"El objetivo de disminuir tarifas no era un simple capricho del alcalde"

Para el mandatario de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, lo único claro de su proceso en la Procuraduría es que “no brinda tranquilidad sobre la imparcialidad que se espera”. Que se trata de un choque de “diferencias de ideologías y filosofías políticas”. Que su derecho a ser presumido inocente se fue por un barranco hace mucho tiempo. Que él nunca estableció un monopolio, pero que de nada sirve proclamar que sus decisiones con respecto al sistema de recolección de basuras en Bogotá han sido óptimas si al fin y al cabo la Procuraduría va a fallar como quiere y no como se debe.

En el Palacio Liévano, aliados y escépticos de la administración Petro creían por igual que la sanción de la Procuraduría era inminente. Petro lo creía también y por eso acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para demandar al Estado colombiano por permitir que un funcionario como Alejandro Ordóñez, procurador general, establezca tal “persecución” en su contra.

Más allá de sentirse perseguido, sin embargo, el alcalde de la capital de Colombia hizo lo correspondiente con respecto al proceso disciplinario que le abrió la Procuraduría el pasado 21 de junio: presentar sus descargos. En un extenso escrito Petro se dirigió a la Sala Disciplinaria del Ministerio Público para refutar el principal argumento del organismo de control, que es que Petro, cuando decidió cambiar el modelo de recolección de basuras en la ciudad y permitir la entrada de la Empresa de Agua y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), entró a establecer un monopolio que afectó a la ciudad.

Petro sostiene que lo que ocurrió fue lo opuesto: Bogotá ganó en cuanto a la inclusión de población vulnerable en el esquema de basuras (los recicladores) y los que perdieron fueron las empresas que se habían constituido en un cartel. “La cartelización económica por los contratistas privados construyeron enormes barreras de entrada al mercado de aseo de la ciudad de Bogotá, que provocaron la construcción de un sistema de precios del aseo o tarifas contrario a los intereses de los consumidores o usuarios y además propició inconstitucionalmente la vulneración de los derechos de una población discriminada”, señaló el mandatario en su escrito.

De acuerdo con el alcalde, ya la Contraloría General había emitido una alerta en Bogotá y en otras ciudades del país sobre la “captación exorbitante e irregular de dineros de los usuarios” a través de los sistemas de recolección de basuras. El cálculo, resaltó Petro, era de casi $500.000 millones “pagados en exceso” a través del doble pago de limpieza de calles o el cobro de amortización de vehículos ya amortizados, entre otras maneras “que muestran con claridad cómo lo que se construyó en la ciudad de Bogotá fue un proceso de cartelización económica de su servicio de aseo”.

La Procuraduría asevera que Gustavo Petro cometió una falta gravísima al facilitar la entrada de la EAB en el mercado de la recolección de residuos, pues eliminó la libre competencia y fomentó la creación de un monopolio. Petro, no obstante, dice que es una contradicción afirmar que se creó un monopolio cuando, evidentemente, no se subieron los precios para los usuarios. La Procuraduría dice que la EAAB no contaba con una flota adecuada para asumir esos servicios. Petro indica que el Ministerio Público “olvida de manera muy extraña” que la flota que usaban los contratistas privados (Atesa, Ciudad Limpia, Aseo Capital y Lime) era la misma de la EAB, pues esas firmas no tenían camiones propios sino que éstos le pertenecían ya al Distrito.

Para Petro, el sesgo de la Procuraduría en su contra se hace aún más obvio cuando el organismo de control, de nuevo, “olvida de manera extraña” que cinco días antes de la fecha en que estaba programado el cambio de esquema de recolección de basuras –el 18 de diciembre de 2012–, las empresas privadas que tenían el deber de recoger residuos en las calles dejaron de hacerlo. “Los concesionarios privados del aseo dejaron de recoger miles de toneladas de basura desde el día 13 de diciembre, como está plenamente demostrado por los registros de entrada y pesaje en el relleno sanitario Doña Juana”, argumentó el burgomaestre. Es más: Petro argumenta que fue precisamente la capacidad logística y financiera de la EAAB –que según él la Procuraduría menospreció– la que salvó a la ciudad de una catástrofe.

Que Petro le haya entregado a la EAAB la prestación del servicio de recolección de basuras, que haya expedido el decreto 564 y la falta de una flota idónea son los principales reproches que la Procuraduría le hace a Petro. Pero el mandatario insiste en que a él lo eligieron con base en una promesa electoral llamada “Basuras Cero”, y que por eso el cambio de modelo de aseo no puede interpretarse como una irregularidad sino como el tránsito “legal” de un esquema a otro. Petro dice que sí se privatizó el servicio, pero “de carácter democrático”. Y que Basuras Cero es, además, “réplica del desarrollo de la humanidad en el ejercicio del derecho a un ambiente sano y la conservación del planeta”.
 

Para el mandatario de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, lo único claro de su proceso en la Procuraduría es que “no brinda tranquilidad sobre la imparcialidad que se espera”. Que se trata de un choque de “diferencias de ideologías y filosofías políticas”. Que su derecho a ser presumido inocente se fue por un barranco hace mucho tiempo. Que él nunca estableció un monopolio, pero que de nada sirve proclamar que sus decisiones con respecto al sistema de recolección de basuras en Bogotá han sido óptimas si al fin y al cabo la Procuraduría va a fallar como quiere y no como se debe.

En el Palacio Liévano, aliados y escépticos de la administración Petro creían por igual que la sanción de la Procuraduría era inminente. Petro lo creía también y por eso acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para demandar al Estado colombiano por permitir que un funcionario como Alejandro Ordóñez, procurador general, establezca tal “persecución” en su contra.

Más allá de sentirse perseguido, sin embargo, el alcalde de la capital de Colombia hizo lo correspondiente con respecto al proceso disciplinario que le abrió la Procuraduría el pasado 21 de junio: presentar sus descargos. En un extenso escrito Petro se dirigió a la Sala Disciplinaria del Ministerio Público para refutar el principal argumento del organismo de control, que es que Petro, cuando decidió cambiar el modelo de recolección de basuras en la ciudad y permitir la entrada de la Empresa de Agua y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), entró a establecer un monopolio que afectó a la ciudad.

Petro sostiene que lo que ocurrió fue lo opuesto: Bogotá ganó en cuanto a la inclusión de población vulnerable en el esquema de basuras (los recicladores) y los que perdieron fueron las empresas que se habían constituido en un cartel. “La cartelización económica por los contratistas privados construyeron enormes barreras de entrada al mercado de aseo de la ciudad de Bogotá, que provocaron la construcción de un sistema de precios del aseo o tarifas contrario a los intereses de los consumidores o usuarios y además propició inconstitucionalmente la vulneración de los derechos de una población discriminada”, señaló el mandatario en su escrito.

De acuerdo con el alcalde, ya la Contraloría General había emitido una alerta en Bogotá y en otras ciudades del país sobre la “captación exorbitante e irregular de dineros de los usuarios” a través de los sistemas de recolección de basuras. El cálculo, resaltó Petro, era de casi $500.000 millones “pagados en exceso” a través del doble pago de limpieza de calles o el cobro de amortización de vehículos ya amortizados, entre otras maneras “que muestran con claridad cómo lo que se construyó en la ciudad de Bogotá fue un proceso de cartelización económica de su servicio de aseo”.

La Procuraduría asevera que Gustavo Petro cometió una falta gravísima al facilitar la entrada de la EAB en el mercado de la recolección de residuos, pues eliminó la libre competencia y fomentó la creación de un monopolio. Petro, no obstante, dice que es una contradicción afirmar que se creó un monopolio cuando, evidentemente, no se subieron los precios para los usuarios. La Procuraduría dice que la EAAB no contaba con una flota adecuada para asumir esos servicios. Petro indica que el Ministerio Público “olvida de manera muy extraña” que la flota que usaban los contratistas privados (Atesa, Ciudad Limpia, Aseo Capital y Lime) era la misma de la EAB, pues esas firmas no tenían camiones propios sino que éstos le pertenecían ya al Distrito.

Para Petro, el sesgo de la Procuraduría en su contra se hace aún más obvio cuando el organismo de control, de nuevo, “olvida de manera extraña” que cinco días antes de la fecha en que estaba programado el cambio de esquema de recolección de basuras –el 18 de diciembre de 2012–, las empresas privadas que tenían el deber de recoger residuos en las calles dejaron de hacerlo. “Los concesionarios privados del aseo dejaron de recoger miles de toneladas de basura desde el día 13 de diciembre, como está plenamente demostrado por los registros de entrada y pesaje en el relleno sanitario Doña Juana”, argumentó el burgomaestre. Es más: Petro argumenta que fue precisamente la capacidad logística y financiera de la EAAB –que según él la Procuraduría menospreció– la que salvó a la ciudad de una catástrofe.

Que Petro le haya entregado a la EAAB la prestación del servicio de recolección de basuras, que haya expedido el decreto 564 y la falta de una flota idónea son los principales reproches que la Procuraduría le hace a Petro. Pero el mandatario insiste en que a él lo eligieron con base en una promesa electoral llamada “Basuras Cero”, y que por eso el cambio de modelo de aseo no puede interpretarse como una irregularidad sino como el tránsito “legal” de un esquema a otro. Petro dice que sí se privatizó el servicio, pero “de carácter democrático”. Y que Basuras Cero es, además, “réplica del desarrollo de la humanidad en el ejercicio del derecho a un ambiente sano y la conservación del planeta”.