El complejo camino jurídico de la revocatoria del alcalde Peñalosa

Revocar a un mandatario depende de varios factores: los promotores deben reunir las firmas válidas necesarias (30 % de los votos que obtuvo el alcalde) para que se convoque el referendo; que salgan a votar al menos el 40 % de los que participaron en las últimas elecciones, y lograr la mitad más uno en las urnas. En Bogotá se deben reunir al menos 280.000 firmas y que voten mínimo 1,1 millones de personas.

En los 25 años de este mecanismo, ningún mandatario ha sido revocado. Si bien en la mayoría de los casos es porque no se cumplen los requisitos, también ayudan las estrategias jurídicas que trazan las administraciones para defender su mandato. Acudir a la Rama Judicial es una opción para que alcaldes y gobernadores se defiendan o, por lo menos, dilaten el proceso.

En el caso de Bogotá, el alcalde Enrique Peñalosa ya puso en marcha su estrategia. Su apoderado, el abogado Humberto Sierra Porto, radicó una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y una tutela en el Tribunal Superior de Bogotá, con el objetivo de frenar los procesos de revocatoria. El abogado asegura que ni él ni su apoderado pretenden alargar los tiempos del proceso, sino que quieren defender la institucionalidad y el voto de los ciudadanos que eligieron a Peñalosa como alcalde de Bogotá. Agrega que los recursos legales pretenden que la autoridad electoral y los jueces decidan si las razones de los grupos promotores están debidamente argumentadas o basadas en mentiras. (Lea aquí: Tribunal admite tutela de Peñalosa contra los procesos de revocatoria en su contra)

“El alcalde es respetuoso del mecanismo de la revocatoria y acogerá la decisión que tome el Consejo Electoral. Sin embargo, estamos confiados en que la Sala Plena del CNE cumplirá con su labor y reforzará los requisitos que deben cumplir los comités. En Bogotá, puntualmente, pedimos que los magistrados revisen los motivos, pero si no lo hacen el proceso continuará como está legislado. En nuestro accionar no está contemplado poner trabas, pues la ciudadanía tiene derecho de manifestarse”, señaló Sierra Porto.

Aunque el defensor niega tener un “plan B” en caso de que el CNE no se pronuncie a favor de su cliente, otra cosa es la que piensa Andrés Villamizar, director de la Fundación Azul, creada para hacerles contrapeso político a los opositores de la administración Peñalosa. Él sí se aventura a plantear un escenario en el que los procesos judiciales irían a la par con el trámite de la revocatoria. Asegura que utilizarán cada herramienta permitida por la ley, como las tutelas y las demandas administrativas, para evitar la salida de Peñalosa del Palacio Liévano. (Lea aquí: Hay que buscar un equilibrio en el trámite de la revocatoria)

“Nuestra meta no es demorar el proceso de revocatoria, pero para defender el derecho de los bogotanos que votamos por Peñalosa tendremos que tomar acciones que seguramente dilatarán el trámite de este mecanismo. El alcalde, incluso, podría terminar su mandato en medio de esta disputa legal y la oposición lo sabe, por eso estamos seguros de que el verdadero objetivo de ellos no es más que distraer y no dejar gobernar”, declaró Villamizar.

Sobre esta posibilidad, Carlos Carrillo, integrante de Unidos Revocamos a Peñalosa, manifestó que su comité también cuenta con un equipo legal que defenderá el derecho a la participación ciudadana de los bogotanos y responderán a cualquier iniciativa que pretenda vulnerarlo.

Más allá de esta discusión, si el alcalde Peñalosa realmente quisiera dilatar los procesos en su contra, tiene varias opciones para hacerlo: puede acudir a la acción de tutela, presentar un recurso de súplica ante el CNE, demandar la decisión del CNE si no lo favorece; pedir medidas provisionales de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otras. (Lea aquí: “Respeto la revocatoria, siempre y cuando se haga bien”: alcalde Enrique Peñalosa)

El camino de la revocatoria en Bogotá es largo y hasta ahora transita por el CNE. Independiente de lo que se decida, en Bogotá, todos los caminos llevan a que esta disputa llegará a manos de los jueces y, finalmente, todo dependerá de la agilidad del sistema judicial colombiano.

Revocar a un mandatario depende de varios factores: los promotores deben reunir las firmas válidas necesarias (30 % de los votos que obtuvo el alcalde) para que se convoque el referendo; que salgan a votar al menos el 40 % de los que participaron en las últimas elecciones, y lograr la mitad más uno en las urnas. En Bogotá se deben reunir al menos 280.000 firmas y que voten mínimo 1,1 millones de personas.

En los 25 años de este mecanismo, ningún mandatario ha sido revocado. Si bien en la mayoría de los casos es porque no se cumplen los requisitos, también ayudan las estrategias jurídicas que trazan las administraciones para defender su mandato. Acudir a la Rama Judicial es una opción para que alcaldes y gobernadores se defiendan o, por lo menos, dilaten el proceso.

En el caso de Bogotá, el alcalde Enrique Peñalosa ya puso en marcha su estrategia. Su apoderado, el abogado Humberto Sierra Porto, radicó una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y una tutela en el Tribunal Superior de Bogotá, con el objetivo de frenar los procesos de revocatoria. El abogado asegura que ni él ni su apoderado pretenden alargar los tiempos del proceso, sino que quieren defender la institucionalidad y el voto de los ciudadanos que eligieron a Peñalosa como alcalde de Bogotá. Agrega que los recursos legales pretenden que la autoridad electoral y los jueces decidan si las razones de los grupos promotores están debidamente argumentadas o basadas en mentiras. (Lea aquí: Tribunal admite tutela de Peñalosa contra los procesos de revocatoria en su contra)

“El alcalde es respetuoso del mecanismo de la revocatoria y acogerá la decisión que tome el Consejo Electoral. Sin embargo, estamos confiados en que la Sala Plena del CNE cumplirá con su labor y reforzará los requisitos que deben cumplir los comités. En Bogotá, puntualmente, pedimos que los magistrados revisen los motivos, pero si no lo hacen el proceso continuará como está legislado. En nuestro accionar no está contemplado poner trabas, pues la ciudadanía tiene derecho de manifestarse”, señaló Sierra Porto.

Aunque el defensor niega tener un “plan B” en caso de que el CNE no se pronuncie a favor de su cliente, otra cosa es la que piensa Andrés Villamizar, director de la Fundación Azul, creada para hacerles contrapeso político a los opositores de la administración Peñalosa. Él sí se aventura a plantear un escenario en el que los procesos judiciales irían a la par con el trámite de la revocatoria. Asegura que utilizarán cada herramienta permitida por la ley, como las tutelas y las demandas administrativas, para evitar la salida de Peñalosa del Palacio Liévano. (Lea aquí: Hay que buscar un equilibrio en el trámite de la revocatoria)

“Nuestra meta no es demorar el proceso de revocatoria, pero para defender el derecho de los bogotanos que votamos por Peñalosa tendremos que tomar acciones que seguramente dilatarán el trámite de este mecanismo. El alcalde, incluso, podría terminar su mandato en medio de esta disputa legal y la oposición lo sabe, por eso estamos seguros de que el verdadero objetivo de ellos no es más que distraer y no dejar gobernar”, declaró Villamizar.

Sobre esta posibilidad, Carlos Carrillo, integrante de Unidos Revocamos a Peñalosa, manifestó que su comité también cuenta con un equipo legal que defenderá el derecho a la participación ciudadana de los bogotanos y responderán a cualquier iniciativa que pretenda vulnerarlo.

Más allá de esta discusión, si el alcalde Peñalosa realmente quisiera dilatar los procesos en su contra, tiene varias opciones para hacerlo: puede acudir a la acción de tutela, presentar un recurso de súplica ante el CNE, demandar la decisión del CNE si no lo favorece; pedir medidas provisionales de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otras. (Lea aquí: “Respeto la revocatoria, siempre y cuando se haga bien”: alcalde Enrique Peñalosa)

El camino de la revocatoria en Bogotá es largo y hasta ahora transita por el CNE. Independiente de lo que se decida, en Bogotá, todos los caminos llevan a que esta disputa llegará a manos de los jueces y, finalmente, todo dependerá de la agilidad del sistema judicial colombiano.