El dilema en el Juan Amarillo: obras para protegerlo o protegerlo de las obras

Lo primero que se ve al entrar al humedal Juan Amarillo es ese extraño contraste entre el verde de la naturaleza y el gris de unas obras que, pese a estar suspendidas, se abren paso en medio de la zona de protección. Eso desvía la mirada del espejo de agua; de los más de mil tipos de plantas que allí se encuentran; de la tingua bogotana, única especie local en vía de extinción, o de las aves migratorias que por estas fechas frecuentan este ecosistema en el noroccidente de la ciudad. (Visite el especial: Humedal Juan Amarillo: ¿De refugio verde a obra gris?)

Lo que se ve no son más que las bases del proyecto que puso en marcha en octubre de 2018 la pasada administración, el cual contempla un largo puente peatonal, acompañado de senderos y ciclorrutas. Aunque la obra, dicen sus promotores, busca que la gente se apropie del espacio, ayude a proteger el humedal y de paso ofrece una conexión segura a los habitantes de algunos barrios del sector hacia la calle 80, son muchos los que no compran ese discurso.

Ambientalistas y vecinos aseveran que el humedal, conocido también como Tibabuyes y el cual tiene el doble de tamaño del parque Simón Bolívar, se puede llegar a perder por el proyecto que adelanta el Acueducto de Bogotá. “Queremos que paralicen las obras por los daños ecológicos y afectaciones”, dijo el alguacil del cabildo de Suba, Héctor Lorenzana, el pasado 23 de noviembre a las afueras del humedal, en una de las manifestaciones que ha realizado la comunidad.

A esto se le ha sumado el inconformismo en redes sociales, representado en el comentario de la concejal Heidy Sánchez (Colombia Humana), quien advirtió riesgos para el ecosistema o el de organizaciones como Cumbre Popular Urbana, que dijo que impediría el ingreso de obreros, material y maquinaria para “detener un ecocidio”. Esto lo apoyaron miles de personas con la etiqueta #SOSHumedalTibabuyes, con la que manifestaron la necesidad de interrumpir los contratos y revisar los permisos para adelantar obras sobre el humedal más grande de Bogotá.

Lo que está en juego: conexión entre Suba y Engativá

La importancia de los humedales radica en que son como esponjas. Son reguladores hídricos, tanto en tiempos de lluvias, para evitar inundaciones, como en temporadas secas, pues recargan la superficie con las aguas subterráneas que conservan. Por esta razón, quienes se oponen a las obras creen que no deben tocarse y menos con una obra de tal envergadura que contempla desde senderos y alamedas adoquinadas, hasta un paso peatonal elevado que unirá a los barrios Lisboa, en Suba, con el Cortijo y Ciudadela Colsubsidio, en Engativá. (También puede leer: Migrar y no morir en el intento: el reto de la tingua azul)

Si bien estos ecosistemas estuvieron blindados de “obras duras” desde 2007, año en el que se expidió la política de humedales (decreto 624), todo cambió en 2017 cuando la administración de Enrique Peñalosa modificó la norma con el decreto 565, ampliando el alcance del concepto de recreación pasiva y el uso de humedales. El Distrito, argumentando conflicto entre normas, dejó sin efecto el artículo que prohibía la construcción de ciclorrutas y senderos. Gracias a esto tuvieron luz verde para construir infraestructura en estas zonas de protección.

No obstante, parece cometieron un error, pues, dicen los detractores, el proyecto no quedó acorde con el plan de Manejo Ambiental, que fija tres zonas de manejo en los humedales y qué labores u obras están permitidas. Se trata del cuerpo de agua, donde solo pueden dragar sedimentos y residuos; la ronda hidráulica, donde solo se pueden construir aulas ambientales, y la zampa de adecuación (que está en discusión), figura que no existe en otra parte del país, y que compone las zonas limítrofes de los humedales, donde sí se permite la recreación, pero pasiva.

A pesar de la claridad, la anterior Alcaldía justificó las obras como un plan para la rehabilitación física y ecológica de los ecosistemas y la Secretaría de Ambiente otorgó en octubre de 2017 los permisos de ocupación del cauce al proyecto “Conexión corredor ambiental Humedal Juan Amarillo”, un paso peatonal elevado de 1,2 km, que atraviesa el humedal. El ejecutor, la Empresa de Acueducto de Bogotá, dijo que sería construido en material prefabricado en concreto y del que se beneficiarían más de un millón de personas en el occidente de la ciudad, que atraviesan el humedal arriesgando su vida entre tubos o caminos informales, para llegar a la troncal de Transmilenio de la calle 80.

Las organizaciones que protegen los humedales se opusieron al proyecto y desde la mesa ciudadana Cortijo Tibabuyes se escucharon frases como “la comunidad no aprobó nada y afectarán gravemente el ecosistema”, mientras que la Personería llamó la atención de que las obras “no contemplan recuperar el humedal y dar cumplimiento al plan de manejo ambiental”. Para ese momento, el entonces secretario de Ambiente, Francisco Cruz, dijo a los medios que se estaban tomando todas las medidas para no afectar el espejo de agua.

“Desarrollamos obras como senderos y una nueva ciclorruta, desde el barrio Lisboa y conectará con la ciclorruta existente en este mismo humedal. Esto es para que la gente lo disfrute y haga avistamiento de aves”, dijo el funcionario a Caracol Radio en abril de 2019. Su explicación fue apoyada por el exalcalde Enrique Peñalosa, quien añadió que el puente minimizaría los impactos ambientales y protegería el humedal, al darle seguridad al peatón. Fue así, como continuaron con el plan y en abril de 2019 la Secretaría de Ambiente otorgó un segundo permiso para la construcción de un corredor ambiental por el Tercio Alto y Tercio Medio-Bajo, que estará dotado de una torre observatorio, cinco balcones miradores y tres estaciones de monitoreo.

Las obras comenzaron en mayo de 2019 y luego de esto vinieron nuevos reclamos de los ambientalistas y defensores del humedal, por la cantidad de concreto que emplearían, el número de árboles talados y el material con el que se construirían los senderos ecológicos. Todo esto hoy lo califica el exalcalde Peñalosa como excusas, pues asegura que en el mundo hay múltiples ejemplos de senderos y ciclorrutas perimetrales a los humedales. “El sendero elevado conecta los barrios populares de Lisboa, Villa Cindy y Santa Cecilia en Suba con Ciudadela Colsubsidio, y por ende al parque y al sendero-ciclorruta, ha sido obstaculizado por clasismo, no por razones ambientales”, señaló a este medio.

La batalla jurídica

Las ambientalistas Gladys Cifuentes Suárez y Sandra Patricia Bohórquez demandaron el 2 de agosto de 2018 el Decreto 565 de 2017, que cambió la política de humedales, por la falta de participación ciudadana. Finalmente, en junio de 2020 el Juez Cuarto Administrativo de Bogotá les dio la razón y declaró nulo este Decreto, que cambiaba la definición de recreación pasiva y permitía la construcción de las obras duras que contemplan los dos planes. La decisión dejó todo en veremos. Las obras, para este punto tenían un avance del 70%.

Así las cosas, el debate entre el Distrito y los ambientalistas se centró en si los proyectos debían continuar o ser interrumpidos ante la derogatoria del juez. Para Jorge Escobar, director de la Fundación Humedales Bogotá, terminar el puente implicaría seguir “perdiendo áreas de importancia ecológica para la ciudad, tratar de forma equivocada el humedal y no reconocer sus funciones en temas de adaptación al cambio climático”. Pero, ¿qué pasa si las obras se quedan cómo están? Para Escobar lo ideal sería quitarlas y reparar el daño en el ecosistema. “Si las dejamos se volvería un “elefante blanco” que también generaría algunas afectaciones. Todo eso hay que medirlo. Es la primera vez que esto pasa en la ciudad, no tenemos experiencia, hay que ver otros casos a nivel mundial”.

Para Cristina Arango, gerente del Acueducto de Bogotá, la postura es contraria y el proyecto no se debe detener. “Es nuestra responsabilidad ejecutar y terminar las obras. El juez específicamente dijo que él no se mete con las obras que están en ejecución, simplemente dice que el Decreto 565 no tiene condición de legalidad. Los permisos para los trabajos, en ninguna parte, se refieren al Decreto 565 (declarado nulo)”, explicó a El Espectador.

En específico, a diciembre de 2020 el puente que unirá los barrios presentaba un avance físico del 76%, mientras que el corredor ambiental está en el 78% de ejecución. Aunque el dilema ahora está en manos de la Secretaría de Ambiente, las obras estarían amparadas por otro decreto, el 190 de 2004, del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en el que se designa al humedal Juan Amarillo como un Parque Ecológico Distrital y en sus usos se permite la recreación pasiva y la realización de senderos ecológicos peatonales. (También puede leer: Humedal: el ubérrimo rincón del planeta)

Ante la controversia, la discusión se llevó al Concejo de Bogotá el 14 de diciembre de 2020, donde los cabildantes solicitaron detener las obras y hacer un estudio sobre el impacto ambiental que están ocasionando al espejo de agua. Así mismo, pidieron a la Administración crear una política que permita proteger los humedales y cumplir con el Plan de Manejo Ambiental estipulado, para evitar que otras estructuras ecológicas se vean afectadas.

“Los humedales son áreas protegidas por el Distrito y cuentan con planes de Manejo Ambiental para definir qué se puede hacer o no en la ronda hidráulica y la zampa. La prioridad siempre debe ser restaurar y recuperar la funcionalidad ecosistémica del mismo, por lo que la Secretaría de Ambiente como autoridad ambiental tiene la potestad para autorizar o sancionar los proyectos cuando están en contra de la normativa ambiental”, afirmó la concejal Susana Muhama (Colombia Humana).

El humedal como agente político

El 4 de septiembre de 2020, la Secretaría de Ambiente (SDA), ahora en cabeza de Carolina Urrutia, impuso seis medidas preventivas sobre los proyectos realizados en el humedal Juan Amarillo, por incumplimiento de permisos de ocupación de cause en algunos puntos de la obra. Tras superar el lío jurídico, esta es la razón por la que a hoy no se ha continuado con los tramos faltantes, pues el Acueducto de Bogotá está a la espera de que se definan las actuaciones definitivas.

“En esta administración no habríamos abordado el tema de estas obras como lo hicieron, pero tenemos una herencia maldita. (…) Ahora tenemos que saber hasta dónde llega la victoria política de tumbar dos proyectos de Peñalosa, y hasta dónde llega el bienestar de los ecosistemas. Es una decisión difícil”, dijo Carolina Urrutia, en el debate en el cabildo, quien agregó que los permisos se entregaron legalmente, aunque no sean legítimos, pues no hubo proceso de participación. “Siguen siendo legales y, como he repetido, la secretaría no autoriza obras, da permisos. En el caso de los humedales, de ocupación de cauce y aprovechamientos forestales”.

En diálogo con este diario Urrutia reiteró que fueron permisos y no una licencia ambiental, es decir, “la autoridad ambiental nunca vio la obra en su conjunto, a diferencia de una licencia donde se debe presentar el diagnostico de alternativas”. La funcionaria aceptó que no se tenían estudios de la obra completa, solo evaluaciones bajo supuestos, por lo que están recaudando pruebas. “Estamos haciendo la investigación para determinar cuál es el daño causado y los pasos a seguir, y así lograr un equilibrio entre el respeto a los recursos públicos y a los recursos naturales”.

¿Y qué pasa con la Política Distrital de Humedales?

En la administración de Claudia López se ha dicho que se pondrá la estructura ecológica como eje central de su proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Su compromiso está con la reserva Van der Hammen y cambiar la forma cómo se han intervenido los humedales Jaboque, Juan Amarillo y Córdoba, desde el 2016 cuando iniciaron su planificación, pero todo está en camino, pues se espera que la administración presente el POT al Concejo en marzo y que antes de que finalice el año se defina su futuro.

Biólogos como Sandra Villardy, Herman Martínez y José Edgar Bermúdez Segura, integrante de la Mesa de Humedales, concuerdan en que cuando hay ecosistemas intervenidos el problema se vuelve en gestión del riesgo, por lo que consideran que debe pensarse en este sentido al hablar de una posible nueva modificación a la política distrital de humedales, pues aún quedan temas sobre la mesa como la identificación de la capacidad de los humedales y las labores para recuperarlo, acciones que también han contrariado a la administración con los ambientalistas.

A la luz de la realidad, Urrutia ha dicho que no tocarán la política al considerar con la mesa de humedales que es uno de los procesos de construcción participativa mejor estructurados y con mejores resultados. “Lo que sí podemos hacer es proponer mejoras en los planes de manejo que están pensados para ser actualizados. Necesitamos unas reglas del juego más claras que no se presten para confusiones de si un plan de manejo depende del Decreto 565, de la política de humedales o del POT. Necesitamos más claridad que nos evite estos conflictos”.

Por ahora, las obras en el humedal Juan Amarillo continuarán en pausa mientras la secretaría de Ambiente continúa con todo el proceso probatorio y el Acueducto presenta su defensa. “Es muy posible que las obras, con todo un proceso de compensaciones, sanciones y posiblemente multas, deban y puedan terminar, pero todo esto va a demorar por lo menos la mitad de este año que es lo que nos exige la ley”, concluyó Urrutia.

(Aquí puede consultar el calendario ecológico 2021, las fechas más importantes para el medio ambiente).

Lo primero que se ve al entrar al humedal Juan Amarillo es ese extraño contraste entre el verde de la naturaleza y el gris de unas obras que, pese a estar suspendidas, se abren paso en medio de la zona de protección. Eso desvía la mirada del espejo de agua; de los más de mil tipos de plantas que allí se encuentran; de la tingua bogotana, única especie local en vía de extinción, o de las aves migratorias que por estas fechas frecuentan este ecosistema en el noroccidente de la ciudad. (Visite el especial: Humedal Juan Amarillo: ¿De refugio verde a obra gris?)

Lo que se ve no son más que las bases del proyecto que puso en marcha en octubre de 2018 la pasada administración, el cual contempla un largo puente peatonal, acompañado de senderos y ciclorrutas. Aunque la obra, dicen sus promotores, busca que la gente se apropie del espacio, ayude a proteger el humedal y de paso ofrece una conexión segura a los habitantes de algunos barrios del sector hacia la calle 80, son muchos los que no compran ese discurso.

Ambientalistas y vecinos aseveran que el humedal, conocido también como Tibabuyes y el cual tiene el doble de tamaño del parque Simón Bolívar, se puede llegar a perder por el proyecto que adelanta el Acueducto de Bogotá. “Queremos que paralicen las obras por los daños ecológicos y afectaciones”, dijo el alguacil del cabildo de Suba, Héctor Lorenzana, el pasado 23 de noviembre a las afueras del humedal, en una de las manifestaciones que ha realizado la comunidad.

A esto se le ha sumado el inconformismo en redes sociales, representado en el comentario de la concejal Heidy Sánchez (Colombia Humana), quien advirtió riesgos para el ecosistema o el de organizaciones como Cumbre Popular Urbana, que dijo que impediría el ingreso de obreros, material y maquinaria para “detener un ecocidio”. Esto lo apoyaron miles de personas con la etiqueta #SOSHumedalTibabuyes, con la que manifestaron la necesidad de interrumpir los contratos y revisar los permisos para adelantar obras sobre el humedal más grande de Bogotá.

Lo que está en juego: conexión entre Suba y Engativá

La importancia de los humedales radica en que son como esponjas. Son reguladores hídricos, tanto en tiempos de lluvias, para evitar inundaciones, como en temporadas secas, pues recargan la superficie con las aguas subterráneas que conservan. Por esta razón, quienes se oponen a las obras creen que no deben tocarse y menos con una obra de tal envergadura que contempla desde senderos y alamedas adoquinadas, hasta un paso peatonal elevado que unirá a los barrios Lisboa, en Suba, con el Cortijo y Ciudadela Colsubsidio, en Engativá. (También puede leer: Migrar y no morir en el intento: el reto de la tingua azul)

Si bien estos ecosistemas estuvieron blindados de “obras duras” desde 2007, año en el que se expidió la política de humedales (decreto 624), todo cambió en 2017 cuando la administración de Enrique Peñalosa modificó la norma con el decreto 565, ampliando el alcance del concepto de recreación pasiva y el uso de humedales. El Distrito, argumentando conflicto entre normas, dejó sin efecto el artículo que prohibía la construcción de ciclorrutas y senderos. Gracias a esto tuvieron luz verde para construir infraestructura en estas zonas de protección.

No obstante, parece cometieron un error, pues, dicen los detractores, el proyecto no quedó acorde con el plan de Manejo Ambiental, que fija tres zonas de manejo en los humedales y qué labores u obras están permitidas. Se trata del cuerpo de agua, donde solo pueden dragar sedimentos y residuos; la ronda hidráulica, donde solo se pueden construir aulas ambientales, y la zampa de adecuación (que está en discusión), figura que no existe en otra parte del país, y que compone las zonas limítrofes de los humedales, donde sí se permite la recreación, pero pasiva.

A pesar de la claridad, la anterior Alcaldía justificó las obras como un plan para la rehabilitación física y ecológica de los ecosistemas y la Secretaría de Ambiente otorgó en octubre de 2017 los permisos de ocupación del cauce al proyecto “Conexión corredor ambiental Humedal Juan Amarillo”, un paso peatonal elevado de 1,2 km, que atraviesa el humedal. El ejecutor, la Empresa de Acueducto de Bogotá, dijo que sería construido en material prefabricado en concreto y del que se beneficiarían más de un millón de personas en el occidente de la ciudad, que atraviesan el humedal arriesgando su vida entre tubos o caminos informales, para llegar a la troncal de Transmilenio de la calle 80.

Las organizaciones que protegen los humedales se opusieron al proyecto y desde la mesa ciudadana Cortijo Tibabuyes se escucharon frases como “la comunidad no aprobó nada y afectarán gravemente el ecosistema”, mientras que la Personería llamó la atención de que las obras “no contemplan recuperar el humedal y dar cumplimiento al plan de manejo ambiental”. Para ese momento, el entonces secretario de Ambiente, Francisco Cruz, dijo a los medios que se estaban tomando todas las medidas para no afectar el espejo de agua.

“Desarrollamos obras como senderos y una nueva ciclorruta, desde el barrio Lisboa y conectará con la ciclorruta existente en este mismo humedal. Esto es para que la gente lo disfrute y haga avistamiento de aves”, dijo el funcionario a Caracol Radio en abril de 2019. Su explicación fue apoyada por el exalcalde Enrique Peñalosa, quien añadió que el puente minimizaría los impactos ambientales y protegería el humedal, al darle seguridad al peatón. Fue así, como continuaron con el plan y en abril de 2019 la Secretaría de Ambiente otorgó un segundo permiso para la construcción de un corredor ambiental por el Tercio Alto y Tercio Medio-Bajo, que estará dotado de una torre observatorio, cinco balcones miradores y tres estaciones de monitoreo.

Las obras comenzaron en mayo de 2019 y luego de esto vinieron nuevos reclamos de los ambientalistas y defensores del humedal, por la cantidad de concreto que emplearían, el número de árboles talados y el material con el que se construirían los senderos ecológicos. Todo esto hoy lo califica el exalcalde Peñalosa como excusas, pues asegura que en el mundo hay múltiples ejemplos de senderos y ciclorrutas perimetrales a los humedales. “El sendero elevado conecta los barrios populares de Lisboa, Villa Cindy y Santa Cecilia en Suba con Ciudadela Colsubsidio, y por ende al parque y al sendero-ciclorruta, ha sido obstaculizado por clasismo, no por razones ambientales”, señaló a este medio.

La batalla jurídica

Las ambientalistas Gladys Cifuentes Suárez y Sandra Patricia Bohórquez demandaron el 2 de agosto de 2018 el Decreto 565 de 2017, que cambió la política de humedales, por la falta de participación ciudadana. Finalmente, en junio de 2020 el Juez Cuarto Administrativo de Bogotá les dio la razón y declaró nulo este Decreto, que cambiaba la definición de recreación pasiva y permitía la construcción de las obras duras que contemplan los dos planes. La decisión dejó todo en veremos. Las obras, para este punto tenían un avance del 70%.

Así las cosas, el debate entre el Distrito y los ambientalistas se centró en si los proyectos debían continuar o ser interrumpidos ante la derogatoria del juez. Para Jorge Escobar, director de la Fundación Humedales Bogotá, terminar el puente implicaría seguir “perdiendo áreas de importancia ecológica para la ciudad, tratar de forma equivocada el humedal y no reconocer sus funciones en temas de adaptación al cambio climático”. Pero, ¿qué pasa si las obras se quedan cómo están? Para Escobar lo ideal sería quitarlas y reparar el daño en el ecosistema. “Si las dejamos se volvería un “elefante blanco” que también generaría algunas afectaciones. Todo eso hay que medirlo. Es la primera vez que esto pasa en la ciudad, no tenemos experiencia, hay que ver otros casos a nivel mundial”.

Para Cristina Arango, gerente del Acueducto de Bogotá, la postura es contraria y el proyecto no se debe detener. “Es nuestra responsabilidad ejecutar y terminar las obras. El juez específicamente dijo que él no se mete con las obras que están en ejecución, simplemente dice que el Decreto 565 no tiene condición de legalidad. Los permisos para los trabajos, en ninguna parte, se refieren al Decreto 565 (declarado nulo)”, explicó a El Espectador.

En específico, a diciembre de 2020 el puente que unirá los barrios presentaba un avance físico del 76%, mientras que el corredor ambiental está en el 78% de ejecución. Aunque el dilema ahora está en manos de la Secretaría de Ambiente, las obras estarían amparadas por otro decreto, el 190 de 2004, del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en el que se designa al humedal Juan Amarillo como un Parque Ecológico Distrital y en sus usos se permite la recreación pasiva y la realización de senderos ecológicos peatonales. (También puede leer: Humedal: el ubérrimo rincón del planeta)

Ante la controversia, la discusión se llevó al Concejo de Bogotá el 14 de diciembre de 2020, donde los cabildantes solicitaron detener las obras y hacer un estudio sobre el impacto ambiental que están ocasionando al espejo de agua. Así mismo, pidieron a la Administración crear una política que permita proteger los humedales y cumplir con el Plan de Manejo Ambiental estipulado, para evitar que otras estructuras ecológicas se vean afectadas.

“Los humedales son áreas protegidas por el Distrito y cuentan con planes de Manejo Ambiental para definir qué se puede hacer o no en la ronda hidráulica y la zampa. La prioridad siempre debe ser restaurar y recuperar la funcionalidad ecosistémica del mismo, por lo que la Secretaría de Ambiente como autoridad ambiental tiene la potestad para autorizar o sancionar los proyectos cuando están en contra de la normativa ambiental”, afirmó la concejal Susana Muhama (Colombia Humana).

El humedal como agente político

El 4 de septiembre de 2020, la Secretaría de Ambiente (SDA), ahora en cabeza de Carolina Urrutia, impuso seis medidas preventivas sobre los proyectos realizados en el humedal Juan Amarillo, por incumplimiento de permisos de ocupación de cause en algunos puntos de la obra. Tras superar el lío jurídico, esta es la razón por la que a hoy no se ha continuado con los tramos faltantes, pues el Acueducto de Bogotá está a la espera de que se definan las actuaciones definitivas.

“En esta administración no habríamos abordado el tema de estas obras como lo hicieron, pero tenemos una herencia maldita. (…) Ahora tenemos que saber hasta dónde llega la victoria política de tumbar dos proyectos de Peñalosa, y hasta dónde llega el bienestar de los ecosistemas. Es una decisión difícil”, dijo Carolina Urrutia, en el debate en el cabildo, quien agregó que los permisos se entregaron legalmente, aunque no sean legítimos, pues no hubo proceso de participación. “Siguen siendo legales y, como he repetido, la secretaría no autoriza obras, da permisos. En el caso de los humedales, de ocupación de cauce y aprovechamientos forestales”.

En diálogo con este diario Urrutia reiteró que fueron permisos y no una licencia ambiental, es decir, “la autoridad ambiental nunca vio la obra en su conjunto, a diferencia de una licencia donde se debe presentar el diagnostico de alternativas”. La funcionaria aceptó que no se tenían estudios de la obra completa, solo evaluaciones bajo supuestos, por lo que están recaudando pruebas. “Estamos haciendo la investigación para determinar cuál es el daño causado y los pasos a seguir, y así lograr un equilibrio entre el respeto a los recursos públicos y a los recursos naturales”.

¿Y qué pasa con la Política Distrital de Humedales?

En la administración de Claudia López se ha dicho que se pondrá la estructura ecológica como eje central de su proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Su compromiso está con la reserva Van der Hammen y cambiar la forma cómo se han intervenido los humedales Jaboque, Juan Amarillo y Córdoba, desde el 2016 cuando iniciaron su planificación, pero todo está en camino, pues se espera que la administración presente el POT al Concejo en marzo y que antes de que finalice el año se defina su futuro.

Biólogos como Sandra Villardy, Herman Martínez y José Edgar Bermúdez Segura, integrante de la Mesa de Humedales, concuerdan en que cuando hay ecosistemas intervenidos el problema se vuelve en gestión del riesgo, por lo que consideran que debe pensarse en este sentido al hablar de una posible nueva modificación a la política distrital de humedales, pues aún quedan temas sobre la mesa como la identificación de la capacidad de los humedales y las labores para recuperarlo, acciones que también han contrariado a la administración con los ambientalistas.

A la luz de la realidad, Urrutia ha dicho que no tocarán la política al considerar con la mesa de humedales que es uno de los procesos de construcción participativa mejor estructurados y con mejores resultados. “Lo que sí podemos hacer es proponer mejoras en los planes de manejo que están pensados para ser actualizados. Necesitamos unas reglas del juego más claras que no se presten para confusiones de si un plan de manejo depende del Decreto 565, de la política de humedales o del POT. Necesitamos más claridad que nos evite estos conflictos”.

Por ahora, las obras en el humedal Juan Amarillo continuarán en pausa mientras la secretaría de Ambiente continúa con todo el proceso probatorio y el Acueducto presenta su defensa. “Es muy posible que las obras, con todo un proceso de compensaciones, sanciones y posiblemente multas, deban y puedan terminar, pero todo esto va a demorar por lo menos la mitad de este año que es lo que nos exige la ley”, concluyó Urrutia.

(Aquí puede consultar el calendario ecológico 2021, las fechas más importantes para el medio ambiente).