El “demonio” de los tierreros: más vigente que nunca en Bogotá

No es la primera vez que en Bogotá hay un pleito legal por la ocupación ilegal de un lote. Se ha escrito sobre el tema tanto en la prensa, como en los archivos que reposan en las comisarías de la ciudad. El “demonio” de los denominados “tierreros” (personas dedicadas a usurpar la propiedad de baldíos), a través de vías de hecho y escaramuzas legales, para luego revenderlos, sigue más presente que nunca. La más reciente denuncia en el Concejo de Bogotá da prueba de ello.

No es la primera vez que en Bogotá hay un pleito legal por la ocupación ilegal de un lote. Se ha escrito sobre el tema tanto en la prensa, como en los archivos que reposan en las comisarías de la ciudad. El “demonio” de los denominados “tierreros” (personas dedicadas a usurpar la propiedad de baldíos), a través de vías de hecho y escaramuzas legales, para luego revenderlos, sigue más presente que nunca. La más reciente denuncia en el Concejo de Bogotá da prueba de ello.

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En el recinto de Los Comuneros, el concejal Rubén Torrado denunció, la semana pasada, que un lote de interés público, cedido al IDRD, estaba a punto de caer en las manos de un tierrero de la vieja usanza. En su intervención, el cabildante trajo a colación un pleito que cursa en la inspección 7C Distrital de Policía, en la localidad de Bosa. Allí, Emigdio Sánchez Aguirre radicó en julio una querella para defender la supuesta posesión que habría ejercido por 10 años sobre un predio en la carrera 84A n.° 56B-17.

Este lote, en particular, tiene la salvedad de ser un bien de interés público, por lo cual fue cedido al IDRD para construir un parque. No obstante, en la querella que levantó Emigdio no solo dice ser el dueño, sino que señala a Isaac Sánchez de haber tumbado el vallado que tenía en ese terreno. En los folios de la audiencia pública, a los cuales tuvo acceso El Espectador, el querellado contradijo la propiedad que dice tener Emigdio y argumentó que él había pagado $25 millones como anticipo para comprar el baldío. Dicha transacción se hizo con un tal Rodrigo Carvajal, quien ni siquiera aparece entre los citados por la inspección de policía.

En vista de un aparente acto de ingenuidad, Isaac le entregó el dinero a Carvajal sin hacerle firmar promesa de compraventa ni solicitarle documentos que acreditaran la propiedad del inmueble. Semanas después, se desplazó al lote para averiguar por Carvajal y encontró que el predio había sido delimitado con una cerca, que él decidió tumbar en varias oportunidades, para instalarse con el argumento de defender su compra.

Un tercer involucrado

En este caso, que a simple vista figuraría como estafa, “el diablo”, se esconde en los detalles. En el acta de audiencia pública aparece un nuevo actor: la sociedad Santa Ana de Britania, dueña de una estación de gasolina aledaña al predio en disputa, que sería la legítima propietaria del lote. La abogada que los representa, Diana Vásquez, y el administrador, Rafael Vargas, aseguran que el señor Emigdio Sánchez busca apropiarse del predio que ya tiene dueño.

Denuncian que, a mediados de febrero, una persona les solicitó permiso para guardar en el terreno material de construcción, de una supuesta concesionaria que adelantaba obras en la zona y optaron por dárselo. Los días transcurrieron y los miembros de la sociedad, dicen, se percataron de que en el predio había un cambuche y una caseta de vigilancia, lo cual levantó sospechas. Al indagar, descubrieron que ahí no había ninguna concesionaria y que todo había sido una mentira para invadir el predio.

Al desalojar el terreno —según dijeron los representantes de la sociedad en la audiencia pública—, se encontraron con la sorpresa de que les pretendían cobrar los servicios de vigilancia prestados en el lote. No obstante, con papeles en mano, entre ellos el certificado de tradición y los permisos para desarrollar actividades urbanísticas (en los que pactó la cesión de parte del lote para el parque), la sociedad desmintió a los Sánchez que pelean por la propiedad. Si bien, la inspección de Policía devolvió el manejo del terreno a la sociedad, su decisión no es definitiva. El caso sigue activo, pues Emigdio también presentó documentos en los que insiste en ser el propietario.

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Prácticas repetitivas

No es la primera vez que Emigdio Sánchez figura en un pleito semejante. Una investigación de El Espectador, en 2012, lo relacionó con un proceso en el sector de Porvenir (Bosa). En aquella oportunidad, Sánchez se fue a los tribunales con Metrovivienda, por un predio en el que la entidad adelantaba obras. Sánchez afirmó la tenencia del terreno por cuatro años con un parqueadero. Al final, la justicia resolvió que Metrovivienda era propietario legítimo de la tierra.

Sin embargo, de 2009 a 2012, Emigdio estuvo presente en 10 procesos legales por el mismo tema. Las características de los litigios eran las mismas: enviaban a una persona de bajos recursos a cuidar un parqueadero, instalado en un baldío, para acreditar la tenencia. Luego llegaban las querellas y los fallos, que en su mayoría favorecían al reclamante.

En el caso actual, la defensa de Sánchez intenta acreditar la propiedad del predio mediante documentos de transferencia de dominio. Ahí se aprecia que dicho lote fue objeto de tres traspasos: en 2019, el traspaso se le acreditó al señor Ómar López, quien se lo compró por $185 millones a Fredy Gasca. A su turno, Ómar López le cedió el terreno a Sánchez por $225 millones. Al ser llamado López a declarar, dijo que nunca confirmó la veracidad de los documentos con los que le compró el predio a Gasca y que lo adquirió porque “lo quería usar como parqueadero”, al igual que el dueño anterior.

Llama la atención que las variables del parqueadero, la persona que ocupa el terreno bajo órdenes del supuesto propietario y el protagonista se repiten. Una vez más, el demonio de los tierreros, vuelve a la carga con las mismas estrategias. ¿Dará resultado otra vez?

Este diario contactó al IDRD para conocer su postura frente al tema, dijo que el caso le compete a la Alcaldía local de Bosa.

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