En abril, la Corte Constitucional realizó una inspección judicial a estaciones de policía del sur de Bogotá, para poner en evidencia la crítica situación de la población privada de la libertad.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
La inseguridad tiene a más de uno pidiendo penas severas y prisión para casi todos los delitos, pero los centros de reclusión en la capital siguen a reventar, sin control, dominados por el crimen y sin soluciones a corto plazo. Ni la investigación de la Procuraduría a la alcaldesa Claudia López ni el llamado de los entes de control a garantizar los derechos de los reclusos han servido. El hacinamiento en URI y estaciones de Policía crece, así como los delitos en su interior: los intentos de amotinamiento y las redes criminales se vienen...
Por Alexánder Marín Correa
Periodista manizaleño, con experiencia en periodismo de datos, judicial, investigación y local. @alexmarin55Jamarin@elespectador.com