La cruzada de la ciudad por recuperar el espacio público

Caminar por Bogotá y sus barrios es encontrarse con un cúmulo de sinergias, que los vecinos establecen con su territorio. A modo de réplica, en la ciudad se repiten una y otra vez episodios en los cuales la comunidad de un barrio opta por la adopción de un espacio público, para establecer con sus recursos un parque o una simple estación de descanso al aire libre. Sin embargo, dadas las limitaciones inherentes de esta acción popular, las infraestructuras instaladas palidecen al paso del tiempo y terminan por deteriorarse.

Caminar por Bogotá y sus barrios es encontrarse con un cúmulo de sinergias, que los vecinos establecen con su territorio. A modo de réplica, en la ciudad se repiten una y otra vez episodios en los cuales la comunidad de un barrio opta por la adopción de un espacio público, para establecer con sus recursos un parque o una simple estación de descanso al aire libre. Sin embargo, dadas las limitaciones inherentes de esta acción popular, las infraestructuras instaladas palidecen al paso del tiempo y terminan por deteriorarse.

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La primera alternativa, casi siempre, es acudir a la ayuda del Distrito para que, a través del IDRD y entidades semejantes, les den una mano con el equipamiento del parque y las mejoras de sus zonas. Infortunadamente, dados los vacíos legales en torno a la propiedad de un espacio público con las características mencionadas, las autoridades no podían invertir un solo peso en estos parques. El hecho de que estos predios no hicieran parte formal del inventario del Distrito hacía imposible la inyección económica, aun cuando su destino no sea otro que el disfrute comunal.

En aras de resolver este bucle infinito de imposibilidades, la Alcaldía emitió el Decreto 072, el cual contiene un insumo de instrumentos jurídicos que le permitirán al Distrito establecer un protocolo de incorporación para que estos espacios de cesión, por parte de particulares, entren al inventario del inmobiliario distrital. Así se lo explicó a El Espectador Alejandra Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Defensoría Del Espacio Público (DADEP), una de las promotoras de la normativa.

“Lo primero que logra el decreto es la facilidad en la incorporación de nuevos metros cuadrados de espacio público. Lo que hicimos a raíz de este decreto fue añadir lo que ya existe y lo que se le pueda añadir. Tenemos el caso de barrios en los que se hicieron parques y no han tenido inversión y con este decreto vamos a poder mejorarlo, mediante su incorporación al mobiliario público”.

Pero la utilidad del decreto no solo queda en los barrios y las iniciativas comunitarias. Una parte del artículo que dimana del decreto hace que en el despliegue de una obra pública, como la de una vía, también se pueda hacer una incorporación de espacio público. “Digamos que el IDU construye una vía y en ese terreno donde se hacía la vía tenía predios que no hacían parte del inventario. Pues ahora, después del decreto, ya con la construcción de la obra, lo incorporamos automáticamente”, comentó la directora del DADEP.

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Casos de éxito

Tras 10 meses después de que se expidiera el decreto, el DADEP ya pudo poner en práctica su utilidad jurídica. El Espectador pudo conocer dos casos puntuales en los que ya se realizó la incorporación fluida de nuevo espacio en la ciudad. El primero consiste en el proyecto de revitalización en el ámbito del cable aéreo de San Cristóbal. Dadas las obras públicas que van a tener en la zona, para equipar las inmediaciones del futuro medio de transporte, el Distrito pudo incorporar cerca de 1.500 m² en el sector de Altamira, que van desde la calle 42A sur a la calle 43. Se espera que en estos lugares se adelanten los proyectos integrales de proximidad, como los andenes, alamedas e infraestructura del cuidado, que rodearán el cable.

El segundo reside en el Parque Veraguas, en la localidad de Puente Aranda. Para este caso, la Caja de Vivienda Popular cedió al distrito seis predios que componen el parque que, a pesar de que funcionaba como público, no le pertenecía al Distrito. Ahora, gracias a su incorporación, está listo para recibir inversión pública, que mejore el equipamiento del parque.

Compensación: punto neurálgico del 072

Existe otra herramienta presente en el decreto que, a simple vista, despertó algunas inquietudes. De acuerdo con lo planteado en la norma, se abre la posibilidad de que algunos privados puedan compensar económicamente o en metros cuadrados la ocupación de antejardines u otro tipo de espacio de interés público. La premisa, a simple vista, podría ser interpretada como una posibilidad de “comprar” espacio público para los privados. Sin embargo, esto no es del todo así. Pedro Solarte, abogado catastral, estudioso del decreto, le explicó a este diario que este componente de la norma solo aplicaría para casos excepcionales, en donde “haya una imposibilidad técnica y justificada para ceder el espacio”.

A tal efecto, cuando no se pueda llevar a cabo la devolución de los predios, el privado “deberá acordar con el Distrito otro tipo de compensación, ya sea económica o en metros cuadrados, en otro lugar de la ciudad”. Esto fue confirmado por la directora del DADEP, quien aclaró que “el espacio público de la ciudad no está en venta. Lo que se propone aquí es que se puedan dar compensaciones para la ciudad y los casos de imposibilidad en la cesión de predios no queden atorados.

Por ejemplo, un privado que no nos pueda devolver el espacio puede construir un parque en otro punto de la ciudad o pagar una compensación económica”. Esta suma se calcularía con base en los metros cuadrados del área a sustituir multiplicados por su valor de referencia y sumados al costo de adecuación por m². Esta parte del decreto, en todo caso, solo aplicará a casos específicos. El uso de estos eventuales recursos, puntualizó Rodríguez, corre por cuenta de la Secretaría de Hacienda.

Sobre esta figura, El Espectador conoció dos casos puntuales. Uno de ellos, ya en curso de compensación, insta a Moraga, urbanización del norte de Bogotá, a pagar por la ocupación de 1.462 m² que no pueden ser utilizados para la construcción de unas vías. El otro, un poco más enredado, implica a la Embajada de Estados Unidos. El complejo consular estaría ocupando una “muela” en el costado oriental, de casi 1.000 m² de zonas verdes que, en teoría, le pertenecen al Distrito. Estos antejardines, con el RUPI 1677-2, deberían ser destinadas a zonas recreativas. Este diario pudo conocer que el Distrito está en diálogos con la Embajada para definir el proceso compensatorio.

La apropiación que como ciudadanos hacemos de nuestra ciudad, en el día a día, debe ser respaldada con más metros cuadrados de espacio público. Solo así será posible la Bogotá caminable que todos queremos.

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