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¿Quién no quiere que la nueva generación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para Bogotá tenga una visión actualizada, con lecciones aprendidas a raíz de la pandemia, sobre lo que un distrito capital debería proveer en términos de calidad y cuidado para sus habitantes, sean estos urbanos o rurales?
Conozca más del POT y de las propuestas que son debatidas en el Concejo en Lo que debe saber del POT de Bogotá
El POT vigente ha tenido varios intentos de reformulación y en esta ocasión, está a punto de aprobarse. A esta altura del proceso, las tres ponencias radicadas fueron positivas con modificaciones, lo que significa que en el escenario del Concejo de Bogotá está viva la oportunidad de precisar lo que corresponda para que la ciudadanía se sienta tranquila con las decisiones territoriales que tendrán repercusión a largo plazo (en principio hasta 2035).
Parecen buenas noticias a primera vista, ya que, al leer el documento de la propuesta radicada en el Concejo de Bogotá (http://www.sdp.gov.co/micrositios/pot/presentacion-concejo-distrital), aparecen conceptos hacia una ciudad más verde, mejor conectada regional y localmente, que presta atención a la ruralidad, donde el agua está llamada a tener un rol protagónico, se habla de una ciudad multimodal, que genera oportunidades y bastante vivienda nueva.
Dado que las discusiones en el Concejo de Bogotá están teniendo lugar en este momento y que el tiempo se agota, existe cierta incertidumbre porque se apruebe una versión que no incluya algunos ajustes pertinentes. Más que criticar, porque reconozco el compromiso de varios equipos predecesores y actuales, así como el trabajo intenso de funcionarios de la secretaría distrital de planeación SDP, he decidido al menos listar algunos de los apartes que desde la academia considero útiles para la discusión.
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Para comenzar, si bien el POT incluye elementos asociados al componente del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET en la ruralidad, ignora por completo esa figura en el ámbito urbano, de carácter regional, siendo una iniciativa de Bogotá-Soacha y la única de este tipo prevista para el país.
En el Componente General, como principio rector del ordenamiento territorial, escasamente se nombra la promoción de la paz “a través de la reducción de los desequilibrios territoriales que caracterizan la ciudad, garantizando entornos urbanos y rurales con mejores condiciones para la sana convivencia”, artículo 4 (numeral 11).
Acudiendo a la memoria o a la desmemoria en Colombia, valdría la pena articular bajo este principio, al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en la visión territorial, la cual es clave principalmente para el Sumapaz, las y los sumapaceños. Igualmente merecería una articulación con la Instancia Especial de Género que hace seguimiento a la Comisión de la Verdad, tanto en el Componente Rural como para los procesos PDET, y reconocer una deuda pendiente, al incluir a las víctimas de conflicto armado, entre ellas a mujeres víctimas de violencias basadas en género en ese contexto, como partícipes en la construcción de los territorios urbanos y rurales.
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A medida que se avanza en la lectura detallada del articulado que compone la propuesta, comienzan a aparecer contradicciones que inquietan particularmente frente al uso residencial, al cruzar cuadros de criterios y condiciones, con la cartografía. Tal es el caso de las áreas de actividad -de grandes servicios metropolitanos, estructurantes y de proximidad-. Es decir, cuando se pasa de los conceptos e ideas de planeación, a la geolocalización y cuando se modela el impacto en el territorio.
Aunque el articulado radicado en el Concejo en septiembre de 2021 propone en su artículo 580 un Sistema de Participación Territorial, con una redacción que genera expectativas hacia la “co-creación, cogestión, evaluación, seguimiento y control social del POT”, al ver con cuidado los colores asignados que indican los planos, inquieta inmediatamente encontrar decisiones ya tomadas, con transformaciones realmente significativas sobre áreas de tradición residencial.
¿Cómo es posible mejorar la calidad de vida de los residentes sin haber consultado en proceso participativo efectivo estas decisiones, sin dar prioridad a quienes habitan con arraigo los lugares a intervenir? Por cierto, debería diferenciarse entre un residente y un morador flotante.
Esta situación de expectativas se repite en el subcapítulo de protección a moradores y actividades productivas, artículos 370 a 377, enfocado en esencia al tratamiento de renovación. Si bien se plantean opciones de permanencia o reubicación, las condiciones de protección son inciertas en el tratamiento de consolidación, al conducir al debilitamiento del uso residencial principal, lo cual pareciera ser un objetivo implícito, que no deja de sorprender.
Esta semana precisamente, se realizó un conversatorio con cuatro concejales de la ciudad (Susana Muhamad, Diego Laserna, Martín Rivera y Carlos Carrillo) en los que se compartieron aportes desde el Observatorio de Vivienda de la Universidad de los Andes mediante cortas ponencias de los profesores Diego Velandia (hábitat y vivienda), Carolina Blanco (gobernabilidad), Manuela Guzmán (Agua e Infraestructura) y Erik Vergel (Movilidad, accesibilidad y vivienda), así como se escucharon las observaciones de los concejales y se logró atender algunas preguntas de los asistentes.
En el evento se invitó a que sea la Administración Distrital quien lidere un concepto de calidad del hábitat que vaya más allá de metros cuadrados o de viviendas iniciadas y/o promocionadas como indicador, para que las familias de menos ingresos sean beneficiadas con mejores viviendas. En cuanto a calidad de edificaciones existentes, por ejemplo, es muy preocupante que al concebir las cocinas y baños como “espacios no habitables”, se esté permitiendo que estos queden sin ventanas, iluminación natural, ni ventilación cruzada, la cual se autoriza ventilar por ductos (Artículo 337), como si la pandemia no hubiera recordado la importancia rigor en el diseño arquitectónico.
Por otro lado, al hablar de gobernabilidad y gobernanza, se insistió en fortalecer la participación ciudadana incidente, que es real solo cuando existe apropiación comunitaria, e impacta positivamente en el mantenimiento y dinamismo del espacio público y privado. A su vez se sugirió complementar las ideas de los corredores ecosistémicos, acogiendo la idea de las ciudades sensibles al agua que incorporan espacios verdes con retención de agua (infraestructura verde-azul).
Desde una escala menor, en el espacio público, es preocupante que el artículo 132 exhorte a la ciudadanía y contribuyentes, a “ejecutar las obras de adecuación y mantenimiento necesarias para que la superficie de los andenes que se localizan frente a sus predios sean continuos, libre de obstáculos y de igual nivel”, lo cual es competencia del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU para garantizar intervenciones integrales que hagan posible un espacio público con diseño universal y no terminen siendo objeto de gustos e intereses individuales, sobre el interés general.
En la escala regional se destacó la importancia de coordinar con municipios vecinos los potenciales impactos de la infraestructura férrea en el ordenamiento territorial (escenarios de suburbanización en municipios vecinos versus ciudades satélite más compactas), como también la incorporación de una estrategia DOT (desarrollo orientado al transporte sostenible) a nivel de ciudad que permita promover la participación ciudadana en procesos de revitalización urbana a través de la generación de vivienda de interés social en áreas servidas por la infraestructura de transporte masivo.
Por último, al sobreponer el contenido de artículos como el 234 y el 243, con las cartografías CU-5.1 y CU-5.2 se revela una proporción desbordante de áreas de actividad estructurante (AAE) y en tratamiento de renovación (R)-, situación que puede conducir a la vulneración de los derechos de residentes tradicionales que se van a ver prácticamente expulsados de sus viviendas.
En este sentido, tal vez la contradicción más grande que tiene este proyecto de acuerdo POT, es que territorializa el sistema de cuidado, soportado en servicios de proximidad con servicios esenciales que pudimos reconocer durante la pandemia y que aplaudo, pero al mismo tiempo abre la posibilidad para que en la mezcla de usos con servicios no esenciales, se desdibuje el papel fundamental que tiene la vivienda como núcleo de la vida cotidiana a escala humana, desprotegiendo la posibilidad del encuentro y el respeto por cada ciclo de vida.
La vivienda debe ser garante del derecho al descanso y a la tranquilidad. Ojalá tuviésemos memoria frente al deterioro de algunos barrios, resultado de la mezcla de usos que el POT vigente propuso en su momento, y que hoy demuestra como conflictivos para la vivienda y en detrimento de la calidad de vida de sus residentes, no siempre de sus moradores.
Desde acá se hace un llamado al Concejo de Bogotá D.C. así como a la Administración Distrital a medir los alcances de una propuesta territorial con vigencia a 2035 y cuestionar si podrán ejecutarse y financiarse en ese plazo, las transformaciones que propone el POT en la cartografía, o si el riesgo de promover especulación o la pérdida de captura de plusvalías podría evitarse a tiempo si se actúa ahora.
* Arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Ingeniería Socioambiental y PhD en Arquitectura y Diseño Estructural de la Universidad de Hokkaido, Japón. Profesora asistente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes.