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Una nueva piedra en el zapato se metió en el polémico proyecto del Corredor Verde Séptima, abanderado internacionalmente y criticado por varios sectores por su implicancia en la movilidad de uno de los corredores más importantes de la capital. En una nueva movida, el Juzgado 35 Penal de Bogotá admitió la demanda de dos ciudadanos.
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La acción popular fue interpuesta por Juan Esteban Matallana, quien es candidato a edil de Chapinero por el Nuevo Liberalismo, y estudiante de los Andes; y Diego Escallón Arango, profesor de los Andes y consultor público. El documento fue radicado el 4 de septiembre y consta de más de 60 páginas en las que argumentan detalladamente una presunta amenaza a los derechos colectivos de la ciudadanía y otras irregularidades en el proyecto. Señalan, además, las promesas de campaña de López en las que decía no construir Transmilenio por la Séptima.
El Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, aceptó la demanda, ya que cumple con los requisitos formales exigidos en el artículo 18 de la Ley 472 de 1998. El juzgado añadió que en vista de que el Corredor Verde se encuentra en un proceso de licitación con terceros, exigió una reunión con los consorcios interesados en contratar la obra con el IDU. “Así mismo, dadas las pretensiones de la demanda y los efectos que pueda causar su eventual prosperidad frente a terceros, se considera necesario vincular a las empresas, sociedades, consorcios o uniones temporales que han presentado ofertas dentro de las licitaciones públicas”, indica el documento de aceptación del juzgado.
El IDU tiene un plazo de dos días para brindar la información de los contratistas interesados en construir la obra, para iniciar el proceso penal que continuará en los próximos días y definirá el futuro del proyecto, que ha sido eje de críticas de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. La semana pasada, cuatro candidatos (Gustavo Bolívar, Carlos Fernando Galán, Rodrigo Lara, y Diego Molano) firmaron en vivo en el debate de El Espectador, una carta pidiéndole a la alcaldesa, Claudia López, frenar el proyecto.
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Las acciones contra el corredor se suman con el paso de los meses. Hace poco, Camilo Rubiano, concejal de Bogotá, anunció medidas judiciales para impedir que el Corredor Verde sea una realidad. “Anunciamos que instauraremos acciones penales, disciplinarias y fiscales en contra de la Alcaldesa, la Secretaria de Movilidad, el Director del IDU y el Gerente del Proyecto. Nuestra decisión de tomar acciones legales se fundamenta en presuntas vulneraciones del derecho de planeación en contratación estatal”, indicó el concejal a través de un comunicado.
¿Qué dice el IDU?
El IDU respondió ante este nuevo intento por frenar el Corredor Verde. Anunció que ya fue notificado de la acción popular y presentará sus pruebas de que la obra no vulnera los derechos de la ciudadanía. “Sobre esta Acción Popular, la administración Distrital, en cabeza del IDU y en el marco de la instancia judicial correspondiente, presentará los hechos y pruebas que fundamentan la apertura de las licitaciones en su debida forma, y demostrará que no existe vulneración alguna de los derechos colectivos invocados por los accionantes”, indica la entidad en un comunicado.
“La Administración Distrital es consciente de la importancia de esta avenida para la ciudad y por ello trabaja en desarrollar allí el primer Corredor Verde de Bogotá, un proyecto que mejorará la movilidad de miles de ciudadanos usuarios de la carrera Séptima”, termina el comunicado.
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