El plan para salvar la EPS de la Alcaldía

Enrique Peñalosa no enterrará la EPS Capital Salud. La entidad está grave, con un déficit de $576.000 millones y dificultades para entregarles medicamentos a sus afiliados, pero la Alcaldía (dueña del 51 %) descarta la liquidación. Le apostará a salvarla reduciendo sus costos de operación, metiéndole más plata y pidiendo un millonario préstamo. Mientras tanto, los concejales preparan su artillería para disparar hoy en un debate de control político en el que tratarán de señalar a los culpables de la crisis.

Es una oportunidad para hacerle un nuevo corte de cuentas a la entidad. Fue creada con Salud Total como socio minoritario (49 %) al final de la alcaldía de Samuel Moreno, siendo Clara López alcaldesa encargada. El objetivo era mejorar la atención en salud de los más pobres de Bogotá. Sin embargo, numerosas dificultades han llevado a que la Contraloría y la propia Salud Total pidan liquidarla, mientras que la Superintendencia de Salud le hace seguimiento especial por sus dificultades económicas y para prestar el servicio.

A pesar de todo, el secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, considera que acabarla no es una opción, pues eso significaría dejar a la deriva a 1’187.600 afiliados: 985.000 en Bogotá y 202.600 en Meta. Son del régimen subsidiado, es decir, población de bajos recursos que, en buena parte, ha ido a parar a ella después de que otras EPS abandonaran la ciudad o fueran liquidadas, como Caprecom. Segundo, porque Capital Salud es el principal deudor de los hospitales públicos de Bogotá: $200.000 millones. “Si la liquidamos, de todas formas nosotros, como Distrito, tendríamos que asumir esa obligación”, precisa Morales.

De ahí que se haya puesto en práctica un plan para sacarla adelante. En primer lugar, reduciendo costos. Dado que, como lo aprobó recientemente el Concejo, la operación de los 22 hospitales públicos se agrupará en cuatro redes (cada una con su propia gerencia), Capital Salud no seguirá contratando los servicios hospitalarios con cada centro asistencial, sino con cada red. El secretario espera que, por ejemplo, se genere un ahorro a partir de una “facturación que será más sencilla, porque el paciente, para ser atendido integralmente dentro de la red, no requerirá varias autorizaciones, sino una”.

Lo siguiente es capitalizar la EPS: el Distrito le inyectará $70.000 millones de presupuesto propio en los próximos cuatro años. Por último, harán un crédito a 15 años con Findeter (Financiera de Desarrollo de la Nación) por $120.000 millones, que servirán para pagarles a los hospitales. Lo otro será negociar con los demás acreedores.

Pero, más allá de este plan de choque, la propuesta del nuevo gobierno es cambiar la forma como venía siendo administrada la entidad. En el gobierno Petro, su secretario de Salud, Aldo Cadena, admitió que el déficit crecía debido a una política de no restringir el acceso de los pacientes a los servicios de salud, por más que eso implicara gastarse más dinero del presupuestado (los informes de la Supersalud dan cuenta de que esto no mejoró el servicio). En la era Peñalosa la idea es ajustar contratación y tarifas a lo que indique el mercado.

Capital Salud, de un modo u otro, tiene que estar bien para que Peñalosa pueda aplicar a cabalidad el nuevo modelo de administración de la salud que propone para Bogotá, en el cual se prevé la creación de una empresa logística que gestione, por ejemplo, la adquisición de medicamentos e insumos para las cuatro redes hospitalarias, y la idea es que la EPS, sin mayores complicaciones a cuestas, sea uno de los dueños de la nueva entidad y aporte dinero para su operación.

El lío de los medicamentos

El campanazo más reciente sobre los efectos de los intríngulis administrativos en los afiliados lo dio la Personería hace una semana, cuando advirtió sobre la dificultad de los afiliados para que les entreguen medicamentos. “La mayoría de casos corresponden a pacientes con diagnósticos de alto costo como cáncer, insuficiencia renal y enfermedades cardiovasculares”, precisó el ente de control. “También, personas con enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, trastornos mentales y neurológicos, que requieren un tratamiento continuo, oportuno y, en algunos casos, inmediato”.

Un ejemplo es el de Magdalena Arismendy, a quien desde hace un año le diagnosticaron el comienzo de un glaucoma. Ella le contó a El Espectador que sólo le entregaron los primeros tres frascos de la medicina que puede evitarle una posible ceguera. “Desde agosto del año pasado no me han dado ni uno de los seis frascos que me he debido tomar”, se queja. “Me responden que es difícil conseguirlos. Estoy incapacitada, porque me prohibieron trabajar debido a otros problemas de salud y por eso me endeudé, porque cada frasco me ha costado $45.000”. Un drama similar vive Darío Cangrejo, de 59 años, que sufre de cáncer y logró, mediante tutela, que le respondan por uno de los dos medicamentos que requiere para sobrellevar la enfermedad. Aunque no es claro el número de afectados, hay que tener en cuenta que Capital Salud tiene 1’187.600 afiliados: 985.000 en Bogotá y 202.600 en Meta.

La EPS está enfrentada con la Unión Temporal S&M, integrada por dos empresas que contrató desde la pasada administración para proveer medicinas. S&M no entrega la droga porque, dice, Capital Salud le ha incumplido con el pago de sus servicios y le adeuda $13.000 millones. El secretario de Salud responde que el primero en incumplir fue el contratista y por eso buscan la manera de terminar el contrato. La concejal liberal María Victoria Vargas agrega que ese contrato presenta posibles irregularidades que dará a conocer durante el debate de este viernes. El caso, aparentemente, se irá a tribunales.

Lidiando con asuntos como este y tratando de apagar otros incendios, la Alcaldía espera reanimar la EPS que tantos daban por muerta.

Enrique Peñalosa no enterrará la EPS Capital Salud. La entidad está grave, con un déficit de $576.000 millones y dificultades para entregarles medicamentos a sus afiliados, pero la Alcaldía (dueña del 51 %) descarta la liquidación. Le apostará a salvarla reduciendo sus costos de operación, metiéndole más plata y pidiendo un millonario préstamo. Mientras tanto, los concejales preparan su artillería para disparar hoy en un debate de control político en el que tratarán de señalar a los culpables de la crisis.

Es una oportunidad para hacerle un nuevo corte de cuentas a la entidad. Fue creada con Salud Total como socio minoritario (49 %) al final de la alcaldía de Samuel Moreno, siendo Clara López alcaldesa encargada. El objetivo era mejorar la atención en salud de los más pobres de Bogotá. Sin embargo, numerosas dificultades han llevado a que la Contraloría y la propia Salud Total pidan liquidarla, mientras que la Superintendencia de Salud le hace seguimiento especial por sus dificultades económicas y para prestar el servicio.

A pesar de todo, el secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, considera que acabarla no es una opción, pues eso significaría dejar a la deriva a 1’187.600 afiliados: 985.000 en Bogotá y 202.600 en Meta. Son del régimen subsidiado, es decir, población de bajos recursos que, en buena parte, ha ido a parar a ella después de que otras EPS abandonaran la ciudad o fueran liquidadas, como Caprecom. Segundo, porque Capital Salud es el principal deudor de los hospitales públicos de Bogotá: $200.000 millones. “Si la liquidamos, de todas formas nosotros, como Distrito, tendríamos que asumir esa obligación”, precisa Morales.

De ahí que se haya puesto en práctica un plan para sacarla adelante. En primer lugar, reduciendo costos. Dado que, como lo aprobó recientemente el Concejo, la operación de los 22 hospitales públicos se agrupará en cuatro redes (cada una con su propia gerencia), Capital Salud no seguirá contratando los servicios hospitalarios con cada centro asistencial, sino con cada red. El secretario espera que, por ejemplo, se genere un ahorro a partir de una “facturación que será más sencilla, porque el paciente, para ser atendido integralmente dentro de la red, no requerirá varias autorizaciones, sino una”.

Lo siguiente es capitalizar la EPS: el Distrito le inyectará $70.000 millones de presupuesto propio en los próximos cuatro años. Por último, harán un crédito a 15 años con Findeter (Financiera de Desarrollo de la Nación) por $120.000 millones, que servirán para pagarles a los hospitales. Lo otro será negociar con los demás acreedores.

Pero, más allá de este plan de choque, la propuesta del nuevo gobierno es cambiar la forma como venía siendo administrada la entidad. En el gobierno Petro, su secretario de Salud, Aldo Cadena, admitió que el déficit crecía debido a una política de no restringir el acceso de los pacientes a los servicios de salud, por más que eso implicara gastarse más dinero del presupuestado (los informes de la Supersalud dan cuenta de que esto no mejoró el servicio). En la era Peñalosa la idea es ajustar contratación y tarifas a lo que indique el mercado.

Capital Salud, de un modo u otro, tiene que estar bien para que Peñalosa pueda aplicar a cabalidad el nuevo modelo de administración de la salud que propone para Bogotá, en el cual se prevé la creación de una empresa logística que gestione, por ejemplo, la adquisición de medicamentos e insumos para las cuatro redes hospitalarias, y la idea es que la EPS, sin mayores complicaciones a cuestas, sea uno de los dueños de la nueva entidad y aporte dinero para su operación.

El lío de los medicamentos

El campanazo más reciente sobre los efectos de los intríngulis administrativos en los afiliados lo dio la Personería hace una semana, cuando advirtió sobre la dificultad de los afiliados para que les entreguen medicamentos. “La mayoría de casos corresponden a pacientes con diagnósticos de alto costo como cáncer, insuficiencia renal y enfermedades cardiovasculares”, precisó el ente de control. “También, personas con enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, trastornos mentales y neurológicos, que requieren un tratamiento continuo, oportuno y, en algunos casos, inmediato”.

Un ejemplo es el de Magdalena Arismendy, a quien desde hace un año le diagnosticaron el comienzo de un glaucoma. Ella le contó a El Espectador que sólo le entregaron los primeros tres frascos de la medicina que puede evitarle una posible ceguera. “Desde agosto del año pasado no me han dado ni uno de los seis frascos que me he debido tomar”, se queja. “Me responden que es difícil conseguirlos. Estoy incapacitada, porque me prohibieron trabajar debido a otros problemas de salud y por eso me endeudé, porque cada frasco me ha costado $45.000”. Un drama similar vive Darío Cangrejo, de 59 años, que sufre de cáncer y logró, mediante tutela, que le respondan por uno de los dos medicamentos que requiere para sobrellevar la enfermedad. Aunque no es claro el número de afectados, hay que tener en cuenta que Capital Salud tiene 1’187.600 afiliados: 985.000 en Bogotá y 202.600 en Meta.

La EPS está enfrentada con la Unión Temporal S&M, integrada por dos empresas que contrató desde la pasada administración para proveer medicinas. S&M no entrega la droga porque, dice, Capital Salud le ha incumplido con el pago de sus servicios y le adeuda $13.000 millones. El secretario de Salud responde que el primero en incumplir fue el contratista y por eso buscan la manera de terminar el contrato. La concejal liberal María Victoria Vargas agrega que ese contrato presenta posibles irregularidades que dará a conocer durante el debate de este viernes. El caso, aparentemente, se irá a tribunales.

Lidiando con asuntos como este y tratando de apagar otros incendios, la Alcaldía espera reanimar la EPS que tantos daban por muerta.