Empieza debate sobre 'batidas ilegales'

El debate sobre por qué se están violando los derechos de los jóvenes cuando se detienen y trasladan a distritos militares para definir su situación militar por parte del Ejército se tratará hoy en el Concejo de Bogotá. En el recinto, desde las 9:00 a.m., se presentarán nuevos casos de batidas, como el de Danilo Suárez o el de Brian Villalba, que contó El Espectador, que evidenciarían el desconocimiento de la ley por los agentes y autoridades de reclutamiento, que no aplican el debido proceso en estos casos.

Es la situación, por ejemplo, que vivió un menor, de 16 años. Su testimonio fue recibido por los gestores de Convivencia de la Secretaría de Integración Social, en abril de este año, y narra que fue detenido a la fuerza, sin importar que fuera menor de edad, por denunciar que en un bus escolar (Ruta 73 del colegio Rafael Núñez, de placas SYM 546 de Mosquera) se estaba reclutando a jóvenes por no portar su libreta militar.

El joven habría tomado fotografías de este hecho y por esta razón militares identificados como Romo y Berrío, del Grupo de Caballería Mecanizado Revéiz Pizarro # 18 de Saravena, Arauca, lo habrían detenido a la fuerza y lo trasladaron hasta el CAI del barrio Danubio Azul de la localidad de Usme. Allí, agentes corroboraron que era menor de edad y aunque trataron de quitarle la cámara, en medio de insultos, él se resistió. Luego lo soltaron, como si nada.

También se dará a conocer la historia de Jeisson Ferney Pulgarín, de 18 años, reclutado a pesar de ser víctima del conflicto armado, exención que prevé la ley, y llevado a prestar servicio militar a una zona de guerra, Saravena (Arauca). Por él, su mamá Elizabeth López elevó un derecho de petición al comandante del batallón a comienzos de este mes, pidiéndole que lo desacuartelaran y explicando que su hijo ya se había presentado de forma voluntaria y había resultado no apto. También que ella, junto a sus tres hijos, huyó de la guerra que sufrieron en el corregimiento Villaflor, del departamento de Bolívar, como consta en un certificado de la Alcaldía del municipio de Santa Rosa del Sur. “Cuando sucedieron los hechos que originaron nuestro desplazamiento, el muchacho, para ese entonces de 14 años, quedó traumatizado con las masacres que presenció de nuestros familiares. De eso quedó la constancia de la valoración de la psicóloga que lo vio por primera vez cuando se acercó para definir su situación militar en el Distrito 2 Militar, en el barrio 20 de Julio de Bogotá”, dice Elizabeth López en el documento.

Pero, asimismo, existen otras denuncias de tratos crueles. El 5 de mayo de 2014, por ejemplo, María Gladis Orozco le pidió a la Personería de Arauquita (Arauca) —que a su vez remitió el caso a la Personería de Bogotá— que hicieran una valoración integral por Medicina Legal de su hijo Marvin de Jesús Giraldo, por haber sido torturado cuando prestó su servicio militar. Los resultados de los exámenes arrojaron que tenía desviación lumbar y esquizofrenia paranoide que, según los familiares, fueron consecuencia del maltrato físico y sicológico recibido en el Ejército.

Como lo afirmará Sanguino en este debate, y lo han denunciado otras organizaciones como la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (Acooc), las irregularidades más comunes que están cometiendo autoridades de reclutamiento son: el desconocimiento de las sentencias de la Corte Constitucional, que dejan claro que las batidas militares son detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento; la retención ilegal del documento de identidad, bajo la excusa de “verificar antecedentes” en los distritos militares; detenciones arbitrarias y posterior reclutamiento forzado, justificados en la acción de compeler, que no puede ir más allá de la verificación de la situación militar y el diligenciamiento de una planilla de inscripción y posterior citación, de no haberse iniciado el proceso.

“Contrario a las promesas del presidente Santos de acabar con el Servicio Militar Obligatorio, entre 2012 y lo corrido del año se denunció oficialmente la retención forzosa y arbitraria de 349 jóvenes. Esta guerra la siguen librando los pobres, pues los reclutados provienen en un 98% de los estratos 0 al 3”, dice Antonio Sanguino, el concejal de la Alianza Verde que convocó este debate como coordinador de la Comisión Accidental sobre Reclutamiento Militar, que se conformó en el Concejo de Bogotá por las crecientes denuncias que existen al respecto.

El fenómeno no es nuevo, como no lo es que digan que la guerra la vociferan los ricos y la libran los pobres. De acuerdo con los datos de este debate, recopilados mediante derechos de petición, esas 349 detenciones arbitrarias, de 2012 a la fecha, se dieron en la localidad de Usme, seguido por Kennedy, Rafael Uribe, Bosa, Ciudad Bolívar y Puente Aranda.

Otras cifras que evidenciarían que a la guerra solo van los más pobres son las que señalan que entre enero de 2008 y diciembre de 2012 hubo un total de 466.377 soldados reclutados, que equivalen a un poco más de los habitantes de una ciudad como Santa Marta. La cifra es la respuesta que la Dirección Nacional de Reclutamiento del Ejército le dio, vía derecho de petición, en octubre de 2013, a la organización menonita Mencoldes, que también ha trabajado el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio.

De esos, el 55% de los soldados bachilleres pertenecían al estrato 2, el 17% al estrato 3, el 16% al estrato 1 y el 10% estaba en condiciones de pobreza extrema, por debajo del estrato 1. Los demás estratos no alcanzaban a sumar un dígito porcentual. Eso querría decir que el 81% de los soldados bachilleres reclutados en este período pertenecían a los estratos más pobres. El panorama con los soldados regulares no varía mucho: el 60% son provenientes del estrato 2.

“Como hemos conocido, por denuncias de los propios jóvenes, la Secretaría de Educación envía cada año al Ejército los listados de todos los estudiantes de grado once, incluyendo a los que tienen menos de 17 años para iniciar el proceso de reclutamiento, con lo cual está violando la ley 1098 de 2006, de infancia y adolescencia, ya que el artículo 20, numeral 7, afirma que los niños y los adolescentes serán protegidos contra el reclutamiento”, señala también Sanguino.

Como se ha planteado, el problema de fondo con las batidas ilegales es estructural y tiene que ver con las altas cuotas anuales de reclutamiento (80.000 jóvenes para 2014) que el Gobierno sigue exigiendo. Altas metas por las que se cometen irregularidades que no son sancionadas, que contrastan con el poco interés de los jóvenes a presentarse voluntariamente al servicio militar. Por lo pronto, hoy será interesante escuchar qué tienen que decir sobre el tema los representantes del Ministerio de Defensa, la Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y otras entidades invitadas a este debate urgente, que debe darse a fondo.

nherrera@elespectador.com

@Natal1aH

El debate sobre por qué se están violando los derechos de los jóvenes cuando se detienen y trasladan a distritos militares para definir su situación militar por parte del Ejército se tratará hoy en el Concejo de Bogotá. En el recinto, desde las 9:00 a.m., se presentarán nuevos casos de batidas, como el de Danilo Suárez o el de Brian Villalba, que contó El Espectador, que evidenciarían el desconocimiento de la ley por los agentes y autoridades de reclutamiento, que no aplican el debido proceso en estos casos.

Es la situación, por ejemplo, que vivió un menor, de 16 años. Su testimonio fue recibido por los gestores de Convivencia de la Secretaría de Integración Social, en abril de este año, y narra que fue detenido a la fuerza, sin importar que fuera menor de edad, por denunciar que en un bus escolar (Ruta 73 del colegio Rafael Núñez, de placas SYM 546 de Mosquera) se estaba reclutando a jóvenes por no portar su libreta militar.

El joven habría tomado fotografías de este hecho y por esta razón militares identificados como Romo y Berrío, del Grupo de Caballería Mecanizado Revéiz Pizarro # 18 de Saravena, Arauca, lo habrían detenido a la fuerza y lo trasladaron hasta el CAI del barrio Danubio Azul de la localidad de Usme. Allí, agentes corroboraron que era menor de edad y aunque trataron de quitarle la cámara, en medio de insultos, él se resistió. Luego lo soltaron, como si nada.

También se dará a conocer la historia de Jeisson Ferney Pulgarín, de 18 años, reclutado a pesar de ser víctima del conflicto armado, exención que prevé la ley, y llevado a prestar servicio militar a una zona de guerra, Saravena (Arauca). Por él, su mamá Elizabeth López elevó un derecho de petición al comandante del batallón a comienzos de este mes, pidiéndole que lo desacuartelaran y explicando que su hijo ya se había presentado de forma voluntaria y había resultado no apto. También que ella, junto a sus tres hijos, huyó de la guerra que sufrieron en el corregimiento Villaflor, del departamento de Bolívar, como consta en un certificado de la Alcaldía del municipio de Santa Rosa del Sur. “Cuando sucedieron los hechos que originaron nuestro desplazamiento, el muchacho, para ese entonces de 14 años, quedó traumatizado con las masacres que presenció de nuestros familiares. De eso quedó la constancia de la valoración de la psicóloga que lo vio por primera vez cuando se acercó para definir su situación militar en el Distrito 2 Militar, en el barrio 20 de Julio de Bogotá”, dice Elizabeth López en el documento.

Pero, asimismo, existen otras denuncias de tratos crueles. El 5 de mayo de 2014, por ejemplo, María Gladis Orozco le pidió a la Personería de Arauquita (Arauca) —que a su vez remitió el caso a la Personería de Bogotá— que hicieran una valoración integral por Medicina Legal de su hijo Marvin de Jesús Giraldo, por haber sido torturado cuando prestó su servicio militar. Los resultados de los exámenes arrojaron que tenía desviación lumbar y esquizofrenia paranoide que, según los familiares, fueron consecuencia del maltrato físico y sicológico recibido en el Ejército.

Como lo afirmará Sanguino en este debate, y lo han denunciado otras organizaciones como la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (Acooc), las irregularidades más comunes que están cometiendo autoridades de reclutamiento son: el desconocimiento de las sentencias de la Corte Constitucional, que dejan claro que las batidas militares son detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento; la retención ilegal del documento de identidad, bajo la excusa de “verificar antecedentes” en los distritos militares; detenciones arbitrarias y posterior reclutamiento forzado, justificados en la acción de compeler, que no puede ir más allá de la verificación de la situación militar y el diligenciamiento de una planilla de inscripción y posterior citación, de no haberse iniciado el proceso.

“Contrario a las promesas del presidente Santos de acabar con el Servicio Militar Obligatorio, entre 2012 y lo corrido del año se denunció oficialmente la retención forzosa y arbitraria de 349 jóvenes. Esta guerra la siguen librando los pobres, pues los reclutados provienen en un 98% de los estratos 0 al 3”, dice Antonio Sanguino, el concejal de la Alianza Verde que convocó este debate como coordinador de la Comisión Accidental sobre Reclutamiento Militar, que se conformó en el Concejo de Bogotá por las crecientes denuncias que existen al respecto.

El fenómeno no es nuevo, como no lo es que digan que la guerra la vociferan los ricos y la libran los pobres. De acuerdo con los datos de este debate, recopilados mediante derechos de petición, esas 349 detenciones arbitrarias, de 2012 a la fecha, se dieron en la localidad de Usme, seguido por Kennedy, Rafael Uribe, Bosa, Ciudad Bolívar y Puente Aranda.

Otras cifras que evidenciarían que a la guerra solo van los más pobres son las que señalan que entre enero de 2008 y diciembre de 2012 hubo un total de 466.377 soldados reclutados, que equivalen a un poco más de los habitantes de una ciudad como Santa Marta. La cifra es la respuesta que la Dirección Nacional de Reclutamiento del Ejército le dio, vía derecho de petición, en octubre de 2013, a la organización menonita Mencoldes, que también ha trabajado el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio.

De esos, el 55% de los soldados bachilleres pertenecían al estrato 2, el 17% al estrato 3, el 16% al estrato 1 y el 10% estaba en condiciones de pobreza extrema, por debajo del estrato 1. Los demás estratos no alcanzaban a sumar un dígito porcentual. Eso querría decir que el 81% de los soldados bachilleres reclutados en este período pertenecían a los estratos más pobres. El panorama con los soldados regulares no varía mucho: el 60% son provenientes del estrato 2.

“Como hemos conocido, por denuncias de los propios jóvenes, la Secretaría de Educación envía cada año al Ejército los listados de todos los estudiantes de grado once, incluyendo a los que tienen menos de 17 años para iniciar el proceso de reclutamiento, con lo cual está violando la ley 1098 de 2006, de infancia y adolescencia, ya que el artículo 20, numeral 7, afirma que los niños y los adolescentes serán protegidos contra el reclutamiento”, señala también Sanguino.

Como se ha planteado, el problema de fondo con las batidas ilegales es estructural y tiene que ver con las altas cuotas anuales de reclutamiento (80.000 jóvenes para 2014) que el Gobierno sigue exigiendo. Altas metas por las que se cometen irregularidades que no son sancionadas, que contrastan con el poco interés de los jóvenes a presentarse voluntariamente al servicio militar. Por lo pronto, hoy será interesante escuchar qué tienen que decir sobre el tema los representantes del Ministerio de Defensa, la Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y otras entidades invitadas a este debate urgente, que debe darse a fondo.

nherrera@elespectador.com

@Natal1aH