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Todavía resuena la polémica sobre las concesiones para la explotación de agua subterránea que actualmente funcionan en la ciudad. Lo anterior, luego de conocerse que, empresas de bebidas gaseosas, sustraían este tipo de recurso, a precios muy bajos, mientras la ciudadanía se encontraba en medio de un racionamiento del líquido.
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Después de que algunos medios de comunicación revelaran dichas excavaciones, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que, en efecto, hay 64 concesiones activas para sustraer agua subterránea en Bogotá. De esas, dijo el burgomaestre, una fue aprobada durante los primeros 9 meses de su gobierno.
Pero, además, el alcalde dijo que esta fracción de agua representa menos del 1% del total que consume la ciudad y, asimismo, Galán aclaró que este tipo de agua no es acta para el consumo humano, por lo cual el privado que la sustrae debe asumir el costo de su tratamiento y posterior potabilización.
En ese orden de ideas, el Galán aclaró que estas concesiones permiten un tope máximo de extracción de 15.000 m³, de los cuales, en promedio, las empresas extraen alrededor de 6.000 m³, y con una tasa cercana a los $70 por metro cúbico. Si bien, dicho valor lo pagan las empresas por el acceso a agua no potable, el alcalde dijo que estas tarifas le resultan “un poco bajas”.
“Desde el Distrito creemos que el valor que se paga por estas concesiones es demasiado bajo. Por esto, hemos presentado una solicitud al Ministerio de Ambiente para que revise los montos”, apostilló Carlos Fernando Galán. Sobre este punto, vale la pena resaltar, que el alcalde hace referencia al decreto 1155 de 2017, emitido por el Ministerio del Interior, mediante el cual se establecen las tarifas de cobro para este tipo de aguas.
Finalmente, en referencia al agua que sí podría ser utilizada para consumo humano, y se encuentra en la red de acuíferos Guadalupe, en la sabana, el alcalde fue enfático en señalar el largo plazo que requiere esa posibilidad. “Esta es una alternativa que se debe estudiar, pero con mucho cuidado, porque no quiere decir que nos resuelva el tema de la escasez de agua”, mencionó el alcalde.
Sobre este punto hay una discusión fuerte debido al poco estudio que hay sobre la disponibilidad real de estos acuíferos y los cuales, de acuerdo con su conformación geológica, llevan bajo tierra millones de años. Para realizar los análisis, se requiere una cantidad significativa de recursos, humanos y económicos, que permitan esclarecer cuánta agua hay allí y como se podría, eventualmente, sustraer.
Mientras tanto, la Alcaldía y la Gobernación de Cundinamarca se encuentran en gestiones con el Banco Mundial y otras entidades internacionales que puedan financiar la ejecución de estos estudios. Dicha figura ya ha tenido éxito en la elaboración de otros documentos de índole técnico, como los del cable de Soacha y la Calera.
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¿Un tesoro menoscabado?
Antes de hacer cuentas alegres con el potencial de las aguas hídricas, es menester localizar los suelos en donde están almacenadas y tener un cuerpo jurídico sólido para regular su explotación. En ambas materias, lamentablemente, todavía estamos crudos. De acuerdo con el experto consultado por este diario, los estudios necesarios para localizar acuíferos, tanto en la sabana como el país, se encuentran bastante desactualizados. En primer lugar, como en casi cualquier cuestión pública, se encuentra la voluntad política. Aunado a lo anterior, el coste económico de adelantar una cruzada exploratoria para localizar pozos de agua es elevado.
Se debe contar con un equipo de científicos especializado, que debe efectuar una investigación cartográfica densa y enrevesada para dar con los puntos en donde, probablemente, residan los acuíferos. “Además, los profesionales necesitan utilizar medios técnicos que pueden ser un poquito costosos. Por ejemplo, necesitan hacer una cosa que se llama geofísica, para saber lo que hay debajo de la superficie, y luego instalar pozos de monitoreo para ir analizando las muestras del suelo en la roca. En resumen, los estudios no son nada baratos”.
Respecto al marco normativo, Romero cita algunas expresiones jurídicas que, sin embargo, son todavía de alcance limitado. “En 2015, Minambiente reguló los objetivos del Ideam, dentro de los cuales se encuentran: obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar y divulgar la información básica sobre la hidrología y la hidrogeología en el país. Además, existen leyes y decretos para definir un estándar apropiado de calidad del agua para diferentes usos y también para ayudar en la conservación de los recursos hídricos”. Sin embargo, lo anterior ha resultado insuficiente para detener la proliferación de pozos de agua, tanto en el país, como en la sabana.
Hasta el momento, las autoridades tienen localizados 9.000 pozos de agua en el territorio nacional, una cifra que se quedaría corta respecto al número de excavaciones irregulares para extraer el agua de los acuíferos, según el experto. Para el caso de la Sabana de Bogotá, la mayoría del recurso hídrico explotado, bajo el umbral de lo legal, ha sido para fines industriales y floricultura. De tal manera, que para aprovechar este recurso, al menos para el consumo humano, que es la necesidad a satisfacer actualmente, todavía hace falta estudiar más el tema.
Asimismo, el fantasma de la ilegalidad podría estar mermando, e incluso contaminando, este preciado bien subterráneo. Durante un proceso de extracción que no cumple con los estándares requeridos, se puede incurrir en la contaminación del acuífero mediante la introducción de cuerpos ajenos a la bóveda subterránea. De igual forma, tal y como ocurre con cualquier frente de explotación ilegal sobre un recurso, los pozos piratas suelen extraer más agua de la que el acuífero es capaz de reponer, lo cual pone en riesgo su disponibilidad. Al no seguir los parámetros ambientales que se estipulan, por ejemplo, en una licencia ambiental, quienes se abastecen de este cristalino lecho de agua lo menoscaban sin ningún tipo de control.
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