En dos años han capturado a 36 policías delincuentes: ¿qué pasa en la institución?
Aunque la proporción de uniformados que delinquen es mínima frente a la cantidad de agentes activos, cada caso es un golpe a la confianza en la institución. En los últimos años, se ha conocido públicamente la captura de casi 50 policías activos. Secuestro, homicidio, extorsión, algunos de los delitos.
Alexánder Marín Correa
Cada que capturan a un policía, se destruye la confianza de la ciudadanía en la institución. Y en los últimos años han sido frecuentes los casos en los que algunos uniformados terminan envueltos en escándalos de corrupción y crimen. El último se registró esta semana en Bogotá, con la captura de seis uniformados, a quienes procesarán por secuestro extorsivo. Su modus operandi: Con falsas órdenes de captura, presionaban a ciudadanos para que les dieran dinero.
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Cada que capturan a un policía, se destruye la confianza de la ciudadanía en la institución. Y en los últimos años han sido frecuentes los casos en los que algunos uniformados terminan envueltos en escándalos de corrupción y crimen. El último se registró esta semana en Bogotá, con la captura de seis uniformados, a quienes procesarán por secuestro extorsivo. Su modus operandi: Con falsas órdenes de captura, presionaban a ciudadanos para que les dieran dinero.
Con la aprehensión de los agentes, que estaban adscritos a la estación de la localidad de Engativá, ya son 36 casos en los últimos dos años de oficiales y patrulleros investigados por delinquir o estar trabajando para el crimen organizado, camuflados en su investidura. A pesar de la gravedad de los hechos y la frecuencia con la que vienen sucediendo, desde el comando no hay mayores declaraciones que un “rechazamos de manera categórica actos de corrupción que enlodan la imagen de la institución policial”, como lo indicó el general Carlos Triana, director de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Sus casos han generado gran impacto, llevando al traste los esfuerzos que viene haciendo la institución y las autoridades por recuperar la deteriorada confianza de la ciudadanía. Los efectos: la percepción de inseguridad sigue disparada y la calificación del servicio de Policía sigue estando en niveles bajos. Según la encuesta de percepción y victimización de la Cámara de Comercio, en los últimos siete años, solo 2 de cada 10 personas consideran el servicio de la institución bueno o excelente. Las otras ocho lo califican de pésimo y regular. ¿Qué está pasando con la institución?
Para el experto en seguridad y exmilitar, John Marulanda, es evidente que la situación de la Policía está comprometida. “Hay muchos casos de policías dedicados a la extorsión. Y esto parece indicar que hay cierto nivel de degradación moral en la base institucional, que parece erosionarse. La corrupción de la Policía siempre ha existido y corregir eso es un camino es largo y difícil, pero adentro seguro hay líderes dedicados a mantener el buen nombre y honor policial”.
Por su parte, Néstor Rosanía va más allá, al resaltar que el problema no es nuevo y que ha sido un lío histórico en la institución, que constantemente han querido bajarle el perfil. Pero más allá, ve un problema adicional: no existen penas ejemplarizantes. “Estos casos, mediante tretas de los abogados, terminaban en la justicia penal militar, donde muchos quedaban en la impunidad, sembrando duda sobre su eficiencia. Pero, cuando los casos los asumía la justicia ordinaria, tampoco pasaba mayor cosa.
¿Qué hacer, para recuperar la confianza en la institución? Para Rosanía es un tema de doctrina interna que se debe corregir y la Policía debería hacer un mea culpa. “La institución se militarizó y dejó de ser un cuerpo civil armado. Y en esa justificación fue blanda y flexible con las violaciones a derechos humanos y otros delitos. Ahora, cada vez que se habla del tema, se siente atacada y lo maneja en un discurso ideológico, que nada tiene que ver. Por eso, se debería replantear una actualización de la doctrina policial”.
Y concluyó: “Lo segundo está en manos de las autoridades y la justicia. Que existan penas ejemplarizantes contra los funcionarios públicos, en especial con los Policías, a quienes se les entregó el monopolio de las armas y, por eso, no pueden ser tratados como un ciudadano común y corriente. Todo, apuntando a acabar con esa impunidad interna que se vive en las autoridades”.
Por ahora, los policías recién capturados arrancan su proceso judicial. Toca esperar cómo avanza este y los otros casos de uniformados que, aprovechando su uniforme, paradójicamente se han dedicado a delinquir, minando la confianza de la ciudadanía en una institución cuyo propósito es velar por la seguridad.
Capturas de uniformados
Enero 18 de 2023. Capturan a seis policías, de la estación de Engativá, por secuestro extorsivo. Aparentemente, habrían abordado a civiles, con supuestas órdenes de captura “vigentes”, las cuales usaban para solicitarles altas sumas de dinero a cambio de no judicializarlos. Uno de los hechos ocurrió el 11 de mayo del año pasado. Según el relato de la víctima, los policiales habrían llegado a su lugar de trabajo indicándole que tenía una orden de captura, pero que no la materializarían, siempre y cuando, les pagara entre $10 millones y $50 millones.
Noviembre 21 de 2022. Capturan a cinco policías, por su presunta participación en el homicidio de Juan Pablo González, a quien encontraron sin vida el pasado 6 de noviembre en las instalaciones de la URI de Puente Aranda. Al detenido lo procesaban como el presunto abusador de una menor de edad, en inmediaciones de una estación de Transmilenio.
Octubre 12 de 2022. Las autoridades capturaron al comandante de uno del CAI Caldas (ubicado en la diagonal 2c n.°79-39) de la localidad de Kennedy. De acuerdo con las autoridades, el uniformado tendría vínculos con la organización criminal ‘El Tren de Aragua’. Asimismo, la Policía Metropolitana de Bogotá habría encontrado material que lo vincula con casos de homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes, entre otros delitos, a mano de la estructura delincuencial.
Septiembre 6 de 2022. La Policía confirmó la captura de cinco uniformados por presunta participación en el negocio de microtráfico en la capital, razón por la cual fueron separados del cargo y puestos a disposición de la Fiscalía, para adelantar su judicialización. Según datos de la propia Policía de Bogotá, los detenidos estaban asignados a las estaciones de las localidades de Fontibón y Suba y, en vez de contrarrestar el delito, supuestamente brindaban seguridad a las ollas de vicio.
Julio 19 de 2021. La Fiscalía procesó a 10 agentes de la Policía de Bogotá por recibir un millonario soborno de una organización dedica al microtráfico, en el barrio Samper Mendoza, localidad de Los Mártires. Las evidencias dieron cuenta de cómo un uniformado recibió cerca de $300 millones en efectivo para, presuntamente, permitir la venta de droga en este barrio del centro oriente de la capital, y cómo se repartieron el dinero.
Julio 7 de 2021. Capturan a seis uniformados adscritos a la Dirección de Tránsito, sindicados por los delitos de secuestro simple, tortura agravada y concierto para delinquir. El 29 de abril, el entonces jefe de la Policía Judicial de la Dirección de Tránsito fue víctima de un atraco en su residencia. Después de identificar al asaltante, él, acompañado por cinco subalternos, buscaron al ladrón y tomaron justicia por mano propia. Según las investigaciones del Gaula, el coronel y sus subordinados encontraron la vivienda de los presuntos ladrones y, con una orden de allanamiento fraudulenta, ingresaron al lugar y retuvieron a las personas, que posteriormente se convertirían en los denunciantes del proceso.
Abril 16 de 2021. Capturan a un mayor de la Policía (comandante del Grupo de Operaciones Especiales) y dos patrulleros, a quienes la Fiscalía les imputa los delitos de secuestro simple y hurto calificado agravado a título de dolo, por retener y robarle casi $800 millones a un comerciante de San Andresito.
Febrero 7 de 2016. Capturan a 14 policías, señalados de ser parte de una red de microtráfico que opera en el centro de Bogotá. De acuerdo con la investigación, los policías cuidaban la distribución del alcaloide en los colegios de la capital. La investigación duró un año y medio para descubrir y desarticular la organización criminal de la cual eran parte los policías. Según las autoridades, los uniformados estaban adscritos al CAI de San Victorino y permitían la distribución de los narcóticos.
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