesis sobre las causas de su fallecimiento y esperan tanto el dictamen de Medicina Legal como el resultado de las investigaciones.
Por otro lado, respecto a Niviayo Rodríguez, la entidad indicó que no tienen información que apunte a que el ataque del que fue víctima estuviera relacionado con la muerte de Nieto. A su vez, precisó que, al conocer su estado de salud, fue trasladado a sanidad, en donde fue atendido por el personal médico del penal.
No obstante, las pesquisas para esclarecer la muerte de Carlos Humberto Nieto Chapetón y las lesiones que sufrió Jhon Jairo Niviayo Rodríguez quedaron en manos del fiscal 326 de la Unidad de Vida, que el próximo 19 de enero tiene previsto interrogar a varios testigos que presenciaron el ataque. (LEA: Confrontación entre presos y guardias de La Picota dejó al menos 34 heridos)
La situación jurídica de las víctimas
Carlos Humberto Nieto Chapetón estaba privado de la libertad desde el 28 de marzo de 2017 y en su contra cursaba una investigación por tentativa de hurto calificado. Tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, la justicia lo condenó en septiembre pasado a 13 meses y 15 días de prisión. La defensa del procesado pidió el pasado 28 de diciembre la libertad condicional tras considerar que había cumplido las tres quintas partes de la pena.
Jhon Jairo Niviayo Rodríguez está siendo procesado por el delito de hurto agravado y calificado. Aunque fue acusado formalmente en agosto pasado, para la próxima semana se prevé realizar la audiencia de reparación a las víctimas. La justicia, además, lo investigó en 2009 por su presunta responsabilidad en los delitos de porte ilegal de armas en concurso con hurto agravado y calificado. (LEA: En las cárceles de Bogotá "hay que pagar por todo")
13 homicidios en el país
Datos estadísticos de la Policía Nacional indican que el último homicidio registrado en un penal en Bogotá ocurrió en la penitenciaría La Picota el pasado 27 de julio, cuando perdió la vida un hombre de 25 años tras ser atacado con arma blanca. Asimismo, se interpusieron 52 denuncias por lesiones personales en establecimientos carcelarios de la ciudad. En el país se presentaron 13 homicidios al interior de las cárceles entre enero y noviembre de 2017. (VIDEO: Reclusos de La Picota denuncian que llevan cuatro días sin agua)
Con una condena a cuestas
Recientemente, en hechos similares, el Consejo de Estado condenó al Inpec por la muerte de Joel Cardona Osorio, quien fue envenenado en junio de 2003 en La Picota, al parecer, por una deuda con otros presos. Ese caso evidenció una vez más los negocios ilegales y el poder de la mafia en los penales.