El preocupante panorama de las URI y estaciones de policía en Bogotá

Las tres estaciones de Policía visitadas por la Personería se encontraban en condición de hacinamiento.

Foto: Personería de Bogotá

El asesinato de un policía, durante la fuga de un condenado, que inexplicablemente seguía recluido en la estación de policía de Suba, o el reciente asesinato de Juan Pablo González Gómez, en la URI de Puente Aranda, detenido por ser el presunto agresor sexual de Hilary Castro, son una muestra de la crisis que se vive en los sitios de reclusión temporal.

Al escaso personal vs. la desbordada cantidad de reclusos, sumado a las deficiencias de infraestructura, los problemas sanitarios, de alimentación y acceso a agua potable, por lo general, derivan en motines, fugas y hasta homicidios. Un peligroso coctel, que incrementa la violación a derechos humanos.

Para tener un referente vale recordar una de las mortales grescas que se registraron a finales de 2018, en la URI de Puente Aranda, donde asesinaron a un hombre, de 36 años, y otros 11 resultaron heridos. El hecho ocurrió en el tercer piso, el mismo donde mataron a González, que para ese momento había 223 detenidos.

Solo para explorar uno de los aspecto, el último reporte sobre el hacinamiento y las condiciones de las URI y estaciones de Policía en Bogotá, muestra un panorama preocupante. Según datos de la Policía Metropolitana de Bogotá, con fecha al 4 de noviembre (tres días antes del asesinato de González) a pesar de contar con 1.237 cupos para reclusos, para ese día la cifra era de 3.177, es decir, 1.940 más de los permitidos, lo que representa un hacinamiento del 156 %. Con una particularidad: 513 son ciudadanos extranjeros.

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Para dimensionar la cifra global de hacinamiento es como tener dos camas para acomodar a cinco personas, pero hay casos de algunas estaciones de Policía en las que meten a 10, en el espacio que está adaptado para una sola persona. Es lo que se evidencia al revisar las cifras en detalle.

El ejemplo está en casos tan preocupantes como el de Usaquén, donde en un espacio para 10 personas había 100 o el mismo de Puente Aranda. Lo particular, es que se supone que estos son sitios de retención temporal, pero hay casos de detenidos que llevan meses, a la espera de un cupo en una cárcel nacional. El Inpec, que también vive su propio problema, tiene en parte responsabilidad de la situación.

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El reporte, que elaboran de manera conjunta el Ministerio de Justicia, el Inpec y la Policía de Bogotá, permiten dimensionar la situación. El caso particular de la URI de Puente Aranda es uno de los más complejos. Estas instalaciones, ubicadas en la carrera 39 #10-75, a un costado la Estación de Policía de Puente Aranda, cuenta con ocho celdas, cuatro baterías sanitarias, un espacio de recepción, un consultorio médico, cafetería y oficinas para el personal de custodia.

Las celdas están distribuidas en tres pisos, con cupo oficial para 452 reclusos, pero para el 4 de noviembre había 844. En las celdas del primer piso, con espacio para 127 personas, había 272, de los cuales 262 eran imputados y 12 condenados, y en el segundo nivel, con espacio para 245 internos (90 para mujeres), estaban había 403 (89 mujeres), de los cuales 382 eran imputados y 21 condenados.

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Finalmente, en las celdas del piso tres, donde ocurrió el asesinato de González, se reporta una capacidad para 80 detenidos. Sin embargo, había 167, de los cuales 151 eran imputados y 16 condenados. Para atender y custodiar a toda esta población, día y noche, en el centro de retención de Puente Aranda hay 63 funcionarios, lo que parece insuficiente por la cantidad general de reclusos.

En las localidades

Al analizar los sitios de custodia en las localidades, el panorama es igual o peor. En Usaquén, por ejemplo, que cuenta con espacio para 10 detenidos, el 4 de noviembre había 99, de los cuales 29 eran extranjeros. Este hacinamiento de casi 900% estaba bajo custodia de 12 funcionarios.

En las localidades del sur de la ciudad las cifras de hacinamiento son exageradamente altas. La estación de Bosa se ubicó como la segunda en hacinamiento de toda la ciudad, al alcanzar un porcentaje de sobrepoblación del 534 %, ya que en un espacio adaptado para apenas 35 detenidos tenían a 222, todos bajo custodia de 12 funcionarios.

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En el caso de Usme, la sobrepoblación llegó al 385 %, al tener a 97 personas en un espacio adecuado para 20, bajo el cuidado de seis funcionarios. Le siguen en orden Kennedy, con un hacinamiento del 373 % (284 en un espacio para 60 personas); San Cristóbal, con 348 % (157 en un espacio por 35), y Ciudad Bolívar, con 286 % (232 en un espacio para 60 detenidos).

En Chapinero, el hacinamiento era del 253 % (53 detenidos en un espacio para 15); en la Terminal de Transportes, del 220% (32 en espacio para 10); en Engativá, del 165 % (159 en un espacio para 60); en el Aeropuerto, del 160% (26 en un espacio para 10); en Suba, del 155% (153 en espacio para 60); en Rafael Uribe, del 147 % (99 en un espacio para 40); en Barrios Unidos, del 140% (84 en un espacio para 35), y en Teusaquillo, de 140% (60 en un espacio para 25).

Por debajo del 100% se ubicaron Tunjuelito, con el 95% (39 en espacio para 20); Santa Fe, con 82% (155 en espacio para 85); Fontibón, con 77% (80 en espacio para 45); Los Mártires, con 56% (125 en un espacio para 80), y Antonio Nariño, con 36% (68 en un espacio para 80 reclusos). En ninguna de las URI o estaciones de policía de la ciudad, los reclusos estuvieron en condiciones dignas.

Las alertas de la Personería

La situación no es nueva y ha sido motivo de múltiples alertas por los entes de control, como la Personería, que constantemente realiza visitas de inspección a estos sitios de retención. En su último informe, publicado en finales de agosto, evidenció una evidente vul­neración del derecho a la dignidad humana de las per­sonas en situación de detención alojadas en los centros transitorios de detención, como estaciones de policía y URI.

Según la entidad, fuera de la infraestructura inadecuada y el hacina­miento, se presentan condiciones de insalubridad, alimento insuficiente, vulneración a “los derechos a la vida e integridad física, intimidad fami­liar, sexual, derecho a la educación, trabajo e inaccesibi­lidad al tratamiento terapéutico resocializador que debe ofrecer el régimen penitenciario y carcelario, entre otros”.

Lo peor, es que parece que la situación no tiene pronta solución, pues al analizar la estrategia del Distrito en contra del hacinamiento, encontró que no existen acciones a corto plazo que resuelvan el problema de fondo, pues a pesar de que se viene hablando de nuevas construcciones para ampliar el número de cupos, eso no garantiza una reclusión digna.

Como quedó en evidencia en el caso de Juan Pablo González, el acceso de los detenidos a servicios de salud es limitado, tanto que en el caso del reciente crimen, fue un enfermero, quien estaba detenido, el que le brindó los primeros auxilios. Según la Personería, la atención es inoportuna e inadecua­da y “depende de factores externos como las redes de apoyo, logística para los traslados, falta de elementos y medicamentos en los centros transitorios de detención”, recalcó.

Fuera del hacinamiento, la alimentación y el acceso al agua, parece ser otro problema. Si bien, hay agua potable, su acceso es restringido, y en cuanto a la comida, lo que se les brinda no cumplen con “lo establecido contractualmente en las mi­nutas nutricionales, en la variedad, gramaje y calidad. En algunas ocasiones los alimentos se entregan crudos o descompuestos, situación que causa inconformidad en­tre los detenidos y representa una amenaza de sus de­rechos fundamentales a la salud, vida e integridad física”.

“Las limitaciones a una alimentación adecuada desencadena situaciones de alteración de orden público al interior de las celdas y a su vez, problemas de salud pública, derivado de intoxicaciones y problemas estomacales recurrentes, situación que se agudiza por las deficientes condiciones de infraestructura sanitaria, siendo así, por ejemplo, el caso de la Estación de Policía de Chapinero, en la cual existe un solo baño para 80 detenidos”.

Ante este panorama, la Personería viene pidiendo acciones urgentes para reducir el hacinamiento; focalizar acciones que promuevan la resocialización como fin de la pena; diseñar procedimientos para separar imputados de condenados, que hoy comparten el mismo espacio, y promover “buscar acciones alternas a la ampliación de cupos carcelarios, ya que este objetivo representa un elevado costo al erario y siempre el esfuerzo será insuficiente”.

Y justo, cuando en la ciudad la propia alcaldesa ha suscitado un debate, porque los jueces dejan libres a los detenidos por hurto, exigiendo más cárcel (como sinónimo de justicia) y menos impunidad, la Personería sigue promulgando la necesidad de desincentivar el “populismo punitivo” de endurecer penas, y mejor apuntar a estimular medidas alternativas a la detención intramural, la prevalencia de la libertad y la presunción de inocencia. Además, adelantar campañas y brigadas en sa­lud, así como campañas jurídicas, para apoyar el acceso a la defensa de los detenidos.

Expertos en seguridad señalan que toda esta situación presiona al Distrito a proveer fuentes de financiación, para lograr un aumento de cupos, para las personas detenidas preventivamente. Además, un llamado al Congreso para que “deje de aprobar leyes tendientes a aumentar penas y prohibir beneficios, pues ello solo genera mayor congestión judicial, más hacinamiento y, en últimas, menor posibilidad de una justicia pronta”.

Como queda en evidencia, el problema en las URI y estaciones de policía está sobrediagnosticado, faltan las soluciones, urgentes.

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