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Nadie tiene claro cuántos recicladores hay en Bogotá. Mientras la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) tiene un estimado de 24.998 de oficio, la Superintendencia de Servicios Públicos habla de casi 40.000. Más allá de la cifra, la duda genera problemas: pone en juego la formalización de los recicladores de oficio, necesaria para el pago de la compensación incluida en la tarifa de aseo, y el acceso a las alternativas que debe dar el Distrito. Para corregirlo, se estructura un proyecto de decreto para la caracterización de esta población y de las carretas que circulan en la ciudad.
La necesidad es evidente. Por un lado, los mismos recicladores señalan que varios de los que están registrados ya no ejercen este oficio. Por el otro, gran parte la población venezolana que ha entrado en la rotación no está registrada, por lo que son víctimas fáciles para los tercerizadores, que les pagan mucho menos de lo establecido. Por su parte, el Distrito señala que la formalización es clave para mejorar las condiciones de seguridad.
“Dado el aumento de carreteros durante la pandemia, la frecuencia con la que pernoctan en las calles, la ocupación del espacio público y su posible relación con situaciones presuntamente delictivas, de consumo de sustancias psicoactivas y demás afectaciones asociadas a este fenómeno social en la ciudad, a la Uaesp y a la Secretaría de Seguridad se les ha encomendado liderar un proceso destinado a la atención y el cuidado integral de la población carretera”, indicó la Uaesp.
Esto, en parte, se debe a que un porcentaje de los carreteros no son necesariamente recicladores. De hecho, algunos se dedican a la venta de alimentos y utensilios, mientras que otros son empleados por habitantes de calle, cuyos asesinatos aumentaron 42 % este año con respecto a 2019, en especial en lo calidades como Engativá y San Cristóbal.
Para la atención, de acuerdo con Nohora Padilla, una de las lideresas de los recicladores en Bogotá, se hicieron dos mesas de trabajo en las que se acordó la carnetización de los recicladores que usen carretas. “Si cada carreta tiene un código QR, la Policía puede identificar fácilmente a quién le pertenece el registro. Además, con esto, el Distrito está en la obligación de aplicar acciones afirmativas y programas para atender a la población recicladora, tal como lo ordenó la Corte Constitucional”.
En principio, el proyecto del decreto estipula que la Uaesp deberá carnetizar a los recicladores que ya están en el Registro Único de Recicladores de Oficio (RURO), asociar la caracterización a otras entidades involucradas en el proceso como Migración, el ICBF y el Idiprón, así como facilitar el acceso a esta información a la Policía, que podrá solicitarlo en la calle a los recicladores. Mientras que, pore otro lado, la Secretaría de Movilidad tendrá que encargarse del registro y la asignación del código QR, que solo permitirá asociar a un reciclador con una carreta.
“Las organizaciones nos tendremos que encargar del registro de sus asociados. Puede que se presenten casos en los que los recicladores compartan las carretas, pero es poco probable, porque en este oficio se deben completar jornadas largas para hacerse lo mínimo del día”, dice Padilla.
Por último, el decreto especifica que la Secretaría de Integración Social y la Policía deberán trabajar articuladamente “para efectuar las coordinaciones pertinentes frente a la población recicladora y carretera habitante de y en calle, cuya vida e integridad estén en riesgo o peligro”, por lo que podrán hacer su traslado por protección a los lugares asignados por el Distrito para “cubrir sus necesidades básicas y la adopción de acciones afirmativas en su favor”.
Esto podría llegar a ser controversial, por lo que la especificación de las condiciones en las que se podrá aplicar esta medida deberá aclararse por parte del Distrito. Por lo pronto, los recicladores están a la espera de la expedición del decreto y la definición de los instrumentos que se emplearán para la caracterización, pues pese a que en principio esta medida no se relaciona a las negociaciones que se adelantan con la Superintendencia de Servicios Públicos, para definir la transparencia en el pago de la tarifa de reciclaje, sí puede ser un punto de partida clave para determinar cuántos son y cómo se organizan los recicladores en la ciudad, y de esa forma garantizar su atención oportuna.
