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El 28 de marzo de 2014, el Consejo de Estado dejó en firme la sentencia que ordenó descontaminar el río Bogotá. Y una de las obras clave para lograrlo es la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas, la cual tratará el 70 % de las aguas negras de Bogotá y de Soacha. No obstante, la obra, que desde 2012 (cuando se conoció el diseño) han intentado concretar tres alcaldes, sigue en veremos.
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La primera fase se ejecutó entre 2012 y 2015, en la alcaldía de Gustavo Petro: los túneles colectores de aguas negras, obra que se suspendió y la tuneladoras quedaron sepultadas. En la administración de Enrique Peñalosa lograron sacar las tuneladoras y contratar la construcción de la planta elevadora Canoas, que sacará a la superficie las aguas negras. Sin embargo, falta el corazón: la planta de tratamiento, que el Distrito sigue sin poder contratar.
Las trabas de la PTAR Canoas
Hoy la obra, a cargo de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB) cuenta con los predios, los diseños, los convenios de cofinanciación de la CAR Cundinamarca, la licencia ambiental, el cupo de endeudamiento aprobado por el Concejo y la no objeción del Banco Mundial para la apertura de la precalificación. Sin embargo, corre el peligro de retrasarse 10 años más.
Una razón es que falta que el Ministerio de Hacienda otorgue una garantía al proyecto, para que el Banco Mundial presente el dinero que falta para financiar la obra. “Vamos a la banca multilateral por las condiciones que ofrece, por sus tasas y plazos, que en el mercado financiero no existen. Entonces, por ese motivo le solicitamos al Ministerio de Hacienda que nos otorgue la garantía. Sin embargo, no hemos tenido su aprobación”, señaló en marzo la exgerente del Acueducto, Cristina Arango.
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La segunda razón se debe a que el pasado 24 de julio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un auto en el que acusa al Acueducto de modificar el convenio, que se firmó en 2019 con la CAR, para la construcción de la planta. Lo que frenó el proceso de licitación, que contempla una inversión de $4,5 billones. Según el Tribunal, “La EAAB cambió su parecer técnico respecto a la construcción de la PTAR en dos fases funcionales y de múltiples formas de construirla en una sola fase plena, con horizonte de entrada en operación, más allá del año 2035″.
El despacho agregó que: “ciertamente, pueden existir razones gerenciales, administrativas, financieras o técnicas que lleven a la EAAB a efectuar estos cambios frente a lo que se firmó en el Convenio 1832 de 2019, pero no puede olvidar que el elemento prevalente respecto a esas razones es que se debe actuar prontamente para hacer cesar progresivamente la afectación ambiental al río Bogotá”.
En el mismo auto, el Tribunal se dirigió al Ministerio de Hacienda, señalando que debe otorgarle la garantía que le falta al proyecto, después de que el Acueducto “ajuste la estructuración técnica y financiera del proyecto fase I (tratamiento primario) y fase II (tratamiento secundario)”. Asimismo, le ordenó al Acueducto, de manera inmediata, “cumplir y rehacer la estructuración técnica y financiera del proyecto, en su fase I y fase II, antes de abrir la licitación de esta mega obra”.
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El despacho también se dirigió a la CAR (entidad que va a aportar el 50% de los recursos para la obra) ordenándole “abstenerse de girar recursos de la sobretasa ambiental del impuesto predial que el distrito capital de Bogotá gira al presupuesto de la corporación mediante la apropiación de vigencias futuras que condujeron al cierre financiero de esa obra y hasta tanto no inicie la construcción de la primera fase de tratamiento primario”.
Llamado de la Personería
El pasado 9 de junio de 2023, la Personería de Bogotá contactó a la magistrada Nelly Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de un documento en el que le hizo distintos llamados, para revisar el cumplimiento de la sentencia del río Bogotá. En esa solicitud menciona la PTAR Canoas e informa que el Acueducto “prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de construcción de la estación elevadora hasta el 5 de noviembre de 2023″ y a esa fecha, la obra ya presenta un avance físico del 84%.
Por otra parte, el organismo de control señaló que el pasado 22 de marzo, la empresa de alcantarillado publicó una invitación a precalificar, para la adjudicación del contrato de concesión de derecho privado, en el que se incluye la elaboración de “los estudios y diseños, y la ejecución de las unidades de ejecución, así como la gestión social y ambiental, la puesta en marcha, la estabilización, la reversión parcial, la operación, el mantenimiento y la reversión de la Planta de Tratamiento Canoas”.
Y que este proyecto, que tiene un cupo de endeudamiento por $2,8 billones, tiene un plazo de ejecución de 16,5 años, “sin embargo, al primer trimestre de 2023, no se había publicado el valor del presupuesto oficial”, agregó.
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Grito de auxilio del Distrito
Frente a estos líos administrativos y la falta de respaldo nacional al proyecto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo un llamado directo al Gobierno Nacional, específicamente al presidente Gustavo Petro, a quien le pidió evaluar la posibilidad de que la Nación financie la PTAR.
A través de Caracol Radio, la alcaldesa afirmó que el Ministerio de Hacienda “tiene una posición incomprensible, sin sustento financiero, poniendo en vilo el proyecto de saneamiento más grande de Colombia. Exige como contragarantía el 130% del total del crédito, es decir, USD 780 millones anuales”. López solicitó que en el caso de que Hacienda “considere que las fuentes de recursos del Distrito no son confiables, se asuma entonces con recursos nacionales la financiación.
Desde El Espectador contactamos al Ministerio de Hacienda, preguntando por qué no se ha entregado la garantía que necesita el proyecto, a lo que respondió que solo se están rigiendo a las órdenes del Tribunal. Sin embargo, cabe recordar que el auto que emitió el Tribunal fue en junio de 2023 y que desde marzo de 2023 la obra está a la espera de la garantía de Minhacienda, teniendo en cuenta que en ese mes fue cuando el Banco Mundial le dio el aval técnico al proyecto.
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Por su parte, el Acueducto ha mencionado que “la empresa es respetuosa de las decisiones judiciales y ha dado cumplimiento a todas las órdenes de la Sentencia del Consejo de Estado para la descontaminación del Río Bogotá”. Frente al fallo del Tribunal, agregaron que “el auto notificado no está en firme y para ejercer la defensa del proyecto integral de descontaminación del río (...) se interpondrán todos los mecanismos procesales disponibles”.
Y concluyeron: “la descontaminación del río Bogotá es una necesidad para los colombianos. Defender este proceso es responsabilidad de todos, por eso la EAAB no desistirá en el propósito de hacer realidad la PTAR Canoas y reafirma su compromiso con la ejecución del proyecto de saneamiento más importante del país”.
El tiempo sigue corriendo y las entidades involucradas en la sentencia de 2014 siguen trabajando. Sin embargo, parece que esta promesa de descontaminar el río Bogotá, que han hecho las últimas tres administraciones, sigue siendo una de las más difíciles de cumplir, poniendo en vilo los recursos naturales de la capital y millonarios proyectos como el de la PTAR Canoas.
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