El choque por documento técnico que protege las infancias LGBTI

La estrategia pedagógica, que elaboró la administración de Claudia López para garantizar los derechos de la población LGTBI en los colegios, hoy es objeto de debate. El documento “Implementación del enfoque de la política pública LGBTI en los Proyectos Educativos (PEI)” se quedó sin respaldo institucional, luego de que la secretaria de Educación, Isabel Segovia (ante las críticas de un grupo de concejales), no solo desautorizó la publicación, sino que indicó que no representaba la posición de la actual administración. El documento “fue trabajado por la pasada administración. Profesionales de los equipos técnicos lo publicaron sin la aprobación del equipo directivo actual”, añadió.

La estrategia pedagógica, que elaboró la administración de Claudia López para garantizar los derechos de la población LGTBI en los colegios, hoy es objeto de debate. El documento “Implementación del enfoque de la política pública LGBTI en los Proyectos Educativos (PEI)” se quedó sin respaldo institucional, luego de que la secretaria de Educación, Isabel Segovia (ante las críticas de un grupo de concejales), no solo desautorizó la publicación, sino que indicó que no representaba la posición de la actual administración. El documento “fue trabajado por la pasada administración. Profesionales de los equipos técnicos lo publicaron sin la aprobación del equipo directivo actual”, añadió.

El documento, producto de dos años de trabajo (2022 y 2023), lo expuso el Centro de Documentación del Distrito y de inmediato los concejales Marco Acosta (Colombia Justa Libres), Clara Lucía Sandoval (Partido Liberal), Emel Rojas (Nueva Fuerza Democrática), Andrés Barrios, Diana Diago y Daniel Briceño (Centro Democrático) expresaron su rechazo. A través de un comunicado indicaron que, fuera de no haber sido socializado, desconocía “el sagrado derecho de los padres a educar a sus hijos, se sesgaba en una problemática y se generaban alertas sobre una hipersexualización en los niños, niñas y adolescentes”. La crítica de los concejales, así como la respuesta de la secretaria, abrieron la discusión. Para Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, por ejemplo, la carta de los concejales preocupa, porque “en estos meses se han dedicado a obstruir los proyectos para garantizar la vida digna de las personas de la comunidad LGTBI”. Por su parte, Alba Reyes, directora de la Fundación Sergio Urrego, calificó de desacertada la declaración de la secretaria, pues desconoce el marco normativo y político a nivel internacional. “La administración no debe ceder ante las pretensiones de sectores retardatarios y más cuando usa el recurso de la llamada ideología de género para manipular la búsqueda de la equidad”.

El documento de la discordia

El Decreto 062 de 2014 adoptó la política pública para garantizar los derechos de las personas LGBTI, entre ellos la educación. Uno de los compromisos era revisar y actualizar los manuales de convivencia en los colegios, incorporando el enfoque diferencial por identidad de género, en cumplimiento de la Ley Sergio Urrego, que se promulgó luego de que este joven, de 16 años, se quitara la vida tras la discriminación que sufrió en su colegio.

La política actualizada (2021-2032) reconoció que las personas LGBTI+ tienen dificultades para ingresar y permanecer en colegios, por lo que se les debían garantizar ambientes libres de discriminación. Para lograrlo se plantearon tres protocolos, entre ellos el que hoy es objeto de discordia. Con 60 páginas, esta ruta responde a como garantizar la igualdad de género en la escuela, las experiencias y vivencias de las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas en los colegios, lo que dice la normativa internacional sobre la manera en que se deben garantizar los derechos de las personas LGBTI en el ámbito educativo, conocer cuáles y qué significa las manifestaciones de género en las escuelas, entre otros.

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“La responsabilidad que tiene la Secretaría de Educación con ese documento es difundirlo y aplicarlo, más no ponerlo en jaque y menos desautorizarlo. Esa es una recomendación técnica, y lo que tiene que revisar es qué se está haciendo en la práctica”, sentenció Castañeda. A este llamado se sumó David Alonso, director distrital de Diversidad Sexual Poblaciones y Géneros, recordando que la política pública es obligatoria, como las sentencias y leyes que protegen a la población LGBTI+. “Los servidores públicos tenemos que acatar la norma sin perjuicios. La violencia en la escuela requiere abordaje urgente. Es válido revisar los documentos, fortalecer los contenidos y la participación de distintos actores en pro de mejorarlo”.

A su vez, Alba Reyes, recordó que el insumo técnico “es un referente que se debe desarrollar y no es un ejercicio individual de la autora, sino que recoge una serie de referentes conceptuales, teóricos, normativos y metodológicos”, aseguró.

La discriminación continúa

Según una encuesta de la organización Sentiido, para 2022, el 54,6 % de los estudiantes dijeron sentirse inseguros en la escuela por su identidad de género, y más de un tercio reportó haber perdido al menos un día de colegio en los últimos 30 días debido a la sensación de inseguridad en el ambiente escolar. En gran medida, detallaron, esto se desprende del hecho de que la mayoría de estudiantes LGBTIQ (92 %) escucharon comentarios homofóbicos o transfóbicos en su colegio; más de la mitad (52,9 %) reportó que esto era cotidiano, y el 65,5 % respondió que la discriminación vino de profesores o personal administrativo.

“El bullying LGBTI es más fuerte que el matoneo general. A las víctimas las afecta más, porque las están molestando por un aspecto central de su identidad. Hay que despertar en los estudiantes, que no son víctimas y que tampoco lideran el matoneo, la sensibilidad o empatía para que puedan decir: ‘Si yo veo que están tratando mal a otro estudiante tengo que actuar’. Y hacerlo, además, de manera colectiva”, instó Enrique Chaux, investigador en competencias ciudadanas y prevención de la intimidación escolar.

Ante el revuelo que causó la respuesta, la Secretaría de Educación emitió este viernes otro comunicado respondiendo que reconocen la política pública y están avanzando en la construcción y actualización de estrategias pedagógicas, que serán socializadas en septiembre. “Nada me importa más que el bienestar y la garantía de derechos de tod@s l@s niñ@s y jóvenes”, señaló la secretaria Segovia.

Desde el Concejo, la bancada por la diversidad ha intentado avanzar en la aprobación del Proyecto de Acuerdo 279 de 2024, “por el cual se establecen medidas para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas LGBTQ+ en los colegios”. Sin embargo, en su último intento no hubo quórum decisorio. La discusión se retomará el 12 de agosto.

Alba Reyes es enfática en concluir que en la conmemoración de la muerte de su hijo Sergio Urrego, “las instituciones siguen fallando y no han asumido decididamente su función de garantizar los derechos de estudiantes con orientaciones sexuales e identidades de género diversas”. La Corte, en distintas sentencias, ha sido clara en la necesidad de renovar los manuales de convivencia y garantizar espacios sin discriminación. Avances que deben atender quienes representan a una sociedad que, a su medida, ha exigido proteger a quienes expresan múltiples formas de vivir.

*Buscamos a la secretaría de Educación para responder qué partes del documento no representaban a la administración y cuál es entonces su visión ante este tema, pero al termino de esta publicación no hubo respuesta.

El 90 % de los padres apoyan la igualdad de derechos

Recientemente la organización Sentiido y Data Conceptos publicó la primera encuesta realizada en Colombia para conocer las actitudes de los padres y las madres de familia del país frente a la educación sexual integral (ESI) y la diversidad sexual y de género, relacionados con la población LGBTI.

Los hallazgos arrojaron que el 90 % de los encuestados están de acuerdo con que la población LGBTI debería tener los mismos derechos, el 95 % piensan que las escuelas y los colegios deberían impartir clases de educación sexual integral, el 86 % que la diversidad sexual y de género podría ser parte de la ESI y ocho de cada 10 reconocen que esta población sufre discriminación.

“Nuestros hallazgos demuestran que, a pesar de las campañas de desinformación, los padres y madres de Colombia están refutando algunos de los preconceptos más dañinos acerca de las personas de la comunidad LGBTI”, destacó Sentiido.

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