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Se equivocan quienes creían que la suerte del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, pendía únicamente del procurador Alejandro Ordóñez o de la revocatoria de su mandato que está andando en la Registraduría. El Consejo de Estado está ad portas de fallar una demanda interpuesta por el concejal Orlando Parada —procesado por su presunta participación en el carrusel de la contratación— que obligaría al mandatario a salir sí o sí del Palacio Liévano. La condena que recibió en 1985 por porte ilegal de armas es la piedra angular de la controversia.
El 7 de octubre de 2011 Parada interpuso una acción de pérdida de investidura contra el alcalde bajo el argumento de que ningún ciudadano podía ser elegido para cargos de elección popular si tenía una condena a cuestas, excepto por delitos políticos. Ahí está el centro del debate en el Consejo de Estado que, aparentemente, tiene divididas sus fuerzas para resolver un expediente tan complejo. Parada insistió en su demanda que la condena a Petro fue por un delito común —porte ilegal de armas—, mientras que los defensores del alcalde aseguran que tuvo relación con su pertenencia a la guerrilla del M-19 y que, por ello, se trataba de un delito político.
La particularidad de este caso reside en que el proceso por el que Petro resultó condenado a 18 meses de prisión desapareció del mapa. Tan sólo se adjuntó una minuta del Juzgado 106 de Instrucción Penal Militar en el que constaba que el hoy alcalde había sido sentenciado. A pesar de que las autoridades solicitaron el original de esa condena y elevaron peticiones a cuanta entidad podía conocer del fallo, no ha sido posible recuperarlo. Sin embargo, hace pocos días esculcando entre sus archivos, el entonces abogado de Gustavo Petro, Rafael Barrios, halló parte de ese expediente que resulta fundamental para entender el contexto de la detención y condena del mandatario capitalino.
El Espectador tuvo acceso a esos archivos perdidos que en los próximos días serán remitidos al Consejo de Estado. En concreto, se trata de un informe de tres páginas de las Fuerzas Militares en el que se reseñó la captura de Petro y dos personas más en Zipaquirá (Cundinamarca) el 24 de octubre de 1985 y de las declaraciones juramentadas de los oficiales del Ejército que desarrollaron la operación. En los documentos se afirma que los integrantes del M-19 fueron detenidos portando armas, cartuchos, seis bombas de fabricación casera, propaganda subversiva de la organización, documentos “de interés para la inteligencia militar”, cinco brazaletes y una bandera de ese grupo armado.
Según se lee, ese 24 de octubre se realizaron operaciones simultáneas de allanamientos en Cajicá y Zipaquirá, ya que había información sobre almacenamiento de armas en esos dos municipios. A la 1 de la tarde los uniformados llegaron a la casa de Ana Sofía Murcia y encontraron en su patio un túnel o caleta en donde se escondían Gustavo Petro, en ese entonces concejal de Zipaquirá, Luis Alberto López y Héctor Alirio Borbón. Los tres tenían revólveres largos con más de 50 cartuchos cada uno y el material explosivo hallado en ese lugar. El decomiso tuvo lugar en el barrio Bolívar 83, que era un fortín del M-19.
El operativo estuvo comandado por el entonces capitán Carlos Arturo Suárez Bustamante, el mismo que como general fue responsable de la investigación sobre el escándalo de los falsos positivos en la administración de Álvaro Uribe, que cobró las cabezas de 27 oficiales del Ejército el 30 de octubre de 2008. Cuatro días después de la captura de Gustavo Petro y las otras dos personas, Suárez le contó al Juzgado 106 de Instrucción Penal Militar los pormenores del allanamiento. Contó que además de las armas y la munición se halló material alusivo al M-19. Una versión que corroboraron sus hombres.
Por ejemplo, el mayor Francisco Ruiz, quien sostuvo que las bombas de fabricación casera que se les hallaron estaban hechas de PVC, eran de color gris y con mecha lenta, y que había papeles y una bandera de la organización. El capitán Alfonso Hurtado también declaró que en la casa en donde fueron capturados los miembros del M-19 funcionaba una tienda, que encontró el hueco en donde se escondían y les ordenó que salieran tirando las armas al suelo y que a Petro lo conocía de antes porque “lo tuve retenido cuando era comandante de la base en Zipaquirá”. Explicó Hurtado que la caleta tenía unos tres metros de largo por uno de ancho y que estaba tapada con latas y palos.
El cabo Olfer Gualteros y los soldados Carlos Ovidio Ferro y José Soacha confirmaron los detalles del operativo y, sobre todo, de la propaganda subversiva encontrada. El Espectador también tuvo acceso a las declaraciones de quienes fueron detenidos con el hoy alcalde de Bogotá. Luis Alberto López declaró el 26 de octubre de 1985 que cuando caminaba por el barrio Bolívar 83 se percató del movimiento de los militares y entró a la casa porque vio a Gustavo Petro ahí mientras hacía un hueco. “Ellos se estaban defendiendo”, narró. Según dijo, cuando entró a la caleta se dio cuenta de las armas. Reconoció que algunas de esas armas se usaban para prestar vigilancia y las entregaba Héctor Alirio Borbón, el otro detenido.
Justamente Borbón declaró que “sus compañeros” eran Petro y López, que era simpatizante del M-19 y oficiaba como coordinador de las brigadas de trabajo en el barrio Bolívar 83, una especie de ejercicio para vigilar la zona, “ayudar al alcantarillado y a solucionar problemas de familia”. Además añadió que se repartían armas porque “Gustavo Petro en el momento de la vigilancia me las entrega para que reparta a cada compañero o socio de Bolívar 83, ya que la comunidad presta vigilancia”. Ese fue el contexto de las revelaciones entregadas por militares e implicados durante la operación realizada por las compañías D’ Luyer y Girardot de las FF.MM.
Consultado por El Espectador, Rafael Barrios manifestó que estos elementos del expediente de Gustavo Petro constituyen “suficiente prueba documental para establecer que fue condenado por porte ilegal de armas con relación a su actividad subversiva”. En la otra orilla Orlando Parada ha dicho que Petro fue sentenciado por un delito común, cumplió una pena de 16 meses en la cárcel Modelo de Bogotá y en febrero de 1987 recuperó su libertad. Y que con este antecedente no podía haber sido elegido senador y mucho menos alcalde de Bogotá. Incluso, Parada ha sostenido que el indulto del cual fue beneficiario tiene relación con el holocausto del Palacio de Justicia y no con su condena por armas.
La nuez de la discusión que se apresta a fallar el Consejo de Estado es si esa sentencia de Petro tiene conexión con su militancia con el M-19. Los abogados del alcalde están convencidos de que dicha tesis no necesita demostración, aunque no niegan que estos archivos del expediente Petro terminan por confirmar lo que para ellos es una obviedad. Parada confía en que antes de que se le imputen varios delitos, el próximo 26 de septiembre por el carrusel de la contratación, su mayor enemigo político haya sido descabezado por la justicia. Hoy parece haber una mayoría que se inclina por la demanda de Parada. ¿Tendrán algún efecto en el fallo estos documentos que hoy revela El Espectador?
El acto de contrición promovido por Petro
En medio de este debate, el próximo lunes la basílica del Voto Nacional, en el centro de Bogotá, será el escenario de un “Acto Ecuménico por la Paz de Colombia”. El evento es promovido por el alcalde Gustavo Petro, quien protagonizará un acto, por lo menos, diciente.
El mandatario, frente al presidente de la República, Juan Manuel Santos; el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, y otras autoridades civiles, militares y religiosas, hará un acto de contrición en homenaje a las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia de Bogotá, ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985. “No es un acto de perdón como tal, es más un aporte del alcalde a la reconciliación”, dijo uno de los organizadores del evento.
Si bien en la Alcaldía no quieren que el acto sea entendido como un nuevo perdón del M-19 por las atrocidades ocurridas en la toma y retoma del Palacio, sí saben que “políticamente es muy importante que esa liturgia que ofrecerá el alcalde sea en presencia de autoridades como el procurador Ordóñez. Es un mensaje de unidad frente a la paz que queremos que venga desde la capital”.