El desalojo en medio de la cuarentena en Altos de la Estancia

En medio de las casas de aluminio y palos de madera que quedan en pie y los restos de las que en estos últimos 15 días han sido desbaratadas, aún viven 70 familias, que más que rabia muestran resignación. Se encuentran en el sector de Altos de la Estancia, en Ciudad Bolívar, un barrio ilegal levantado en un terreno de alto riesgo, por la posibilidad de derrumbes, lo que hace imposible permanecer allí.

La situación ha sido tensionante. Entre quienes quedan y quienes han armado cambuches en un parque aledaño se rotan videos desconsoladores de los desalojos que comenzaron el pasado 2 de mayo, en los que se repiten escenas de mujeres y niños aferrándose a los terrenos (muchos de los cuales no superaban los 30 metros cuadrados), mientras uniformados del Esmad los apartan con fuerza de la zona.

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Don José, uno de los primeros, asegura que la Policía entró a su casa y le dijo que tenía que salir. Intentó buscar a una abogada de una fundación que vive en el barrio aledaño, pero no la encontró, por lo que la única solución que halló fue subirse encima del techo de su casa. “No sentí apoyo de la comunidad, entonces me tocó bajarme. No pude salvar casi nada personal y, lo que quedó botado, la comunidad lo recogió”.

Jaime, quien fue desalojado la semana pasada, asegura que en su caso, a diferencia de los primeros, a él lo dejaron sacar sus cosas, pero esto no dejó de ser traumático para su esposa y sus dos hijos, pues el mayor, quien se encuentra en condición de discapacidad, sufrió un ataque, por lo que debieron ser auxiliados por los vecinos, los mismos que hoy les dan posada.

La mayoría está en una situación similar. Una mujer que se preocupa por los olores de un tubo de aguas negras, que se rompió hace días, señala que su casa, en la que vivía con sus cuatro hijos, fue una de las que desbarataron, por lo que ahora debe estar, con los olores de cañería, en el rancho de su hermano, a donde también tuvo que llegar su mamá.

Si bien las condiciones son adversas no solo por la zona, sino por las condiciones que ha dictado la pandemia, para el Distrito era necesario hacer una intervención urgente en la zona, pues, según señaló el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, los tierreros aprovecharon la emergencia para lotear con lonas el terreno que estaba despejado y empezaron a vender, al punto de que antes de la intervención ya se contaban alrededor de 350 familias asentadas en la zona.  

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El problema no es nuevo. Viene desde 1997, cuando se determinó que en la zona se presenta un fenómeno de remoción de masas, considerado el segundo más grande en zonas urbanas en Latinoamérica, que se caracteriza por desprendimiento superficial de rocas, así como un flujo de suelos. Esto, sumado al proceso de urbanización no planificada y rellenos de escombros en el sector, terminó representando un grave riesgo para los habitantes del barrio.

Por ello, y tras varios deslizamientos, el Distrito declaró el sector como suelo de protección por alto riesgo no mitigable; realizó obras para el manejo de aguas y de contención, ante un posible deslizamiento, y comenzó el reasentamiento de las familias, la mayoría de las cuales fueron llevadas a un barrio cercano en el conjunto residencial Paraíso.

Pese a ello, la zona volvió a ser invadida y nuevamente en 2015 se adelantó un nuevo proceso de reubicación, en el que la Caja de Vivienda Popular les ofreció a los habitantes un subsidio de arrendamiento para buscar nuevas viviendas. Esta última intervención es relevante hoy, porque habría personas en Altos de la Estancia que no han culminado este proceso y, por consiguiente, no pueden ser desalojadas.

De acuerdo con el alcalde (e) de la localidad, Jaime Flórez, es por ello que el fin de semana se realizó un censo en las viviendas que aún quedan en pie, ya que la Secretaría de Hábitat hará el cotejo y verificará quiénes estaban desde antes. Los que no estén en las bases de datos serían víctimas de los tierreros, que en los últimos años se han tomado la zona.

“Ocupar estos terrenos es prácticamente la explotación de familias. Son estructuras criminales que han venido haciendo esto desde hace varios años y que en alguna medida lo que hacen es abrir unas vías y sobre esas van vendiendo lotes a familias pobres. Además se dedican a la venta de droga en el interior de estas invasiones. En este lugar desactivamos tres ollas”, dijo el secretario distrital de Seguridad y Convivencia, Hugo Acero.

Y agregó que por cada predio se llegó a cobrar hasta $2 millones. Asimismo, se han recibido denuncias de menores abusadas y se han identificado estructuras paramilitares y criminales, como resultado de una serie de investigaciones que han realizado en los últimos tres meses. Por su parte, el Distrito ha insistido en que ha ofrecido albergue y alimentación a quienes se encuentran en el predio, como opciones de reasentamiento a las familias. En los Centros Amar se han atendido a los menores de edad.

Si bien en la zona hay zozobra, todos saben que los operativos continuarán. Mientras Flórez indica que el tema ha sido tratado como toma ilegal por vías de hecho y se ha respondido ofreciendo albergue y ayudas de arrendamiento temporal por tres meses, los habitantes insisten en que los primeros días hubo violencia desmedida del Esmad y que no han recibido apoyo del Distrito.

Por ahora, organizaciones como Congreso de Pueblos y los Escudos Azules han acompañado a la comunidad con jornadas recreativas, con el fin de resaltar acciones culturales y ambientales como la de don José, quien rescata perros, o la de Fabián Murillo, el Chiqui, quien les ha enseñado a los menores a hacer rimas y a rapear.

Mientras tanto, personas como Paola Pinto, que tiene dos hijos y vive desde hace ocho años en la zona, se pregunta por lo que vendrá, pues muchos se han quedado sin trabajo por las restricciones y el aislamiento, producto de la pandemia, y como Flórez señala, a esto se le suma el drama de quienes están perdiendo lo poco que tienen y han conseguido con esfuerzo: un terreno en una zona considerada de alto riesgo.

En medio de las casas de aluminio y palos de madera que quedan en pie y los restos de las que en estos últimos 15 días han sido desbaratadas, aún viven 70 familias, que más que rabia muestran resignación. Se encuentran en el sector de Altos de la Estancia, en Ciudad Bolívar, un barrio ilegal levantado en un terreno de alto riesgo, por la posibilidad de derrumbes, lo que hace imposible permanecer allí.

La situación ha sido tensionante. Entre quienes quedan y quienes han armado cambuches en un parque aledaño se rotan videos desconsoladores de los desalojos que comenzaron el pasado 2 de mayo, en los que se repiten escenas de mujeres y niños aferrándose a los terrenos (muchos de los cuales no superaban los 30 metros cuadrados), mientras uniformados del Esmad los apartan con fuerza de la zona.

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Don José, uno de los primeros, asegura que la Policía entró a su casa y le dijo que tenía que salir. Intentó buscar a una abogada de una fundación que vive en el barrio aledaño, pero no la encontró, por lo que la única solución que halló fue subirse encima del techo de su casa. “No sentí apoyo de la comunidad, entonces me tocó bajarme. No pude salvar casi nada personal y, lo que quedó botado, la comunidad lo recogió”.

Jaime, quien fue desalojado la semana pasada, asegura que en su caso, a diferencia de los primeros, a él lo dejaron sacar sus cosas, pero esto no dejó de ser traumático para su esposa y sus dos hijos, pues el mayor, quien se encuentra en condición de discapacidad, sufrió un ataque, por lo que debieron ser auxiliados por los vecinos, los mismos que hoy les dan posada.

La mayoría está en una situación similar. Una mujer que se preocupa por los olores de un tubo de aguas negras, que se rompió hace días, señala que su casa, en la que vivía con sus cuatro hijos, fue una de las que desbarataron, por lo que ahora debe estar, con los olores de cañería, en el rancho de su hermano, a donde también tuvo que llegar su mamá.

Si bien las condiciones son adversas no solo por la zona, sino por las condiciones que ha dictado la pandemia, para el Distrito era necesario hacer una intervención urgente en la zona, pues, según señaló el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, los tierreros aprovecharon la emergencia para lotear con lonas el terreno que estaba despejado y empezaron a vender, al punto de que antes de la intervención ya se contaban alrededor de 350 familias asentadas en la zona.  

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El problema no es nuevo. Viene desde 1997, cuando se determinó que en la zona se presenta un fenómeno de remoción de masas, considerado el segundo más grande en zonas urbanas en Latinoamérica, que se caracteriza por desprendimiento superficial de rocas, así como un flujo de suelos. Esto, sumado al proceso de urbanización no planificada y rellenos de escombros en el sector, terminó representando un grave riesgo para los habitantes del barrio.

Por ello, y tras varios deslizamientos, el Distrito declaró el sector como suelo de protección por alto riesgo no mitigable; realizó obras para el manejo de aguas y de contención, ante un posible deslizamiento, y comenzó el reasentamiento de las familias, la mayoría de las cuales fueron llevadas a un barrio cercano en el conjunto residencial Paraíso.

Pese a ello, la zona volvió a ser invadida y nuevamente en 2015 se adelantó un nuevo proceso de reubicación, en el que la Caja de Vivienda Popular les ofreció a los habitantes un subsidio de arrendamiento para buscar nuevas viviendas. Esta última intervención es relevante hoy, porque habría personas en Altos de la Estancia que no han culminado este proceso y, por consiguiente, no pueden ser desalojadas.

De acuerdo con el alcalde (e) de la localidad, Jaime Flórez, es por ello que el fin de semana se realizó un censo en las viviendas que aún quedan en pie, ya que la Secretaría de Hábitat hará el cotejo y verificará quiénes estaban desde antes. Los que no estén en las bases de datos serían víctimas de los tierreros, que en los últimos años se han tomado la zona.

“Ocupar estos terrenos es prácticamente la explotación de familias. Son estructuras criminales que han venido haciendo esto desde hace varios años y que en alguna medida lo que hacen es abrir unas vías y sobre esas van vendiendo lotes a familias pobres. Además se dedican a la venta de droga en el interior de estas invasiones. En este lugar desactivamos tres ollas”, dijo el secretario distrital de Seguridad y Convivencia, Hugo Acero.

Y agregó que por cada predio se llegó a cobrar hasta $2 millones. Asimismo, se han recibido denuncias de menores abusadas y se han identificado estructuras paramilitares y criminales, como resultado de una serie de investigaciones que han realizado en los últimos tres meses. Por su parte, el Distrito ha insistido en que ha ofrecido albergue y alimentación a quienes se encuentran en el predio, como opciones de reasentamiento a las familias. En los Centros Amar se han atendido a los menores de edad.

Si bien en la zona hay zozobra, todos saben que los operativos continuarán. Mientras Flórez indica que el tema ha sido tratado como toma ilegal por vías de hecho y se ha respondido ofreciendo albergue y ayudas de arrendamiento temporal por tres meses, los habitantes insisten en que los primeros días hubo violencia desmedida del Esmad y que no han recibido apoyo del Distrito.

Por ahora, organizaciones como Congreso de Pueblos y los Escudos Azules han acompañado a la comunidad con jornadas recreativas, con el fin de resaltar acciones culturales y ambientales como la de don José, quien rescata perros, o la de Fabián Murillo, el Chiqui, quien les ha enseñado a los menores a hacer rimas y a rapear.

Mientras tanto, personas como Paola Pinto, que tiene dos hijos y vive desde hace ocho años en la zona, se pregunta por lo que vendrá, pues muchos se han quedado sin trabajo por las restricciones y el aislamiento, producto de la pandemia, y como Flórez señala, a esto se le suma el drama de quienes están perdiendo lo poco que tienen y han conseguido con esfuerzo: un terreno en una zona considerada de alto riesgo.