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El miércoles 15 de noviembre, el Gobierno Nacional dio a conocer el Decreto 1959, mediante el cual se oficializa el plan para que la Nación compre los hospitales San Juan de Dios y Materno Infantil. En el decreto se anunció también, que se plantea que una vez restaurados y adecuados los edificios patrimonio, funcionarían como una sola entidad de carácter especial llamada ‘Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil’.
LEA: El costoso pleito que se viene con la compra del hospital San Juan de Dios
Si bien, el plan está claro, el proceso se enfrenta a una serie de retos al resolver. La primera, la demanda internacional a la que se ve hoy sometida la Alcaldía de Bogotá por cuenta del constructor que, en 2019 había ganado un contrato de obra para demoler la Torre Central del complejo, para edificar el nuevo Hospital Santa Clara. Con los planes del gobierno de recuperar y no demoler, el contrato se hace inviable, como lo reveló El Espectador.
Ante esta situación y una posible acción de repetición en contra de la Nación, en caso de que la Alcaldía de Bogotá pierda el pleito internacional, el presidente Petro reaccionó a través de su cuenta de X señalando que dicho contrato se firmó violando la ley, con lo que, de cierta manera deja clara la posición de cómo enfrentaría el Gobierno Nacional la demanda del Distrito en su contra.
LEA: Demandan al Distrito por incumplir contrato de construcción en el San Juan de Dios
Nadie puede demoler un patrimonio nacional. Firmaron un contrato violando la ley colombiana.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2023
El San Juan de Dios es por ley un patrimonio nacional.https://t.co/qHI1ZJwS55
El pleito internacional
Durante la alcaldía de Petro se avanzó en la estructuración del Plan de Manejo Especial de Protección (PEMP) para Bienes de Interés Cultural (BIC), como el San Juan de Dios. Además, compró los terrenos a la Gobernación de Cundinamarca, por casi $150.000 millones, y alcanzó a contratar adecuaciones para rehabilitar algunas estructuras. Con el cambio de administración, Peñalosa impuso su idea de que era más barato demoler y construir que recuperar los edificios.
En ese sentido, tras la adopción en abril de 2016 del PEMP, que avaló la demolición del edificio Torre Central, adjudicó a la firma española Copasa (diciembre de 2019) un contrato de estudio, diseño, construcción, dotación y mantenimiento del nuevo hospital Santa Clara, por casi $450.000 millones, en estos terrenos. En julio de 2020, bajo la administración de Claudia López, se firmó el acta de inicio, algo que Petro calificó como “una incoherencia histórica”.
Hoy, transcurridos tres años, está claro que ese contrato no se ejecutará. El constructor tenía que tramitar el permiso del Ministerio de Cultura para demoler, pero no lo logró. Se lo rechazaron en el gobierno de Iván Duque, y con la llegada de Petro a la presidencia esa puerta definitivamente se cerró.
Toda opción para hacer la obra quedó descartada en septiembre, cuando el ministro de Cultura, Juan David Correa, le reiteró a través de un oficio a la alcaldesa López, “que ningún proyecto constructivo del conjunto hospitalario San Juan de Dios, que incluya la demolición del edificio Torre Central, recibirá autorización, ya que la torre goza de protección especial”.
Ahora, en su demanda arbitral, pide que condenen al Distrito a pagar una indemnización por $70.000 millones, de los cuales $30.000 millones son por costos en el proceso y $40.000 millones por las ganancias que dejaron de percibir. “El contratista nunca dimensionó lo complejo del trámite. Ya con las declaraciones de Petro, el Plan de Desarrollo y el rechazo del Mincultura, vio que no podía seguir y convocaron al tribunal”, explicaron desde la Alcaldía.
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