El coletazo y las oportunidades que representa el COVID-19 en el empleo de Bogotá

La cuarentena ha obligado a que millones se aislen en sus casas para contener la propagación del COVID-19. Pero, en un país donde según el DANE la informalidad alcanza el 46,6 %, esto se traduce en incapacidad de trabajo para un significativo grupo de la población. En la ciudad, por ejemplo, el turismo y los espectáculos fueron los primeros grupos económicos afectados con la emergencia, cadena que genera casi un millón de empleos directos e indirectos. “Son 5.000 empresas en la ciudad, entre ellas hoteles, agencias de viaje y restaurantes. Con ellos tenemos mesas de trabajo, no solo para evaluar el impacto, sino para dar respuesta a la incertidumbre que viene”, dice Karol Fajardo, directora del Instituto Distrital de Turismo.

Otros que también se han visto afectados son los comerciantes, especialmente los vendedores informales. El director del Instituto Para la Economía Social (IPES), Libardo Asprilla, asegura que en Bogotá se tiene un registro de al menos 53.000 personas que hacen parte de esta población, de las cuales, 39.000 ejercen su actividad en las calles. “Hoy hacen parte del grupo de las más vulnerables en la ciudad”, asegura el directivo.

La secretaria de Desarrollo Económico, Carolina Durán, dijo a este medio que aún no se sabe cuántos empleos se han perdido a causa de la emergencia. No obstante, asegura que con base en algunas modelaciones se prevé que si la situación continúa por más de cuatro meses, en el peor de los casos, se afectarán cerca de un millón de empleos. Junto a un grupo de economistas trabaja en un cálculo, pero aplicado a los 19 días de la cuarentena.

“En Bogotá el 40 % de los hogares vive de algún tipo de ingreso informal o esporádico. Somos una ciudad de rebuscadores. El 70 % de las unidades productivas son Pymes, es decir, empresas que se caracterizan por tener muy poca liquidez y que por eso pueden morir fácilmente”, manifiesta la secretaria.

¿Qué hacer?

“Cuando hablamos de un millón, nos referimos a una población que trabaja en esos tipos de actividades. Pero no estamos mirando qué tipo de contrato tienen, con este millón estamos hablando de empleos directos e indirectos, por eso estamos ofreciendo medidas de apoyo a las Pymes. Sé que hay que cuidar a los más vulnerables, pero también debemos cuidar a los que emplean a la gente”, agrega. El Espectador consultó al abogado laboralista Víctor Julio Díaz, para conocer el marco normativo que podría girar alrededor de las empresas y trabajadores durante esta emergencia. Él asegura que las compañías, cuya nómina no pueda hacer trabajo en casa o no tenga permitido movilizarse durante el aislamiento, cuentan con una serie de maniobras que podrían hacer para subsistir en este tiempo.

Díaz señala que esta pandemia puede constituirse como un hecho de fuerza mayor: se resume en que si el empleado sigue trabajando arriesga su vida, pero si deja de trabajar acaba con la empresa. “La pregunta es cómo tratar de armonizar la situación para que se conserve la vida del trabajador, la estabilidad de la empresa y la posibilidad de que pueda continuar con su trabajo una vez termine la emergencia”, resalta.

Ante este panorama son por lo menos tres las opciones las que tiene una empresa. La primera es el teletrabajo, pero para implementarlo debe modificar su reglamento interno, definiendo contribuciones como el gasto de servicios públicos mientras se realiza la labor; el área laboral para que, en caso de un accidente, se pueda definir con claridad si fue o no un accidente laboral y la provisión de equipos.

“El lío es que se nos presentó el coronavirus, y como hacer regulaciones toma tiempo, muchas compañías han optado por implementar el trabajo en casa, que para mí es lo mismo, pero más flexible, porque permite que la persona labore desde su vivienda sin cumplir toda la norma”, explica.

La segunda es adelantar las vacaciones. Esta opción puede representar algunos inconvenientes, como que la cuarentena se extienda más allá de los 19 días que ha decretado el Gobierno (como ha pasado en otros países) y que el período final no termine cobijando los 15 días hábiles remunerados al año que por ley tienen los trabajadores. Otro problema es que los empleados protesten o que incluso el Ministerio de Trabajo investigue a las empresas por no avisar al trabajador el adelanto de sus vacaciones, con 15 días de antelación. El abogado opina que bajo este escenario las personas no deberían apegarse tanto a la ley, es decir, que las empresas permitan que el tiempo de vacaciones eventualmente abarque más días y que los colaboradores accedan a pasar este tiempo sin el previo aviso.

Finalmente, la menos popular, pero que no involucra el cierre de la empresa, es que las compañías suspendan los contratos de sus trabajadores o que permitan que estos se tomen una licencia no remunerada. Bajo esta alternativa los empleados no tendrían sueldo, pero el empleador estaría obligado a seguir pagando la seguridad social.

En el peor de los casos las empresas, alegando un hecho de fuerza mayor, podrían adelantar despidos masivos o incluso verse obligados a cerrar parcial o totalmente. Desde su posición como académico, Díaz prevé que el desempleo va aumentar en el país y que se verá afectada (esto según su percepción) entre un 70 % y un 80 % de la fuerza laboral que no podrá movilizarse ni trabajar desde sus hogares.

Las oportunidades

Díaz asegura que el escenario actual debe invitarnos a repensar el sistema productivo colombiano, “porque está planteado para que el trabajador labore desde la empresa. Lo bueno es que esto nos obligará a pensar más en el teletrabajo, algo que puede servir para descongestionar las calles”.

Esta emergencia también es motivo para fomentar la cultura del ahorro, ya que el COVID-19 tomó a muchos por sorpresa. Díaz cree que después de la emergencia más de uno pensará, por ejemplo, en no desperdiciar sus cesantías. Finalmente, cree que superada esta crisis se debe revisar la legislación laboral para que a futuro se implementen medidas como seguros de desempleos, que alivien el impacto de un escenario como el actual.

La secretaria de Desarrollo Económico cree que no todo es malo, pues en las plazas de mercado y en las aplicaciones de domicilios, por ejemplo, se ha registrado un aumento significativo en la demanda. Al final, es claro que la pandemia plantea una serie de retos en lo laboral. Sea cual sea la decisión de los empresarios, el llamado es a que se acuda a la que menos afecte a los empleados, que son los que en definitiva tendrán que soportar la mayor carga de la crisis.

La cuarentena ha obligado a que millones se aislen en sus casas para contener la propagación del COVID-19. Pero, en un país donde según el DANE la informalidad alcanza el 46,6 %, esto se traduce en incapacidad de trabajo para un significativo grupo de la población. En la ciudad, por ejemplo, el turismo y los espectáculos fueron los primeros grupos económicos afectados con la emergencia, cadena que genera casi un millón de empleos directos e indirectos. “Son 5.000 empresas en la ciudad, entre ellas hoteles, agencias de viaje y restaurantes. Con ellos tenemos mesas de trabajo, no solo para evaluar el impacto, sino para dar respuesta a la incertidumbre que viene”, dice Karol Fajardo, directora del Instituto Distrital de Turismo.

Otros que también se han visto afectados son los comerciantes, especialmente los vendedores informales. El director del Instituto Para la Economía Social (IPES), Libardo Asprilla, asegura que en Bogotá se tiene un registro de al menos 53.000 personas que hacen parte de esta población, de las cuales, 39.000 ejercen su actividad en las calles. “Hoy hacen parte del grupo de las más vulnerables en la ciudad”, asegura el directivo.

La secretaria de Desarrollo Económico, Carolina Durán, dijo a este medio que aún no se sabe cuántos empleos se han perdido a causa de la emergencia. No obstante, asegura que con base en algunas modelaciones se prevé que si la situación continúa por más de cuatro meses, en el peor de los casos, se afectarán cerca de un millón de empleos. Junto a un grupo de economistas trabaja en un cálculo, pero aplicado a los 19 días de la cuarentena.

“En Bogotá el 40 % de los hogares vive de algún tipo de ingreso informal o esporádico. Somos una ciudad de rebuscadores. El 70 % de las unidades productivas son Pymes, es decir, empresas que se caracterizan por tener muy poca liquidez y que por eso pueden morir fácilmente”, manifiesta la secretaria.

¿Qué hacer?

“Cuando hablamos de un millón, nos referimos a una población que trabaja en esos tipos de actividades. Pero no estamos mirando qué tipo de contrato tienen, con este millón estamos hablando de empleos directos e indirectos, por eso estamos ofreciendo medidas de apoyo a las Pymes. Sé que hay que cuidar a los más vulnerables, pero también debemos cuidar a los que emplean a la gente”, agrega. El Espectador consultó al abogado laboralista Víctor Julio Díaz, para conocer el marco normativo que podría girar alrededor de las empresas y trabajadores durante esta emergencia. Él asegura que las compañías, cuya nómina no pueda hacer trabajo en casa o no tenga permitido movilizarse durante el aislamiento, cuentan con una serie de maniobras que podrían hacer para subsistir en este tiempo.

Díaz señala que esta pandemia puede constituirse como un hecho de fuerza mayor: se resume en que si el empleado sigue trabajando arriesga su vida, pero si deja de trabajar acaba con la empresa. “La pregunta es cómo tratar de armonizar la situación para que se conserve la vida del trabajador, la estabilidad de la empresa y la posibilidad de que pueda continuar con su trabajo una vez termine la emergencia”, resalta.

Ante este panorama son por lo menos tres las opciones las que tiene una empresa. La primera es el teletrabajo, pero para implementarlo debe modificar su reglamento interno, definiendo contribuciones como el gasto de servicios públicos mientras se realiza la labor; el área laboral para que, en caso de un accidente, se pueda definir con claridad si fue o no un accidente laboral y la provisión de equipos.

“El lío es que se nos presentó el coronavirus, y como hacer regulaciones toma tiempo, muchas compañías han optado por implementar el trabajo en casa, que para mí es lo mismo, pero más flexible, porque permite que la persona labore desde su vivienda sin cumplir toda la norma”, explica.

La segunda es adelantar las vacaciones. Esta opción puede representar algunos inconvenientes, como que la cuarentena se extienda más allá de los 19 días que ha decretado el Gobierno (como ha pasado en otros países) y que el período final no termine cobijando los 15 días hábiles remunerados al año que por ley tienen los trabajadores. Otro problema es que los empleados protesten o que incluso el Ministerio de Trabajo investigue a las empresas por no avisar al trabajador el adelanto de sus vacaciones, con 15 días de antelación. El abogado opina que bajo este escenario las personas no deberían apegarse tanto a la ley, es decir, que las empresas permitan que el tiempo de vacaciones eventualmente abarque más días y que los colaboradores accedan a pasar este tiempo sin el previo aviso.

Finalmente, la menos popular, pero que no involucra el cierre de la empresa, es que las compañías suspendan los contratos de sus trabajadores o que permitan que estos se tomen una licencia no remunerada. Bajo esta alternativa los empleados no tendrían sueldo, pero el empleador estaría obligado a seguir pagando la seguridad social.

En el peor de los casos las empresas, alegando un hecho de fuerza mayor, podrían adelantar despidos masivos o incluso verse obligados a cerrar parcial o totalmente. Desde su posición como académico, Díaz prevé que el desempleo va aumentar en el país y que se verá afectada (esto según su percepción) entre un 70 % y un 80 % de la fuerza laboral que no podrá movilizarse ni trabajar desde sus hogares.

Las oportunidades

Díaz asegura que el escenario actual debe invitarnos a repensar el sistema productivo colombiano, “porque está planteado para que el trabajador labore desde la empresa. Lo bueno es que esto nos obligará a pensar más en el teletrabajo, algo que puede servir para descongestionar las calles”.

Esta emergencia también es motivo para fomentar la cultura del ahorro, ya que el COVID-19 tomó a muchos por sorpresa. Díaz cree que después de la emergencia más de uno pensará, por ejemplo, en no desperdiciar sus cesantías. Finalmente, cree que superada esta crisis se debe revisar la legislación laboral para que a futuro se implementen medidas como seguros de desempleos, que alivien el impacto de un escenario como el actual.

La secretaria de Desarrollo Económico cree que no todo es malo, pues en las plazas de mercado y en las aplicaciones de domicilios, por ejemplo, se ha registrado un aumento significativo en la demanda. Al final, es claro que la pandemia plantea una serie de retos en lo laboral. Sea cual sea la decisión de los empresarios, el llamado es a que se acuda a la que menos afecte a los empleados, que son los que en definitiva tendrán que soportar la mayor carga de la crisis.