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Los habitantes del barrio Bravo Páez se ha tenido que conformar, solo con el rénder, de lo que sería el centro de atención prioritaria (CAP) para esta comunidad de la localidad de Antonio Nariño. Aunque la obra fue adjudicada en 2021, y estaba presupuestada para ser entregada a mediados de 2022, hoy en el predio ubicado en la calle 35 B sur No. 25ª – 37 solo hay una construcción modesta que dista de lo proyectado en el contrato.
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Pese a que la obra iba a utilizar la infraestructura ya existente del hospital de Rafael Uribe, en vez de construir un centro asistencial de ceros, no hay avances significativos en el proyecto tras tres años de su adjudicación. Solo lleva 23 % de avance. La causa principal: un pleito jurídico entre el contratista y la Secretaría de Salud en el que hay más de $50.000 millones en juego.
Todo comenzó en 2021, cuando la cartera de salud anunció la adjudicación de la obra por un costo total de $14.751.182.301 millones. Sin embargo, según la denuncia reciente del concejal Daniel Briceño, quien destapó el lío en torno a la obra, el desembolso en el proceso de adjudicación fue de $17.272 millones en construcción y $1.380 millones en dotación, con una duración de 46 meses.
Dado que el contratista, Miroal Ingeniería S.A.S., no pudo cumplir con el tiempo fijado en el contrato, le solicitó al Distrito una prórroga, más una adición presupuestal de $1.993 millones, argumentando costos excedentes en la ejecución de las obras. Como suele ocurrir en estos casos, la administración distrital optó por aprobar la prórroga y el desembolso adicional que solicitó el contratista de 21 meses.
Hasta ahí, todo el proceso del CAP venía bajo la senda de lo habitual hasta que, una decisión del contratista, lo cambió todo. Al momento de oficializar la prórroga, denuncia el cabildante del Centro Democrático, Miroal Ingeniería, decidió echarse para atrás y no suscribir la ampliación del plazo. En cambio, sin explicación aparente, optó por solicitar la liquidación del contrato.
Al ser esto un indicio de que el contratista planeaba abandonar la obra, la Secretaría descartó la posibilidad de liquidar la obra y abrió consigo la puerta a un pleito jurídico. De esta manera, Miroal Ingeniería demandó al Distrito argumentando un desequilibrio económico y solicitó ante los tribunales una liquidación judicial por $13.000 millones.
Entre tanto, en medio de la disputa, sigue como materia pendiente el curso de los $1.800 millones invertidos para la equipación de un CAP que todavía no existe. La Subred de Centro Oriente, que en su momento adjudicó 1.380 millones para la dotación del recinto, solicitó la revocatoria de las resoluciones de adjudicación y demandó la nulidad de los actos administrativos. Este caso también está ante la justicia, que debe resolver si el Distrito debe pagarle a los proveedores que se ganaron la adjudicación de dotación.
Mientras un juez decide si la ciudad, con el dinero de nuestros impuestos, debe pagar la millonaria liquidación; o si, por el contrario, obliga al contratista a terminal el CAP, los 130.000 habitantes de la localidad continúan sin un centro asistencial que atienda las necesidades médicas de la comunidad. De ahí, que a pesar de que la demanda del contratista aún no haya sido resuelta, se haya aprobado un nuevo convenio, esta vez por $25.000 millones, para culminar el centro de atención prioritaria.
En resumen, hay $56.000 millones del erario comprometidos alrededor de lo que parece ser un elefante blanco, lejos de estar resuelto. Por lo anterior, desde el Recinto de los Comuneros, solicitaron a los entes de control el comienzo de las pesquisas correspondientes para aclarar la maraña contractual alrededor de este proyecto. Por el momento, no existe una mención especial por parte del Distrito sobre esta problemática.
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