El concurso de méritos que sacudió a Integración Social

Para la mayoría de trabajadores, el 2020 estuvo marcado por las vicisitudes en cuanto a las condiciones laborales, debido a la incertidumbre tras el confinamiento y los continuos golpes que recibió la economía. Esto se reflejó en Bogotá, sobre todo en la pérdida de empleos: según el más reciente informe del DANE, aunque la cifra viene mejorando, hay 815.000 capitalinos desempleados y 2′284.000 inactivos.

En medio de ese panorama se registran casos especiales, incluso, en algunas entidades distritales como la Secretaría de Integración Social. Allí, producto de un concurso de méritos, les terminaron el contrato a 400 trabajadores provisionales, en su mayoría mujeres. A pesar de que el proceso está amparado por la ley, los afectados califican la decisión como un acto injustificado, que afecta a personas que deberían tener protección especial por su condición de vulnerabilidad.

Para entender el reproche de estas personas hay que remontarse a 2018. Por ley, todos los empleos del Estado se deben someter a concurso y ese año la administración, a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil, adelantó sacó a concurso varios puestos que llevaban años con empleados en provisionalidad. Incluso, algunos llevaban entre 10 y 20 años. Al principio, estuvieron tranquilos, pues esperaban que su experiencia y aporte a la Secretaría, que se encarga de los temas sociales de la capital, se tuviera en cuenta.

Sin embargo, dicen, no fue así. Por el contrario, insisten en que les hicieron las cosas más difíciles. El principal reclamo es que con la decisión quedó en vilo el futuro de personas que deberían gozar de estabilidad laboral reforzada, como personas próximas a la jubilación (prepensionados), cabezas de hogar, personas con enfermedades o en condición de discapacidad, trabajadores con adultos mayores a cargo o con fuero sindical.

Su soporte es un parágrafo del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque, que dice que a los servidores en condiciones especiales “que vayan a ser desvinculados por la aplicación de una lista de elegibles, la administración deberá adelantar acciones afirmativas para que, en lo posible, sean reubicados en otros empleos vacantes o sean los últimos en ser retirados”.

Catherine Camacho trabajó en la subdirección de Kennedy y es la única líder del grupo que accedió a hablar sin reservas. El resto están en proceso de desvinculación y temen que la denuncia les cierre del todo las puertas. Su situación es compleja, pues todos perdieron el concurso. Pero, según ellos, esto tiene una razón: las preguntas del examen no correspondían al manual de funciones que aplican hace años. “Llevamos vinculadas a la entidad a través de un concurso interno hace 12 años. Cuando reclamamos por las preguntas del examen, nos contestaron que unos expertos las elaboraron”.

A pesar de otras acciones, incluso judiciales, a partir de octubre de este año empezaron a llegar a través del correo institucional las notificaciones de que daban por terminada la provisionalidad. La primera semana de noviembre se confirmó la salida de 130 personas; luego, el 17 noviembre, fueron 222 trabajadores, y la semana pasada, otros 27. “Hicimos plantones en la Alcaldía y la Secretaría. Nos organizamos por nuestra necesidad y planteamos muchas preguntas, porque no se respetó el derecho de muchas compañeras. Lo único que pedimos son contratos de prestación de servicios, pues a muchas les faltan años e incluso semanas para la pensión. ¿Y una mujer de 57 años en dónde va a conseguir trabajo?”, cuestiona Camacho.

Hablamos con cuatro personas, tres mujeres y un hombre, que están en ese proceso de desvinculación y se evidencian similitudes en sus casos. Una de ellas comenta que trabajó toda su vida en la entidad y que ahora están complicando hasta su liquidación. “Me formé allí, conocí las diferentes políticas e hice mucho por la educación inicial. Mi nombre está en varios manuales y salir así es triste. Hay compañeras que llevan hasta 25 años en provisionalidad y ahora nos no nos dan paz y salvo para liquidarnos y eso, al parecer, no llegará antes de febrero. Muchas votamos por esta alcaldía precisamente por su discurso de lucha por los derechos de la mujer. No imaginamos esto”.

Otro caso es el de una madre cabeza de hogar, con una hija menor de edad y otra que está en la universidad. “Además, vivo con mis padres, de la tercera edad, que están sin pensión. Este fue mi primer y único empleo, adquirí enfermedades allí y fueron más de 10 años de servicio ayudando a los más vulnerables, pero ahora nosotras somos las vulnerables”. Otra de sus compañeras, también cabeza de hogar, quien fue profesora, asesora pedagógica y trabajó en proyectos con adultos mayores y habitantes de calle, cuenta que puso toda su experiencias y conocimiento y “salimos con una mano adelante y otra atrás. Voy a cumplir 55 años y así es difícil conseguir un trabajo”.

Un último afectado, prepensionado, dice que “éramos de planta, pero en condición de provisionalidad” y reprocha que los casos especiales como el suyo se estén evaluando según la vacante y no según la condición de vulnerabilidad de la persona. “Condicionaron a que exista la vacante, sin detrimento de la persona que ganó el concurso”.

”Evaluamos acciones afirmativas”

La secretaria de Integración Social, Xinia Navarro explica que las personas en condición de provisionalidad tenían la posibilidad de iniciar su carrera administrativa con el concurso de méritos. “Unos pasaron el examen y otros no. A ellos se les cumple su provisionalidad cuando lleguen las personas que ganaron el concurso, porque si no sería violar el derecho de quienes pasaron el concurso”.

La funcionaria aclara por qué no es posible darles un contrato por prestación de servicios. “Así no opera la administración. Esas personas de provisionalidad cumplían labores específicas y yo no puedo crear un contrato paralelo para esa misma función. El hecho de que hayan sido provisionales no es condición para que trabajen por prestación de servicios. Para eso hay programas como ‘Talento, no palanca’. Si hago 400 contratos así, me investigan de inmediato".

La secretaria de Integración Social es consciente de que hay muchas personas en proceso de desvinculación que cuentan con protección especial, debido a su condición de vulnerabilidad. No obstante, argumenta que “hay que determinar la estabilidad laboral reforzada, pues es un derecho que se tiene que analizar con muchos matices, porque todo el mundo se podría apegar a eso”. Según la funcionaria, por estos días se realizan muchos análisis y se viene haciendo una lista de chequeo, porque en estos casos se debe hacer lo que sea indiscutible. “Lo discutible se debe llevar ante los jueces, que determinan si una persona tiene o no esa condición de estabilidad laboral reforzada. No se puede quitar el derecho de una persona que pasó el concurso por algo que deben decidir los jueces”, manifiesta.

Navarro agrega que hay una mesa de estabilidad reforzada que evalúa rutas de empleo en otras entidades y que también revisan mapas de pobreza de cada uno, para saber cómo poder mitigar la situación. Por último, afirma que evaluaron todo tipo de acciones afirmativas, pero que comprometerse con una fecha de reingreso o de resolución de este problema sería irresponsable.

El siguiente episodio se llevará al plano político y jurídico. Concejales de diferentes corrientes vienen acompañando al grupo de afectadas y entre hoy y el viernes se reunirán para evaluar posibles soluciones. Por ahora, lo único claro es que el Distrito debe respaldar a quienes ganaron el concurso, pero también garantizar que aquellas con protección especial puedan tener un sustento, y más en una época convulsa como la que atraviesa la humanidad.

Para la mayoría de trabajadores, el 2020 estuvo marcado por las vicisitudes en cuanto a las condiciones laborales, debido a la incertidumbre tras el confinamiento y los continuos golpes que recibió la economía. Esto se reflejó en Bogotá, sobre todo en la pérdida de empleos: según el más reciente informe del DANE, aunque la cifra viene mejorando, hay 815.000 capitalinos desempleados y 2′284.000 inactivos.

En medio de ese panorama se registran casos especiales, incluso, en algunas entidades distritales como la Secretaría de Integración Social. Allí, producto de un concurso de méritos, les terminaron el contrato a 400 trabajadores provisionales, en su mayoría mujeres. A pesar de que el proceso está amparado por la ley, los afectados califican la decisión como un acto injustificado, que afecta a personas que deberían tener protección especial por su condición de vulnerabilidad.

Para entender el reproche de estas personas hay que remontarse a 2018. Por ley, todos los empleos del Estado se deben someter a concurso y ese año la administración, a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil, adelantó sacó a concurso varios puestos que llevaban años con empleados en provisionalidad. Incluso, algunos llevaban entre 10 y 20 años. Al principio, estuvieron tranquilos, pues esperaban que su experiencia y aporte a la Secretaría, que se encarga de los temas sociales de la capital, se tuviera en cuenta.

Sin embargo, dicen, no fue así. Por el contrario, insisten en que les hicieron las cosas más difíciles. El principal reclamo es que con la decisión quedó en vilo el futuro de personas que deberían gozar de estabilidad laboral reforzada, como personas próximas a la jubilación (prepensionados), cabezas de hogar, personas con enfermedades o en condición de discapacidad, trabajadores con adultos mayores a cargo o con fuero sindical.

Su soporte es un parágrafo del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque, que dice que a los servidores en condiciones especiales “que vayan a ser desvinculados por la aplicación de una lista de elegibles, la administración deberá adelantar acciones afirmativas para que, en lo posible, sean reubicados en otros empleos vacantes o sean los últimos en ser retirados”.

Catherine Camacho trabajó en la subdirección de Kennedy y es la única líder del grupo que accedió a hablar sin reservas. El resto están en proceso de desvinculación y temen que la denuncia les cierre del todo las puertas. Su situación es compleja, pues todos perdieron el concurso. Pero, según ellos, esto tiene una razón: las preguntas del examen no correspondían al manual de funciones que aplican hace años. “Llevamos vinculadas a la entidad a través de un concurso interno hace 12 años. Cuando reclamamos por las preguntas del examen, nos contestaron que unos expertos las elaboraron”.

A pesar de otras acciones, incluso judiciales, a partir de octubre de este año empezaron a llegar a través del correo institucional las notificaciones de que daban por terminada la provisionalidad. La primera semana de noviembre se confirmó la salida de 130 personas; luego, el 17 noviembre, fueron 222 trabajadores, y la semana pasada, otros 27. “Hicimos plantones en la Alcaldía y la Secretaría. Nos organizamos por nuestra necesidad y planteamos muchas preguntas, porque no se respetó el derecho de muchas compañeras. Lo único que pedimos son contratos de prestación de servicios, pues a muchas les faltan años e incluso semanas para la pensión. ¿Y una mujer de 57 años en dónde va a conseguir trabajo?”, cuestiona Camacho.

Hablamos con cuatro personas, tres mujeres y un hombre, que están en ese proceso de desvinculación y se evidencian similitudes en sus casos. Una de ellas comenta que trabajó toda su vida en la entidad y que ahora están complicando hasta su liquidación. “Me formé allí, conocí las diferentes políticas e hice mucho por la educación inicial. Mi nombre está en varios manuales y salir así es triste. Hay compañeras que llevan hasta 25 años en provisionalidad y ahora nos no nos dan paz y salvo para liquidarnos y eso, al parecer, no llegará antes de febrero. Muchas votamos por esta alcaldía precisamente por su discurso de lucha por los derechos de la mujer. No imaginamos esto”.

Otro caso es el de una madre cabeza de hogar, con una hija menor de edad y otra que está en la universidad. “Además, vivo con mis padres, de la tercera edad, que están sin pensión. Este fue mi primer y único empleo, adquirí enfermedades allí y fueron más de 10 años de servicio ayudando a los más vulnerables, pero ahora nosotras somos las vulnerables”. Otra de sus compañeras, también cabeza de hogar, quien fue profesora, asesora pedagógica y trabajó en proyectos con adultos mayores y habitantes de calle, cuenta que puso toda su experiencias y conocimiento y “salimos con una mano adelante y otra atrás. Voy a cumplir 55 años y así es difícil conseguir un trabajo”.

Un último afectado, prepensionado, dice que “éramos de planta, pero en condición de provisionalidad” y reprocha que los casos especiales como el suyo se estén evaluando según la vacante y no según la condición de vulnerabilidad de la persona. “Condicionaron a que exista la vacante, sin detrimento de la persona que ganó el concurso”.

”Evaluamos acciones afirmativas”

La secretaria de Integración Social, Xinia Navarro explica que las personas en condición de provisionalidad tenían la posibilidad de iniciar su carrera administrativa con el concurso de méritos. “Unos pasaron el examen y otros no. A ellos se les cumple su provisionalidad cuando lleguen las personas que ganaron el concurso, porque si no sería violar el derecho de quienes pasaron el concurso”.

La funcionaria aclara por qué no es posible darles un contrato por prestación de servicios. “Así no opera la administración. Esas personas de provisionalidad cumplían labores específicas y yo no puedo crear un contrato paralelo para esa misma función. El hecho de que hayan sido provisionales no es condición para que trabajen por prestación de servicios. Para eso hay programas como ‘Talento, no palanca’. Si hago 400 contratos así, me investigan de inmediato".

La secretaria de Integración Social es consciente de que hay muchas personas en proceso de desvinculación que cuentan con protección especial, debido a su condición de vulnerabilidad. No obstante, argumenta que “hay que determinar la estabilidad laboral reforzada, pues es un derecho que se tiene que analizar con muchos matices, porque todo el mundo se podría apegar a eso”. Según la funcionaria, por estos días se realizan muchos análisis y se viene haciendo una lista de chequeo, porque en estos casos se debe hacer lo que sea indiscutible. “Lo discutible se debe llevar ante los jueces, que determinan si una persona tiene o no esa condición de estabilidad laboral reforzada. No se puede quitar el derecho de una persona que pasó el concurso por algo que deben decidir los jueces”, manifiesta.

Navarro agrega que hay una mesa de estabilidad reforzada que evalúa rutas de empleo en otras entidades y que también revisan mapas de pobreza de cada uno, para saber cómo poder mitigar la situación. Por último, afirma que evaluaron todo tipo de acciones afirmativas, pero que comprometerse con una fecha de reingreso o de resolución de este problema sería irresponsable.

El siguiente episodio se llevará al plano político y jurídico. Concejales de diferentes corrientes vienen acompañando al grupo de afectadas y entre hoy y el viernes se reunirán para evaluar posibles soluciones. Por ahora, lo único claro es que el Distrito debe respaldar a quienes ganaron el concurso, pero también garantizar que aquellas con protección especial puedan tener un sustento, y más en una época convulsa como la que atraviesa la humanidad.