El machismo mata, pero, ¿dónde están las instituciones para evitarlo?

“Una completa desarticulación institucional, así define Mila la atención que recibió como mujer en riesgo de feminicidio. Hoy está sin medida de protección y con su agresor acechándola. La situación la puso en conocimiento de las autoridades en noviembre de 2022 y, a la fecha, sigue sin un respaldo tangible que la haga sentir, a ella y a su hijo, fuera del peligro. Su proceso, dice, ha sido revictimizante por la negligencia de las instituciones distritales y las autoridades que han conocido su caso. Su ruta de atención inició en el colegio de su hijo, pasó por la EPS, la Subred Norte, la Casa de la Mujer, una comisaría de familia y la Fiscalía.

“Una completa desarticulación institucional, así define Mila la atención que recibió como mujer en riesgo de feminicidio. Hoy está sin medida de protección y con su agresor acechándola. La situación la puso en conocimiento de las autoridades en noviembre de 2022 y, a la fecha, sigue sin un respaldo tangible que la haga sentir, a ella y a su hijo, fuera del peligro. Su proceso, dice, ha sido revictimizante por la negligencia de las instituciones distritales y las autoridades que han conocido su caso. Su ruta de atención inició en el colegio de su hijo, pasó por la EPS, la Subred Norte, la Casa de la Mujer, una comisaría de familia y la Fiscalía.

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Cuando decidió ingresar a una casa refugio, en medio de una audiencia, la funcionaria le preguntó: “¿Está segura? Allá entra y no puede volver a salir, su hijo no podrá estudiar, se tiene que aguantar más gente”, contó. “Por dignidad desistí. No me dieron la medida de protección. Estoy a merced de la seguridad que me puede brindar el celador del sitio donde esté”, relató.

El estrés la ha llevado, incluso, a la hospitalización. Hoy Mila asegura que sigue, sola, buscando protección y justicia. “Cerraron el caso de mi hijo, porque, a pesar de existir pruebas de las afectaciones físicas, no hay ningún delito, señalan. Nunca hicieron las entrevistas de manera virtual, a pesar de que la Fundación Feminicidios Colombia les hizo la solicitud. Me hicieron ir estando en incapacidad y exponiéndome ante el agresor”, agrega.

Para colmo, afirma que no convocaron la mesa de trabajo entre la Fiscalía, la comisaría y la Secretaría de la Mujer. Tampoco “enviaron los expedientes administrativos e informes de atención para las comisiones de conductas disciplinarias. Invivible todo. Todas las instituciones me han fallado”, concluye. Al igual que Mila, hoy en Bogotá hay 2.300 mujeres en riesgo de feminicidio, que buscan ayuda del Distrito y de las autoridades.

¿Qué alternativas hay?

Pese a la mala experiencia de Mila, la administración resalta que en la ciudad hay opciones. Según la secretaria de la Mujer, Diana Rodríguez Franco, hoy siguen trabajando en fortalecer el proceso de denuncia, abriendo más lugares con horarios extendidos. Además, se reforzó la Línea Púrpura que, según la funcionaria, en la pasada administración tenía una efectividad del 30 % y hoy es del 93 %. Es decir, la mayoría de las llamadas se contestan en tiempo real.

Otra estrategia es la presencia de abogadas, las 24 horas, en siete hospitales públicos de Bogotá: Meissen, Kennedy, Bosa, Santa Clara, Suba, La Victoria y Simón Bolívar. “Ese servicio no existía. Pero viendo cómo muchas mujeres acuden más a un hospital que a la Policía, dijimos: ¿‘Ahí es donde tenemos que estar!’”, contó la secretaria. Por otra parte, el Distrito ofrece abogadas de representación, ubicadas en las URI, casas de justicia y otros espacios.

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Casas refugio, la gran apuesta

Aunque hay más campañas, la casa refugio es la estrategia a la que le han apostado las últimas administraciones. Desde 2020 a la fecha han acogido a 1.341 mujeres (todas en riesgo de feminicidio) y 1.506 niñas, niños y adolescentes, familiares de las víctimas. Ellas pueden ingresar con los menores de edad que tengan a cargo.

Actualmente en Bogotá hay seis casas refugio y “no son una cárcel. Las mujeres llegan voluntariamente. Es una alternativa que ofrecemos para salvar sus vidas”, agregó la secretaria de la Mujer, quien aclaró que a los niños no se les impide estudiar, pero sí se cambian de colegio, para garantizar que el agresor no los ubique.

“Tampoco queremos que ninguna mujer deje de trabajar. Por eso hablamos con su empleador, para que esté pendiente”. Sin embargo, los animales de compañía de las víctimas no son recibidos en estos espacios, y para aquellas que realizan labores de cuidado con otros familiares mayores de 18 años, pueden trasladarse y hacerlas, pero deben volver.

Según Rodríguez Franco, también pueden acceder migrantes, y cuando las víctimas deciden no ingresar a una casa refugio tienen la opción de pedir la medida de protección en las comisarías de familia. No obstante, por las falencias que existen en estos espacios, en ocasiones, se convierten en puntos revictimizantes de la cadena.

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Líos con las comisarías

En la capital hay 36 comisarías de familia, en las que, según la Secretaría de Integración Social, operan 53 equipos de comisarios. Sin embargo, la Ley 212-26 de 2021 establece que en cada municipio, por cada 100.000 habitantes, debe existir una comisaría permanente. Según eso, en la capital faltarían 27 para cumplir la norma.

Y aunque esa escasez ya representa un problema, de acuerdo con la concejal María Victoria Vargas (Partido Liberal), hay otros aspectos que demuestran que las comisarías no están funcionando bien. No hay espacios apropiados para garantizar el derecho a la intimidad de las víctimas, los establecimientos están en malas condiciones y 320 trabajadores son contratistas, que denuncian horarios extensos y presión psicológica.

“El Ministerio Público tiene un estudio de mayo de 2022, el cual advierte que las condiciones de estos espacios no permiten una atención integral, el grupo disciplinario está incompleto, su estado no es adecuado para la atención que demanda la violencia intrafamiliar, no se garantiza el respeto ni la calidad de la justicia y no se le ha dado la respectiva importancia a la salud mental de los comisarios”, señala Vargas, quien agrega que el presupuesto de 2023 es menor al de 2022. “Pasó de $18.000 millones a $16.000 millones. ¿Cómo es posible que se privilegie a otros sectores?”, cuestiona.

Pero esas alertas son apenas una parte del problema. Adela Guzmán, una de las primeras comisarias de familia en Bogotá, hace un diagnóstico más preocupante: “La Secretaría de Integración Social tiene en detrimento muchas comisarías. El 60 % del personal trabaja por prestación de servicios, permanentemente no hay materiales como papelería, impresoras ni tinta, y los procesos de capacitación son deficientes”. Denuncia que se gastan alrededor de $200 millones en capacitaciones al año, con empresas que “no tienen experiencia legal”.

Asimismo, las autoridades “muestran ante las autoridades informes que no corresponden a la realidad. Y no porque los comisarios no quieran cumplir, sino porque algunas tienen alta demanda”.

A esto le suma que no hay garantías en temas de seguridad para las víctimas y funcionarios, y que falta articulación con otras entidades, como el ICBF. “A los comisarios les toca tener a los niños en sus establecimientos a las 2:00 o 3:00 a.m., porque no hay cupos”, contó Guzmán, quien para dimensionar el problema agrega que la comisaría a la que acudió Érika Aponte (víctima de feminicidio el domingo 14 de mayo), al día reciben más de 17 solicitudes de medidas de protección. Solo en las comisarías de Ciudad Bolívar hay 1.800.

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“En esa acción de protección debemos recibir a la víctima, escucharla y mirar las circunstancias generales que la rodean. Pero si tengo que atender a 100 personas al día, ¿cómo le voy a garantizar la atención suficiente?”. Por eso, Guzmán considera que todo influye directamente en los casos de femicidio, pues las solicitudes se acumulan y el comisario no alcanza a avisar a tiempo a la Fiscalía y a la Policía, lo que termina en revictimización. Incluso, cuando las mujeres deciden ir a la casa refugio tienen que esperar un cupo.

La secretaria de Integración Social, Margarita Barraquer, por su parte, señala que “en muchos casos evitamos mayor violencia contra las mujeres y en otros no alcanzamos. Las medidas de protección las dispone la ley e implica la participación de otros agentes para que sea efectiva. Eso hace la ruta compleja, pero que se puede aplicar”.

¿Qué está fallando?

De acuerdo con la secretaria de la Mujer, Diana Rodríguez, de las mujeres en riesgo, acogidas en las casas refugio, en ningún caso se ha consumado el feminicidio y existen testimonios de mujeres que afirman que el estar allí les cambió la vida, pero sabe que eso no es suficiente.

“Lo que nos está matando es el machismo, que está desbordando la reglamentación jurídica. Falta conciencia social. Si seguimos creyendo que los temas de violencia los tiene que resolver el sector público, estamos fallando como sociedad. La Secretaría de la Mujer seguirá llevando servicios, pero necesitamos que la sociedad actúe”, agrega. Para la funcionaria hay cambios que se pueden hacer en la ley. Por ejemplo, que las comisarías puedan recibir todas las denuncias, sin dividirlas por localidad.

“Debemos repensar, además, la llamada medida provisional, que le quita seriedad al riesgo. Tenemos que apropiarnos del enfoque de género. Entender que hay violencia contra las mujeres y nada la justifica”.

Para Ana María González Cruz, psicóloga de la Universidad Javeriana e integrante de la red de psicólogas feministas Hagamos Ruido Colombia, hay varios factores que fallan en el ámbito institucional. “Estuve revisando la declaración de la alcaldesa Claudia López, por el feminicidio de Érika Aponte, y lo que hace es responsabilizar a las mujeres de la prevención. Ellas son las que denuncian, escapan de la casa, exigen medidas de protección y aun así, como en el caso de Érika, esto no las salva. Hay un montón de cosas escritas que no se ejecutan”, añade. Ante eso González se pregunta: ¿será que las instituciones están haciendo algo con los agresores? Hoy las mujeres asumen toda la carga de garantizarse a sí mismas un bienestar por un hecho violento que le provocó un tercero”.

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Otra de las fallas es cómo las autoridades reciben las denuncias. “Algunas entran directamente si la mujer llega golpeada. Pero cuando es lesión psicológica, toca pasar por un proceso para revisar si realmente hay afectación. Es como si la violencia tuviera que llegar hasta cierto punto para que pueda ser tomada en serio”.

Soluciones

La secretaria de la Mujer recalca que lo primero que hay que hacer es desaprender el machismo. Lo segundo es entender que “los feminicidas no son hombres locos. En muchas ocasiones son grandes trabajadores, amigos e incluso padres, pero el machismo los lleva a pensar que las mujeres son de su propiedad”. Destaca que este domingo se cumple una semana del feminicidio de Érika Aponte, y, “¿si se dan cuenta, acá el culpable fue el hombre que salió a matarla y ese es el machismo con el que hemos criado a hombres y familias enteras?”.

Sin embargo, ¿hasta qué punto van las competencias de las instituciones, que tienen el deber de evitar estos casos y proteger a las víctimas? La concejal Vargas señala que, en cuanto a las comisarías, se espera a que el Distrito autorice al Concejo para crear una estampilla de justicia familiar, a través de la cual se podrían inyectar más recursos a las comisarías y solucionar distintos problemas.

Asimismo, hace énfasis en que es importante una articulación de las distintas entidades como el ICBF, Secretaría de Salud, entre otras, para también desarrollar campañas de prevención de salud mental y destinar más recursos a esas entidades para atender a las víctimas.

Para Ana María, de la red de psicólogas feministas, las estrategias de las instituciones deben contar con enfoque de género, y en eso basar sus decisiones. “Podremos tener varias leyes y rutas, pero si no nos tomamos en serio la violencia machista, no hacemos nada”.

Afirma que las entidades distritales deben deconstruir sus creencias e incluso hasta la ley en algunos casos, como aquellos en “los que llaman a la víctima a conciliar con su maltratador, obligándola a compartir un espacio con esta persona. Todas estas decisiones las toma la administración desde creencias basadas en un sistema patriarcal, misógino y machista”.

Por eso propone llevar a cabo acciones con los mismos agresores, como encuentros con otros hombres y con la comunidad; trabajar con las juntas de acción comunal, que tienen ideas para combatir el machismo, y que las alcaldías locales capaciten a sus ciudadanos, pero lo más importante, hacer seguimiento a los casos. “El primer paso lo deben dar las instituciones, admitir que las cosas no están bien y revisar por qué la ruta de atención en muchos casos no funcionó”.

En una ciudad de ocho millones de personas, los ciudadanos también tienen su parte: revisar, como sociedad, cuáles son los discursos que estamos replicando, de qué chistes nos estamos riendo y entender qué es y cómo combatir la violencia machista, que es el inicio de una cadena de violencias que pueden terminar en un feminicidio. Y en cuanto a las empresas privadas, es importante que revisen las rutas de atención y los protocolos a seguir, cuando se presente violencia de género, en caso de tener trabajadoras en riesgo de feminicidio.

Todo esto para que no se repitan casos como el de Érika Aponte, quien a pesar de que sus compañeros, el centro comercial Unicentro y sus propios empleadores sabían de su riesgo, el pasado domingo 14 de mayo estaba desprotegida, cuando su expareja llegó y la asesinó.

Este panorama abre varias preguntas: ¿qué hicieron las instituciones para evitarlo? ¿Quién estaba vigilando al agresor, para que no se le acercara a Érika? ¿Por qué si el agresor ya la había agredido en el centro comercial pudo regresar sin dificultad? ¿Por qué sus empleadores no la cambiaron de sitio de trabajo?

Lo que vemos son eslabones que fallan y no solo en este caso, sino en todos donde hay una agresión. Este caso obliga a repensar y a actuar, porque con cada feminicidio se falla como sociedad.

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