El desalojo que pone en riesgo a varias familias de Zipaquirá (Cundinamarca)

Una zona residencial ubicada en Zipaquirá (Cundinamarca), está siendo motivo de discusión legal debido a una serie de irregularidades en la compra del terreno, el cual resultó ser ilegal y fue vendido bajo engaños a quienes hoy lo habitan.

De acuerdo con Johanna López Saavedra, representante legal de la asociación provivienda Ciudad Jardín, el lío inició en 1992, cuando el exconcejal de Bogotá y “urbanizador pirata Mariano Enrique Porras llegó, prometiendo 500 soluciones de vivienda y cobrando $1´000.000 (primer pago), en un terreno que compró a unas hermanas con las que hizo (al parecer) escrituras”.

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Cinco años después, ante las inconsistencias, la comunidad instauró una demanda penal en contra de Porras, por el delito de estafa y urbanismo ilegal, por lo que hasta el año 2000 comenzaron las conciliaciones, ante el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá. “Esto era para confirmar la tenencia del terreno que se negoció en el inicio. Para esto debimos pagar nuevamente $1´200.000 por persona para continuar con el proyecto. El 14 de mayo de 2001 nos hacen entrega material del terreno en conjunto con las escrituras a través del Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá”, agrega Johanna López.

Aparentemente, hasta ahí el lío se había solucionado, pero para el 2004, la familia Algarra Nava (presuntos dueños del lote) adelantó un proceso civil de resolución de contrato, el cual, tres años después, tras un fallo de la juez Luz Marina Valencia Solanilla ordenó la restitución del bien inmueble a los demandantes. “Lo más triste de esta historia es que la justicia no fue imparcial y a nosotros no nos tuvieron en cuenta como parte procesal del lío jurídico”, agrega la líder de la comunidad.

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“El primer despacho comisorio se llevó a cabo en 2011, a este presentamos oposición de entrega y el juez escuchó las razones y pospuso la diligencia mientras él revisaba los documentos que aportamos como pruebas. La continuación se llevó a cabo en el 2013 y ahí él confirmó que somos terceros de buena fe. Como era de esperarse, la contraparte apeló aquella decisión y en junio de 2018, una juez de Zipaquirá confirmó la decisión del juez anterior, que somos terceros de buena fe”, explicó López.

Pero, a pesar de que ya estaban siendo tenidos en cuenta en el proceso, para octubre de 2018, el magistrado Pablo Ignacio Villate Monroy emitió un fallo indicando que “todo debe volver a su estado natural” y que “(...) debe hacerse la entrega el inmueble sin escuchar oposición alguna y haciendo uso de la fuerza pública si fuere necesario”.

Desde entonces, según cuentan en la comunidad, se han enfrentado ocho veces a un desalojo, “el último fue extremadamente fuerte, nos llegó policía, Esmad, Antimotines, GOES y hasta ejército”. Ese terreno, que tiene aproximadamente 6.300 metros cuadrados, que se subdivide en 60 lotes en donde hay 13 casas construidas, nuevamente fue blanco de un desalojo este jueves.

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Ante la acción adelantada por la Fuerza Pública, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, hizo un llamado a la abogada de los propietarios del predio “Ciudad Jardín” para que detuviera la medida y entablara una mesa de diálogo.

“Nosotros, la Gobernación y la Alcaldía de Zipaquirá, tenemos toda la voluntad de defender a los ciudadanos que habitan en ese predio y establecer un acuerdo con el Concejo Municipal, que sé que también va a apoyar esta iniciativa, para decretar la medida necesaria, como de utilidad pública o como legalmente nos corresponda, para adquirir esa franja y que los propietarios puedan disponer del resto del terreno. Y así, a través de la ley podamos garantizar la calidad de vida y la vivienda digna a quienes allí residen”, señaló García.

Pese al llamado, este jueves la presencia de las autoridades no fue menor y algunos de los residentes, por el miedo a estar involucrados en ataques, terminaron abandonando los predios. “Algunos se quedaron donde familiares, otros, con el trasteo en la calle, durmieron en colchones dentro de las casas esperando conseguir un arriendo”, dijo Johanna.

Este viernes, nuevamente, las autoridades hicieron presencia en la zona y para forzar al desalojo, quitaron servicios y cercaron el terreno para que los residentes terminan de salir.

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Una zona residencial ubicada en Zipaquirá (Cundinamarca), está siendo motivo de discusión legal debido a una serie de irregularidades en la compra del terreno, el cual resultó ser ilegal y fue vendido bajo engaños a quienes hoy lo habitan.

De acuerdo con Johanna López Saavedra, representante legal de la asociación provivienda Ciudad Jardín, el lío inició en 1992, cuando el exconcejal de Bogotá y “urbanizador pirata Mariano Enrique Porras llegó, prometiendo 500 soluciones de vivienda y cobrando $1´000.000 (primer pago), en un terreno que compró a unas hermanas con las que hizo (al parecer) escrituras”.

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Cinco años después, ante las inconsistencias, la comunidad instauró una demanda penal en contra de Porras, por el delito de estafa y urbanismo ilegal, por lo que hasta el año 2000 comenzaron las conciliaciones, ante el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá. “Esto era para confirmar la tenencia del terreno que se negoció en el inicio. Para esto debimos pagar nuevamente $1´200.000 por persona para continuar con el proyecto. El 14 de mayo de 2001 nos hacen entrega material del terreno en conjunto con las escrituras a través del Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá”, agrega Johanna López.

Aparentemente, hasta ahí el lío se había solucionado, pero para el 2004, la familia Algarra Nava (presuntos dueños del lote) adelantó un proceso civil de resolución de contrato, el cual, tres años después, tras un fallo de la juez Luz Marina Valencia Solanilla ordenó la restitución del bien inmueble a los demandantes. “Lo más triste de esta historia es que la justicia no fue imparcial y a nosotros no nos tuvieron en cuenta como parte procesal del lío jurídico”, agrega la líder de la comunidad.

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“El primer despacho comisorio se llevó a cabo en 2011, a este presentamos oposición de entrega y el juez escuchó las razones y pospuso la diligencia mientras él revisaba los documentos que aportamos como pruebas. La continuación se llevó a cabo en el 2013 y ahí él confirmó que somos terceros de buena fe. Como era de esperarse, la contraparte apeló aquella decisión y en junio de 2018, una juez de Zipaquirá confirmó la decisión del juez anterior, que somos terceros de buena fe”, explicó López.

Pero, a pesar de que ya estaban siendo tenidos en cuenta en el proceso, para octubre de 2018, el magistrado Pablo Ignacio Villate Monroy emitió un fallo indicando que “todo debe volver a su estado natural” y que “(...) debe hacerse la entrega el inmueble sin escuchar oposición alguna y haciendo uso de la fuerza pública si fuere necesario”.

Desde entonces, según cuentan en la comunidad, se han enfrentado ocho veces a un desalojo, “el último fue extremadamente fuerte, nos llegó policía, Esmad, Antimotines, GOES y hasta ejército”. Ese terreno, que tiene aproximadamente 6.300 metros cuadrados, que se subdivide en 60 lotes en donde hay 13 casas construidas, nuevamente fue blanco de un desalojo este jueves.

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“Nosotros, la Gobernación y la Alcaldía de Zipaquirá, tenemos toda la voluntad de defender a los ciudadanos que habitan en ese predio y establecer un acuerdo con el Concejo Municipal, que sé que también va a apoyar esta iniciativa, para decretar la medida necesaria, como de utilidad pública o como legalmente nos corresponda, para adquirir esa franja y que los propietarios puedan disponer del resto del terreno. Y así, a través de la ley podamos garantizar la calidad de vida y la vivienda digna a quienes allí residen”, señaló García.

Pese al llamado, este jueves la presencia de las autoridades no fue menor y algunos de los residentes, por el miedo a estar involucrados en ataques, terminaron abandonando los predios. “Algunos se quedaron donde familiares, otros, con el trasteo en la calle, durmieron en colchones dentro de las casas esperando conseguir un arriendo”, dijo Johanna.

Este viernes, nuevamente, las autoridades hicieron presencia en la zona y para forzar al desalojo, quitaron servicios y cercaron el terreno para que los residentes terminan de salir.

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