El defensor de los vendedores ambulantes de Bogotá

Augusto Ocampo luchó desde que era un niño por su supervivencia y la de su familia, a través de trabajos informales. Fue aprendiz de mecánico, mesero y vendedor en los buses y en la calle. A los 18 años, su jornada laboral empezaba en el estacionamiento de busetas de Suba Rincón, uno de los barrios más pobres de Bogotá. Hoy es abogado especialista en derecho penal y, por su historia, conoce perfectamente las condiciones en las que miles de personas ejercen las ventas informales en la ciudad. A raíz del reciente anuncio de la administración de recuperar el espacio público, este abogado ha emprendido una cruzada para defender los derechos fundamentales de esa población.

Ocampo logró pagar parte de su carrera de derecho en la Universidad Católica vendiendo incienso, pañoletas y artesanías. Hizo un posgrado en investigación criminal y ha llegado a ocupar cargos como juez penal de circuito y magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. En la administración de Gustavo Petro trabajó tres años como director distrital de asuntos disciplinarios y luego como gerente de litigios de la Empresa de Energía de Bogotá, cargo en el que estuvo hasta hace quince días. Ahora trabaja desde su oficina Ocampo Camacho & Asociados, junto con su equipo de abogados, en un objetivo claro: asesorar y representar legalmente a los vendedores ambulantes de la ciudad, de forma gratuita.

Los operativos

La semana pasada, como parte del plan de choque en materia de seguridad que tiene la alcaldía de Enrique Peñalosa, se realizó la primera operación para recuperar el espacio público en la avenida Chile (calle 72 con Séptima). Allí fueron desalojados casi 300 vendedores informales, quienes fuera de denunciar posibles maltratos de la Policía, le hicieron un llamado a la administración para que les ofrezca alternativas antes de dejarlos sin trabajo.

Ante el llamado, el Instituto para la Economía Social (IPES) adelanta diálogos con los afectados, en los que les está ofreciendo a 200 de ellos reubicación en quioscos o puntos comerciales, y puestos en plazas de mercado para quienes venden productos perecederos. A esto se suman programas de formación y capacitación.

El secretario de Gobierno, Miguel Uribe, aseguró que estas ofertas están dirigidas a quienes legítimamente buscan un sustento para su familia a través de las ventas, ya que la Policía trabaja en la identificación de las grandes redes que se han tomado ilícitamente el espacio público.

“Encontramos una relación directa entre el espacio público libre y la seguridad ciudadana. En el operativo de la 72 incautamos 40 gramos de estupefacientes y capturamos dos personas por porte ilegal de armas. Así que con estas acciones estamos acabando con el vandalismo, con la publicidad ilegal y el crimen. Plantearemos una estrategia para trabajar de la mano con los vendedores que quieran un empleo formal y trabajaremos por desmantelar esas mafias que se han tomado el espacio público” dijo.

El proceso

El secretario de Gobierno reconoció que en la primera recuperación de espacio público en la calle 72 no hubo una concertación previa con los vendedores. Es precisamente ese punto en el que el abogado Augusto Ocampo centrará su estrategia jurídica. Según el defensor, parece que la administración desconoce las decisiones de la Corte Constitucional sobre los vendedores ambulantes. “Está bien y es loable que el alcalde pretenda recuperar el espacio público. De hecho, tiene un amparo constitucional para hacerlo, pero dice la Corte Constitucional que eso no puede establecer, como ha venido ocurriendo, una violación al derecho al trabajo y a la vida en condiciones dignas de estas personas” aseguró Ocampo.

Uno de los ejemplos es la sentencia T-396 de 1997, proferida por la Corte Constitucional, que responde a la tutela que radicaron 1.016 vendedores ambulantes de diversas localidades de Bogotá contra el hoy alcalde Enrique Peñalosa. “Pese a que el interés general de preservar el espacio público prima sobre el interés particular de los vendedores ambulantes, es necesario conciliar proporcional y armoniosamente los derechos y deberes en conflicto. El desalojo está permitido, siempre y cuando exista un proceso que lo autorice y se dispongan políticas que garanticen que los ocupantes no queden desamparados”, reza el documento.

Así como esta sentencia, hay otras en las que los jueces exigen procesos de concertación y la creación de políticas públicas para formalizar y dignificar el trabajo de los vendedores ambulantes. Este abogado tiene clara la labor que llevará a cabo y su compromiso con los vendedores. Su trabajo ya empezó. Ante el anuncio de nuevos operativos, él pidió acompañamiento de la Defensoría, la Personaría y la Procuraduría y les pidió hacer un seguimiento de los casos en los que se presentan abusos policiales, ya que hay denuncias de lesiones y abuso de autoridad.

Ocampo piensa instaurar una acción de cumplimiento en relación con la normas y decretos establecidos por la administración anterior, que buscaba la protección de esta población. “Estoy totalmente matriculado con el compromiso que esto requiere al representarlos, tomar las acciones y empoderarlos. Primero, en aras de defenderlos, para que no se les vulneren sus derechos fundamentales. Como muchos desconocen las leyes y no tienen quién los asesore, se han resignado a la posibilidad de no ejercer su defensa”, señala.

El abogado argumenta que en el primer operativo del año no se respetó el debido proceso. “Está mal que quien ostenta el segundo cargo más importante del país repita la historia frente al desconocimiento del respeto por los derechos de personas honestas en condiciones de vulnerabilidad”.

Muchas administraciones han pasado desde entonces y este sigue siendo uno de los problemas más difíciles que enfrenta la capital y al que esta administración promete ponerle “tatequieto”. Hoy, según el más reciente censo del IPES, hay 49.200 vendedores informales registrados en la ciudad, quienes trabajan en 14 localidades. Esto muestra que la lucha que inició la Alcaldía por recuperar el espacio público será una tarea compleja.

Y mientras el Distrito se prepara, los vendedores ambulantes harán lo propio. Según Ocampo, se adelantarán acciones legales para garantizar la protección de sus derechos. Mañana se realizará una audiencia pública sobre vendedores informales, a la que se invitó al alcalde Enrique Peñalosa, al secretario de Gobierno, al comandante de la Policía de Bogotá y al secretario de Desarrollo Económico. La idea es discutir las últimas medidas ordenadas por la administración e indagar las alternativas laborales y de inclusión social que se les brindarán a las personas que resulten afectadas.

Augusto Ocampo luchó desde que era un niño por su supervivencia y la de su familia, a través de trabajos informales. Fue aprendiz de mecánico, mesero y vendedor en los buses y en la calle. A los 18 años, su jornada laboral empezaba en el estacionamiento de busetas de Suba Rincón, uno de los barrios más pobres de Bogotá. Hoy es abogado especialista en derecho penal y, por su historia, conoce perfectamente las condiciones en las que miles de personas ejercen las ventas informales en la ciudad. A raíz del reciente anuncio de la administración de recuperar el espacio público, este abogado ha emprendido una cruzada para defender los derechos fundamentales de esa población.

Ocampo logró pagar parte de su carrera de derecho en la Universidad Católica vendiendo incienso, pañoletas y artesanías. Hizo un posgrado en investigación criminal y ha llegado a ocupar cargos como juez penal de circuito y magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. En la administración de Gustavo Petro trabajó tres años como director distrital de asuntos disciplinarios y luego como gerente de litigios de la Empresa de Energía de Bogotá, cargo en el que estuvo hasta hace quince días. Ahora trabaja desde su oficina Ocampo Camacho & Asociados, junto con su equipo de abogados, en un objetivo claro: asesorar y representar legalmente a los vendedores ambulantes de la ciudad, de forma gratuita.

Los operativos

La semana pasada, como parte del plan de choque en materia de seguridad que tiene la alcaldía de Enrique Peñalosa, se realizó la primera operación para recuperar el espacio público en la avenida Chile (calle 72 con Séptima). Allí fueron desalojados casi 300 vendedores informales, quienes fuera de denunciar posibles maltratos de la Policía, le hicieron un llamado a la administración para que les ofrezca alternativas antes de dejarlos sin trabajo.

Ante el llamado, el Instituto para la Economía Social (IPES) adelanta diálogos con los afectados, en los que les está ofreciendo a 200 de ellos reubicación en quioscos o puntos comerciales, y puestos en plazas de mercado para quienes venden productos perecederos. A esto se suman programas de formación y capacitación.

El secretario de Gobierno, Miguel Uribe, aseguró que estas ofertas están dirigidas a quienes legítimamente buscan un sustento para su familia a través de las ventas, ya que la Policía trabaja en la identificación de las grandes redes que se han tomado ilícitamente el espacio público.

“Encontramos una relación directa entre el espacio público libre y la seguridad ciudadana. En el operativo de la 72 incautamos 40 gramos de estupefacientes y capturamos dos personas por porte ilegal de armas. Así que con estas acciones estamos acabando con el vandalismo, con la publicidad ilegal y el crimen. Plantearemos una estrategia para trabajar de la mano con los vendedores que quieran un empleo formal y trabajaremos por desmantelar esas mafias que se han tomado el espacio público” dijo.

El proceso

El secretario de Gobierno reconoció que en la primera recuperación de espacio público en la calle 72 no hubo una concertación previa con los vendedores. Es precisamente ese punto en el que el abogado Augusto Ocampo centrará su estrategia jurídica. Según el defensor, parece que la administración desconoce las decisiones de la Corte Constitucional sobre los vendedores ambulantes. “Está bien y es loable que el alcalde pretenda recuperar el espacio público. De hecho, tiene un amparo constitucional para hacerlo, pero dice la Corte Constitucional que eso no puede establecer, como ha venido ocurriendo, una violación al derecho al trabajo y a la vida en condiciones dignas de estas personas” aseguró Ocampo.

Uno de los ejemplos es la sentencia T-396 de 1997, proferida por la Corte Constitucional, que responde a la tutela que radicaron 1.016 vendedores ambulantes de diversas localidades de Bogotá contra el hoy alcalde Enrique Peñalosa. “Pese a que el interés general de preservar el espacio público prima sobre el interés particular de los vendedores ambulantes, es necesario conciliar proporcional y armoniosamente los derechos y deberes en conflicto. El desalojo está permitido, siempre y cuando exista un proceso que lo autorice y se dispongan políticas que garanticen que los ocupantes no queden desamparados”, reza el documento.

Así como esta sentencia, hay otras en las que los jueces exigen procesos de concertación y la creación de políticas públicas para formalizar y dignificar el trabajo de los vendedores ambulantes. Este abogado tiene clara la labor que llevará a cabo y su compromiso con los vendedores. Su trabajo ya empezó. Ante el anuncio de nuevos operativos, él pidió acompañamiento de la Defensoría, la Personaría y la Procuraduría y les pidió hacer un seguimiento de los casos en los que se presentan abusos policiales, ya que hay denuncias de lesiones y abuso de autoridad.

Ocampo piensa instaurar una acción de cumplimiento en relación con la normas y decretos establecidos por la administración anterior, que buscaba la protección de esta población. “Estoy totalmente matriculado con el compromiso que esto requiere al representarlos, tomar las acciones y empoderarlos. Primero, en aras de defenderlos, para que no se les vulneren sus derechos fundamentales. Como muchos desconocen las leyes y no tienen quién los asesore, se han resignado a la posibilidad de no ejercer su defensa”, señala.

El abogado argumenta que en el primer operativo del año no se respetó el debido proceso. “Está mal que quien ostenta el segundo cargo más importante del país repita la historia frente al desconocimiento del respeto por los derechos de personas honestas en condiciones de vulnerabilidad”.

Muchas administraciones han pasado desde entonces y este sigue siendo uno de los problemas más difíciles que enfrenta la capital y al que esta administración promete ponerle “tatequieto”. Hoy, según el más reciente censo del IPES, hay 49.200 vendedores informales registrados en la ciudad, quienes trabajan en 14 localidades. Esto muestra que la lucha que inició la Alcaldía por recuperar el espacio público será una tarea compleja.

Y mientras el Distrito se prepara, los vendedores ambulantes harán lo propio. Según Ocampo, se adelantarán acciones legales para garantizar la protección de sus derechos. Mañana se realizará una audiencia pública sobre vendedores informales, a la que se invitó al alcalde Enrique Peñalosa, al secretario de Gobierno, al comandante de la Policía de Bogotá y al secretario de Desarrollo Económico. La idea es discutir las últimas medidas ordenadas por la administración e indagar las alternativas laborales y de inclusión social que se les brindarán a las personas que resulten afectadas.