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A través de un radicado dirigido a la ministra de Justicia, Ángela Buitrago, la Personería de Bogotá solicitó acciones concretas para solventar el hacinamiento en cárceles de la capital. A pesar de que el hacinamiento en cárceles es una problemática que por años ha retado a las autoridades locales y nacionales, este 2024, mes a mes, las condiciones carcelarias han empeorado considerablemente, agravando la ya deteriorada habitabilidad en los Centros de Detención Transitoria (CDT) de Bogotá. Por ejemplo, de enero a mayo, el hacinamiento aumentó de 142 %, a 165 %, según halló el ente de control.
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Con corte al 12 de julio de 2024, en los CDT se encuentran 3.296 personas privadas de la libertad, cifra que sobrepasa la capacidad máxima estimada para 1.227 personas. Lo más preocupante es lo que ha pasado este año: un aumento sostenido del hacinamiento. Para julio, el hacinamiento supera el 168 %, cuando en junio se encontraba en 161 %. Del total de personas privadas de la libertad, 611 son condenados; 2.643, procesados (imputados y acusados), y 42 son personas cobijadas por prisión domiciliaria.
El contexto alarmó tanto a la Personería, que el pasado 12 de julio radicaron un documento solicitando acciones concretas a Minjusticia. Esto a pesar de que el personero hiciese público el llamado a inicios de mes. Solicitud impulsada, además, por las dificultades del sistema policial y penitenciario para mediar entre el hacinamiento y lo que esto significa para la operación de la Policía Metropolitana de Bogotá. Advierte el ente en el radicado conocido por El Espectador:
“Es oportuno resaltar que la Policía Metropolitana de Bogotá ha informado que la imposibilidad de trasladar a las personas privadas de la libertad a los diferentes establecimientos penitenciarios y/o carcelarios, lleva a que se sobrepase la capacidad logística, presupuestal y humana de la institución, debiendo disponer de más de 400 policiales entre hombres y mujeres del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes para cumplir labores de custodia, debilitando la disponibilidad de personal para la prestación del servicio de vigilancia en la ciudad”, indica el documento.
Con este contexto bajo la lupa, la solicitud que hace la Personería al ministerio de Justicia es la siguiente: “La Personería Distrital de Bogotá se plantea la necesidad urgente de reubicar a las personas condenadas en dichos establecimientos, así como trasladar a su lugar de residencia a las cobijadas con la medida de prisión domiciliaria una vez sea instalado el mecanismo de seguridad electrónica, como un primer paso para disminuir los indicadores de hacinamiento”.
Y agrega que la articulación interinstitucional puede ser más robusta para confrontar la problemática: “Del mismo modo, en aras de lograr un mejor esfuerzo institucional, hago un llamado a mejorar la articulación entre la nación y el distrito con miras a acatar las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-122 de 2022. Para tal efecto, pongo a disposición los buenos oficios de esta entidad dentro del marco de su competencia en relación con la garantía y respeto de los derechos humanos de la población privada de la libertad”.
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