“El estimado de vida de las personas trans es de 27 años”: Andra Hernández, fundación GAAT

Hasta 1980 en Colombia era delito ser gay, lesbiana o transexual. Con la expedición del Decreto 100 de 1980 se despenalizaron “los actos homoeróticos voluntarios”. Sin embargo, algunos aún consideran la diversidad sexual una amenaza. Así se evidenció el 29 de mayo, con dos mujeres trans, que en inmediaciones de la avenida Primera de Mayo fueron golpeadas por varios hombres. Gracias al video, que circuló en redes, incluso se observa una presunta negligencia de los policías que acudieron al lugar.

Ante los hechos, las secretarías de Integración, de la Mujer y de Planeación activaron las rutas de acción para la protección de las mujeres atacadas. David Alonzo, director de Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación, mencionó que gracias al diálogo con la Policía de Bogotá se inició la investigación. “La posible inacción se tramitó en la ruta de negligencia. Una vez se activaron los protocolos, se generó el dialogo con la Policía y decidieron abrir el proceso y ofrecer la recompensa”.

Lea: Secretaría de Integración Social denuncia ataque contra dos mujeres trans en Bogotá.

En 2021, la Secretaría de Planeación, gracias al trabajo de la Dirección de Diversidad Sexual, ha registrado nueve casos de violencia contra personas de la comunidad LGBTI, entre ellos dos asesinatos a mujeres trans. Aunque la entidad no registra homicidios en 2020, la organización Colombia Diversa documenta siete en Bogotá, el último fue el de Luciana Moscoso, de 26 años, que sigue sin esclarecerse. Desde las organizaciones defensoras de derechos de mujeres y comunidad hacen un llamado a las autoridades, pues, según Andra Hernández, representante de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo Trans (GAAT), “el estimado de vida de las personas trans es de 27 años. En Latinoamérica es 35”.

Las cifras evidencian un posible subregistro. Este fue uno de los puntos que organizaciones defensoras de derechos de la comunidad diversa denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Frente a esto, Hernández aseguró que el nulo enfoque de género de las instituciones es lo que impide el registro certero de los casos de violencia. “No hay una diferenciación, el sistema actúa de la misma manera. No tienen esa distinción entre orientación sexual o identidad de género, sino que simplemente asumen la orientación sexual y el género de las personas bajo prejuicios, y esto no permite tener cifras claras de agresiones contra la población LGBTI”.

Le puede interesar: Mujer asesinada en Bogotá fue encontrada dos días después en su casa.

Asimismo, las organizaciones expresaron preocupación ante la CIDH por la poca investigación de los casos de violencia policial. Y es que la organización Colombia Diversa registró 20 hechos contra 27 personas LGBTI (cinco en Bogotá) en 2020. Frente a esto, Alonzo dijo que desde el Distrito vienen instruyendo policías en temas de orientación sexual e identidad de género, pero es algo de fondo, pues se lucha contra una formación que busca suprimir conductas que ven como desviadas.

“Hasta hace 40 años, en la formación de los cuerpos militares y de policía estaba clarísimo que su deber era eliminar esos comportamientos de identidad de género diversa. Entonces, cuando hablamos de la formación y la sensibilización con capacitación, hablamos de una lucha que se da con respecto a una formación basada en la idea machista, homofóbica, y transfóbica”.

A raíz de esto, tanto las organizaciones defensoras de derechos de la comunidad LGBTI como la Dirección de Diversidad Sexual coinciden en que los casos de violencia generados por la Policía los debe investigar la justicia ordinaria. “En cuanto a agresiones contra población LGBTI se solicitó (a la CIDH) que esos casos se lleven a la justicia ordinaria y no a la Penal Militar (JPM), teniendo en cuenta que la discriminación no hace parte de esa jurisdicción. También se pidió la revisión de procesos disciplinarios por la Procuraduría y no por el control interno de la Policía”, dijo Hernández.

Bogotá: ¿ciudad líder en políticas públicas para población LGBTI?

Desde hace 13 años la capital cuenta con una política pública LGBTI. Esto ha permitido que varias entidades del Distrito puedan generar estrategias que favorezcan a la comunidad. Según David Alonzo, en la capital hay más de cien personas trabajando activamente por la promoción de los derechos de personas gais, lesbianas y transexuales. De igual forma, hay una Casa Refugio, que promueve su protección, hay dos centros o casas para el encuentro, y desde el Instituto para la Protección de la Niñez y Juventud (Idipron) se manejan estrategias que favorecen a niños, niñas y jóvenes LGBTI en condición de calle.

También, desde las secretarías, se promueven acciones que buscan disminuir el riesgo. Es el caso de la creación del primer sistema de información de violencias contra las personas LGBTI, proyecto que vienen trabajando de manera articulada las secretarías de Planeación y de Seguridad. Sin embargo, para Danne Aro, directora de la Fundación GAAT, faltan más esfuerzos de las entidades.

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“La articulación que logran realizar responde, en alguna parte, de manera inmediata a los hechos. La Secretaría de Gobierno, a través de la Casa Refugio, por ejemplo. Pero sentimos que es una atención prioritaria de momento y por el show mediático. Necesitamos que haya acciones más de fondo. Claro, las capacitaciones pueden funcionar bien en algunas organizaciones, pero sentimos que la respuesta integral puede ser un poco más de fondo, para garantizar la no repetición. Y que, por ejemplo, la respuesta institucional de la Policía sea más de garantía de derechos, que de observador de violencia”.

Ante esto, Alonzo confirmó que hacen falta esfuerzos, pues “la capacidad de la demanda ciudadana va mucho más adelante de la capacidad que tiene la institucionalidad”. Sin embargo, también considera que los entes nacionales deben apropiarse del tema, pues, según él, Bogotá está respondiendo a las situaciones críticas de las personas LGBTI de casi todo el país, lo que dificulta la atención oportuna a las personas de la comunidad LGBTI de la capital.

“Bogotá tiene dispuestas cien personas para los asuntos LGBT. En el resto del país, a nivel de Gobierno Nacional hay cero personas contratadas para estos temas. Todos los días nos llegan casos de personas de otras ciudades, que vienen a solicitar refugio, apoyo, asesoría psicológica o jurídica. Bogotá está respondiendo a las situaciones críticas de las personas LGBT de casi todo el país. Y eso no es sostenible ni es una medida que sea efectiva para la ciudadanía en general”.

Hasta 1980 en Colombia era delito ser gay, lesbiana o transexual. Con la expedición del Decreto 100 de 1980 se despenalizaron “los actos homoeróticos voluntarios”. Sin embargo, algunos aún consideran la diversidad sexual una amenaza. Así se evidenció el 29 de mayo, con dos mujeres trans, que en inmediaciones de la avenida Primera de Mayo fueron golpeadas por varios hombres. Gracias al video, que circuló en redes, incluso se observa una presunta negligencia de los policías que acudieron al lugar.

Ante los hechos, las secretarías de Integración, de la Mujer y de Planeación activaron las rutas de acción para la protección de las mujeres atacadas. David Alonzo, director de Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación, mencionó que gracias al diálogo con la Policía de Bogotá se inició la investigación. “La posible inacción se tramitó en la ruta de negligencia. Una vez se activaron los protocolos, se generó el dialogo con la Policía y decidieron abrir el proceso y ofrecer la recompensa”.

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En 2021, la Secretaría de Planeación, gracias al trabajo de la Dirección de Diversidad Sexual, ha registrado nueve casos de violencia contra personas de la comunidad LGBTI, entre ellos dos asesinatos a mujeres trans. Aunque la entidad no registra homicidios en 2020, la organización Colombia Diversa documenta siete en Bogotá, el último fue el de Luciana Moscoso, de 26 años, que sigue sin esclarecerse. Desde las organizaciones defensoras de derechos de mujeres y comunidad hacen un llamado a las autoridades, pues, según Andra Hernández, representante de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo Trans (GAAT), “el estimado de vida de las personas trans es de 27 años. En Latinoamérica es 35”.

Las cifras evidencian un posible subregistro. Este fue uno de los puntos que organizaciones defensoras de derechos de la comunidad diversa denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Frente a esto, Hernández aseguró que el nulo enfoque de género de las instituciones es lo que impide el registro certero de los casos de violencia. “No hay una diferenciación, el sistema actúa de la misma manera. No tienen esa distinción entre orientación sexual o identidad de género, sino que simplemente asumen la orientación sexual y el género de las personas bajo prejuicios, y esto no permite tener cifras claras de agresiones contra la población LGBTI”.

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Asimismo, las organizaciones expresaron preocupación ante la CIDH por la poca investigación de los casos de violencia policial. Y es que la organización Colombia Diversa registró 20 hechos contra 27 personas LGBTI (cinco en Bogotá) en 2020. Frente a esto, Alonzo dijo que desde el Distrito vienen instruyendo policías en temas de orientación sexual e identidad de género, pero es algo de fondo, pues se lucha contra una formación que busca suprimir conductas que ven como desviadas.

“Hasta hace 40 años, en la formación de los cuerpos militares y de policía estaba clarísimo que su deber era eliminar esos comportamientos de identidad de género diversa. Entonces, cuando hablamos de la formación y la sensibilización con capacitación, hablamos de una lucha que se da con respecto a una formación basada en la idea machista, homofóbica, y transfóbica”.

A raíz de esto, tanto las organizaciones defensoras de derechos de la comunidad LGBTI como la Dirección de Diversidad Sexual coinciden en que los casos de violencia generados por la Policía los debe investigar la justicia ordinaria. “En cuanto a agresiones contra población LGBTI se solicitó (a la CIDH) que esos casos se lleven a la justicia ordinaria y no a la Penal Militar (JPM), teniendo en cuenta que la discriminación no hace parte de esa jurisdicción. También se pidió la revisión de procesos disciplinarios por la Procuraduría y no por el control interno de la Policía”, dijo Hernández.

Bogotá: ¿ciudad líder en políticas públicas para población LGBTI?

Desde hace 13 años la capital cuenta con una política pública LGBTI. Esto ha permitido que varias entidades del Distrito puedan generar estrategias que favorezcan a la comunidad. Según David Alonzo, en la capital hay más de cien personas trabajando activamente por la promoción de los derechos de personas gais, lesbianas y transexuales. De igual forma, hay una Casa Refugio, que promueve su protección, hay dos centros o casas para el encuentro, y desde el Instituto para la Protección de la Niñez y Juventud (Idipron) se manejan estrategias que favorecen a niños, niñas y jóvenes LGBTI en condición de calle.

También, desde las secretarías, se promueven acciones que buscan disminuir el riesgo. Es el caso de la creación del primer sistema de información de violencias contra las personas LGBTI, proyecto que vienen trabajando de manera articulada las secretarías de Planeación y de Seguridad. Sin embargo, para Danne Aro, directora de la Fundación GAAT, faltan más esfuerzos de las entidades.

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“La articulación que logran realizar responde, en alguna parte, de manera inmediata a los hechos. La Secretaría de Gobierno, a través de la Casa Refugio, por ejemplo. Pero sentimos que es una atención prioritaria de momento y por el show mediático. Necesitamos que haya acciones más de fondo. Claro, las capacitaciones pueden funcionar bien en algunas organizaciones, pero sentimos que la respuesta integral puede ser un poco más de fondo, para garantizar la no repetición. Y que, por ejemplo, la respuesta institucional de la Policía sea más de garantía de derechos, que de observador de violencia”.

Ante esto, Alonzo confirmó que hacen falta esfuerzos, pues “la capacidad de la demanda ciudadana va mucho más adelante de la capacidad que tiene la institucionalidad”. Sin embargo, también considera que los entes nacionales deben apropiarse del tema, pues, según él, Bogotá está respondiendo a las situaciones críticas de las personas LGBTI de casi todo el país, lo que dificulta la atención oportuna a las personas de la comunidad LGBTI de la capital.

“Bogotá tiene dispuestas cien personas para los asuntos LGBT. En el resto del país, a nivel de Gobierno Nacional hay cero personas contratadas para estos temas. Todos los días nos llegan casos de personas de otras ciudades, que vienen a solicitar refugio, apoyo, asesoría psicológica o jurídica. Bogotá está respondiendo a las situaciones críticas de las personas LGBT de casi todo el país. Y eso no es sostenible ni es una medida que sea efectiva para la ciudadanía en general”.