Desde las 10 a.m., Fernando Luna sale de su casa, en el barrio Las Margaritas (Kennedy), rumbo a su trabajo en el barrio San Victorino (Santa Fe). Allí, en la calle, vende las empanadas que hace su esposa, con la que llegó hace 20 años a la capital huyendo del conflicto en Caquetá. Ellos, al igual que miles de familias, se rebuscan su sustento en el espacio público, el cual cada día parece más invadido.
Pero, ¿cuántos vendedores informales hay en la capital? La cifra no es clara. Mientras el registro individual de vendedores, del Instituto para la Economía Social (IPES), reporta 54.000, datos del DANE hablan de 120.000. Lo que sí se tiene medianamente establecido, según el Registro que caracteriza e identifica a esta población, son los sitios más concurridos, como el tramo “peatonal” de la carrera séptima, San Victorino y en Chapinero (carreras 10 y 13, y la calle 53), así como las zonas comerciales de Fontibón y Kennedy.
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“Tenemos en las diferentes localidades un aproximado de 20 locaciones grandes, en las que estamos construyendo pactos que permitan que la ciudadanía pueda ejercer el derecho a la movilidad, a la cultura, al espacio público y, de paso, garantizar el derecho al trabajo de esta población. Vale recordar que diferentes sentencias de la Corte reconocen a los vendedores informales como trabajadores autónomos”, dijo Alejandro Rivera, director del IPES.
A pesar de esto, cada vez son más los que ven en esta actividad una forma de subsistir. Así lo señala Adolfis Lucero, quien lleva 20 años como vendedora informal en Chapinero, quien resalta que la pandemia fue un factor fundamental para este aumento. “Las personas no encontraron otra opción que salir a la calle a vender, para poder comer. Aunque en el sector en el que trabajo se incrementaron los vendedores, no todos estaban carnetizados por el IPES y varios los fueron sacando”, señaló Lucero.
Y precisamente por ese aumento de las ventas informales, Ómar Oróstegui, director ejecutivo de Futuros Urbanos, insiste en que no hay certeza sobre la cifra de vendedores en las calles de la capital. “Ya va siendo hora de que el IPES nos entregue los resultados del censo de ventas ambulantes, que seguimos sin conocer. El IPES entrega subsidios y no sabemos cuáles son los criterios para hacerlo”.
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Y agregó: “Creo que, en el fondo, lo que estamos viendo es que se ha fracasado. Si la ciudad no ha logrado consolidar una política pública para atender este fenómeno, es porque el IPES también ha fracasado en su misionalidad”, explicó Oróstegui. Para él sí se han reflejado algunos logros. Sin embargo, hasta el momento no ha habido resultados de impacto, al menos en las últimas dos administraciones.
Políticas públicas para vendedores informales
Las estrategias alrededor de las ventas informales ha variado en cada administración, pero a la fecha ninguna ha funcionado. Se intentó con los quioscos móviles y fijos (implementados en la alcaldía de Samuel Moreno (2008-2011), el trabajo social, con eventos y ferias en la administración, de Gustavo Petro entre 2012-2015, o las intervenciones del Esmad y Policía, con Enrique Peñalosa (2016-2019).
La falta de eficacia de las estrategias llevó a que hace unos años fueran frecuentes las denuncias por la persecución contra los vendedores informales: policías llevándose los puestos, decomisando mercancía y enfrentamientos con los vendedores. No obstante, dicen, recientemente esto ha disminuido. Así lo reconoce Fernando Luna, al señalar que hoy trabajan más tranquilos sin la Policía, el Esmad o el Distrito encima.
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“En la administración de Antanas Mockus y de Enrique Peñalosa hubo mucho maltrato. Violaban nuestros derechos, ya que no tenían en cuenta que nos tocaba salir a vender en la calle para llevar recursos a la casa. El Gobierno ha ignorado que en la población de vendedores informales hay de todo: desmovilizados, desplazados, víctimas del conflicto armado y gente sin estudio, entre otros”, agregó Luna.
Aunque hay menos tensión por estos días, para Oróstegui la realidad es que no se ha logrado consolidar una política pública, lo que impide un avance, la cual es necesaria, en especial, si se tiene en cuenta la otra cara de la moneda. Si bien es claro que muchas familias acuden a esta actividad por necesidad, alrededor hay otros fenómenos que sí se deben controlar. “Existe un uso indebido del aprovechamiento del espacio público, como la presencia de mafias que explotan a poblaciones vulnerables o el riesgo de lavado de activos, porque muchos de esos productos provienen en algunos casos de la mafia”, agregó Oróstegui.
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Ahora la apuesta es por la carnetización y reconocimiento oficial de vendedores informales en la actual administración de Claudia López. De acuerdo con el IPES, carnetizar a los vendedores informales permite reconocerlos y garantizarles ese mínimo vital con el derecho al trabajo, es decir, cuando las autoridades se acerquen en las calles a estos comerciantes, ellos podrán mostrar este registro y evidenciar que ya el IPES sabe de ellos, por lo que no podrán desplazarlos.
Según Alejandra Rodríguez Cortés, directora del Departamento Administrativo del Espacio Público (Dadep), el trabajo actual de Claudia López será garantizar ese trabajo de los informales, pero no un desplazamiento forzado, sino una organización.
Rodríguez indicó a El Espectador que, al menos en esta administración, no dejarán de existir ventas ambulantes, pero sí se buscará cómo adaptar el espacio público para que estos comerciantes convivan. Por lo que a los bogotanos nos tocará esperar otra administración que les garantice una formalización decente de estos ciudadanos.
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