En Bogotá no se dialoga con el crimen: Claudia López critica políticas de gobierno Petro
La alcaldesa calificó la política de seguridad del presidente Gustavo Petro como “nueve meses de decisiones erráticas, que han costado vidas”. Además, no solo señaló esta como una de las causas de la inseguridad en la capital, sino que denunció el posible reclutamiento de jóvenes de la primera línea, por disidencias de las Farc.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, ha expresado en los últimos meses su descontento con algunas políticas del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, la que más los ha distanciado, sin duda, la de seguridad y las prebendas alrededor de la denominada Paz Total. Este martes fue directa: señaló que los errores de la estrategia nacional han generado un aumento de las cifras de inseguridad en la capital. De paso, denunció el presunto reclutamiento de jóvenes de la Primera Línea por las disidencias de las Farc.
Lea: Comando Élite contra el crimen, ¿impactará en las cifras de seguridad de Bogotá?
“Llevamos nueve meses de decisiones erráticas, de ingenuidad frente a grupos criminales, que no ven los diálogos de paz total, sino que actúan de manera sistemática contra la violación de derechos humanos. Estos nueve meses de supuesta paz nos ha costado vidas. En Bogotá no se dialoga con el crimen, se somete, llegó la hora de enmendar”, indicó López.
Las declaraciones las hizo durante la presentación del nuevo “Comando Élite contra el Multicrimen”, un grupo conformado por 175 uniformados de la Policía Nacional, que operará en Bogotá, con el objetivo de “combatir” de manera más especializada el homicidio, el feminicidio y el hurto. El lanzamiento coincidió con el revuelo por el fin al cese al fuego, que se había decretado a favor de las disidencias de las Farc, por el reclutamiento forzado de cuatro niños indígenas y su posterior asesinato, en el sur del país.
No es la primera vez que la gobernante distrital muestra sus diferencias con algunos de los proyectos de justicia planteados por Petro. En enero, por ejemplo, promovió una firmatón, para evitar la excarcelación de delincuentes, oponiéndose al pedido que elevó el Gobierno Nacional, ante la Fiscalía, de suspender las órdenes de captura contra el disidente de las Farc “Jhon Mechas”, responsable del atentado en Ciudad Bolívar de marzo de 2022. De igual forma, en marzo solicitó al Congreso de la República que hundiera la propuesta de humanización del sistema carcelario, justicia restaurativa y reforma del sistema penal del Ministerio de Justicia.
Sobre estas iniciativas reiteró este martes: “Lo que hay que humanizar son las calles, los barrios, eso de que no hay que mandar a los criminales a las cárceles, porque no se resocializan es falso. Se requiere justicia, que los criminales vayan a la cárcel y no se saquen. La infraestructura carcelaria debe incrementarse para que no haya hacinamiento ni excarcelación”.
Sobre el hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y en estaciones de Policía fue tajante en decir que el gobierno “le está haciendo trampa a la Corte Constitucional. Les muestran cifras fabricadas de deshacinamiento en las cárceles nacionales, pero no les muestran las cifras en las que se niegan a recibir a los presos condenados de las estaciones”.
Lea también: Bogotá registró el Índice de Pobreza Multidimensional más bajo en cuatro años: Dane.
Otro de los puntos destacados por la alcaldesa López fue el presunto reclutamiento de jóvenes de la Primera Línea de la localidad de Kennedy, por parte de las disidencias de las Farc: “Está verificado. Está siendo investigado y es una de mis solicitudes a la Fiscalía General de la Nación que esos hechos se esclarezcan y que todos esos responsables de haber promovido esa financiación violenta, no solo para destruir y vandalizar a Bogotá, sino para mandarle reclutas a organizaciones criminales, respondan ante la justicia”.
Actualmente, en Bogotá continúa el proceso judicial en contra de ocho presuntos integrantes de la organización Primera Línea, tras ser señalados de cometer delitos como concierto para delinquir, tenencia de sustancias peligrosas, violencia contra servidor público, instigación a delinquir, entre otros actos que habrían sido perpetrados durante el paro nacional de hace dos años.
En contexto: A ritmo lento avanza proceso contra presuntos integrantes de Primera Línea Bogotá
De otro lado, para algunos analistas, estos pronunciamientos no serían tan positivos para marcar alianzas y fortalecer relaciones entre la administración distrital y nacional. “Su discurso pone a los oficiales en una situación complicada porque le termina planteando una pelea muy fuerte al Gobierno Nacional y deja a los uniformados en medio”, dice el director de Seguridad Urbana de ProBogotá, César Restrepo.
Igualmente, para María Stella Barcaldo, experta en seguridad, la alcaldesa “Claudia López ha empezado a mostrarse políticamente, a decir la culpa no fue mía, es de los otros y se está mostrando como un liderazgo a nivel país. Ella no se ha apropiado realmente de lo que fue su política de seguridad y convivencia ciudadana y la responsable de los problemas de seguridad en primera instancia es ella”.
Ahora bien, la mandataria distrital terminó su pronunciamiento señalando que aunque no tiene la facultad de dar órdenes a la Policía Nacional, eleva una solicitud ante el Gobierno Nacional para que someta a la justicia a todos los criminales.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, ha expresado en los últimos meses su descontento con algunas políticas del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, la que más los ha distanciado, sin duda, la de seguridad y las prebendas alrededor de la denominada Paz Total. Este martes fue directa: señaló que los errores de la estrategia nacional han generado un aumento de las cifras de inseguridad en la capital. De paso, denunció el presunto reclutamiento de jóvenes de la Primera Línea por las disidencias de las Farc.
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“Llevamos nueve meses de decisiones erráticas, de ingenuidad frente a grupos criminales, que no ven los diálogos de paz total, sino que actúan de manera sistemática contra la violación de derechos humanos. Estos nueve meses de supuesta paz nos ha costado vidas. En Bogotá no se dialoga con el crimen, se somete, llegó la hora de enmendar”, indicó López.
Las declaraciones las hizo durante la presentación del nuevo “Comando Élite contra el Multicrimen”, un grupo conformado por 175 uniformados de la Policía Nacional, que operará en Bogotá, con el objetivo de “combatir” de manera más especializada el homicidio, el feminicidio y el hurto. El lanzamiento coincidió con el revuelo por el fin al cese al fuego, que se había decretado a favor de las disidencias de las Farc, por el reclutamiento forzado de cuatro niños indígenas y su posterior asesinato, en el sur del país.
No es la primera vez que la gobernante distrital muestra sus diferencias con algunos de los proyectos de justicia planteados por Petro. En enero, por ejemplo, promovió una firmatón, para evitar la excarcelación de delincuentes, oponiéndose al pedido que elevó el Gobierno Nacional, ante la Fiscalía, de suspender las órdenes de captura contra el disidente de las Farc “Jhon Mechas”, responsable del atentado en Ciudad Bolívar de marzo de 2022. De igual forma, en marzo solicitó al Congreso de la República que hundiera la propuesta de humanización del sistema carcelario, justicia restaurativa y reforma del sistema penal del Ministerio de Justicia.
Sobre estas iniciativas reiteró este martes: “Lo que hay que humanizar son las calles, los barrios, eso de que no hay que mandar a los criminales a las cárceles, porque no se resocializan es falso. Se requiere justicia, que los criminales vayan a la cárcel y no se saquen. La infraestructura carcelaria debe incrementarse para que no haya hacinamiento ni excarcelación”.
Sobre el hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y en estaciones de Policía fue tajante en decir que el gobierno “le está haciendo trampa a la Corte Constitucional. Les muestran cifras fabricadas de deshacinamiento en las cárceles nacionales, pero no les muestran las cifras en las que se niegan a recibir a los presos condenados de las estaciones”.
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Otro de los puntos destacados por la alcaldesa López fue el presunto reclutamiento de jóvenes de la Primera Línea de la localidad de Kennedy, por parte de las disidencias de las Farc: “Está verificado. Está siendo investigado y es una de mis solicitudes a la Fiscalía General de la Nación que esos hechos se esclarezcan y que todos esos responsables de haber promovido esa financiación violenta, no solo para destruir y vandalizar a Bogotá, sino para mandarle reclutas a organizaciones criminales, respondan ante la justicia”.
Actualmente, en Bogotá continúa el proceso judicial en contra de ocho presuntos integrantes de la organización Primera Línea, tras ser señalados de cometer delitos como concierto para delinquir, tenencia de sustancias peligrosas, violencia contra servidor público, instigación a delinquir, entre otros actos que habrían sido perpetrados durante el paro nacional de hace dos años.
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De otro lado, para algunos analistas, estos pronunciamientos no serían tan positivos para marcar alianzas y fortalecer relaciones entre la administración distrital y nacional. “Su discurso pone a los oficiales en una situación complicada porque le termina planteando una pelea muy fuerte al Gobierno Nacional y deja a los uniformados en medio”, dice el director de Seguridad Urbana de ProBogotá, César Restrepo.
Igualmente, para María Stella Barcaldo, experta en seguridad, la alcaldesa “Claudia López ha empezado a mostrarse políticamente, a decir la culpa no fue mía, es de los otros y se está mostrando como un liderazgo a nivel país. Ella no se ha apropiado realmente de lo que fue su política de seguridad y convivencia ciudadana y la responsable de los problemas de seguridad en primera instancia es ella”.
Ahora bien, la mandataria distrital terminó su pronunciamiento señalando que aunque no tiene la facultad de dar órdenes a la Policía Nacional, eleva una solicitud ante el Gobierno Nacional para que someta a la justicia a todos los criminales.
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