En el dilema del no retorno: la crisis de los indígenas desplazados persiste en Bogotá

La situación de 1.292 miembros de la comunidad indígena, refugiados en Bogotá, sigue siendo crítica. Con una orden oficial de evacuación de uno de sus dos albergues y el reporte de la muerte de dos niños en el último mes, se evidencia la compleja problemática. Los miembros de esta comunidad, tras llegar en 2020 huyendo de la inseguridad en sus resguardos en Chocó, se han asentado en diferentes puntos a la espera de oportunidades o retornar.

La situación de 1.292 miembros de la comunidad indígena, refugiados en Bogotá, sigue siendo crítica. Con una orden oficial de evacuación de uno de sus dos albergues y el reporte de la muerte de dos niños en el último mes, se evidencia la compleja problemática. Los miembros de esta comunidad, tras llegar en 2020 huyendo de la inseguridad en sus resguardos en Chocó, se han asentado en diferentes puntos a la espera de oportunidades o retornar.

Así, desde el parque Tercer Milenio, el parque Nacional y ahora las Unidades de Protección Integral (UPI) La Rioja y La Florida, la ciudad ha sido escenario de una crisis que ante la falta de solución definitiva ha empezado a acumularse en tragedias y retos para las comunidades y el Distrito.

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Voceros indígenas aseguran que hay 25 niños y niñas remitidos a unidades de cuidado intensivo (UCI) por problemas de salud. En total, según las autoridades indígenas de Bakatá, entre 2021 y 2023 se ha registrado la muerte de 30 niños y 10 adultos mayores (complicaciones de salud, accidentes de tránsito, etc.).

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La crisis también está generando un costo institucional. Después de los recientes hechos, en una carta dirigida a la alcaldesa Claudia López, 12 concejales pidieron la salida del secretario de Salud por la situación en La Rioja. “Es evidente que ha habido una desatención del acompañamiento de la Secretaría, en cabeza de Alejandro Gómez, quien hasta ahora reconoce el hacinamiento, la falta de agua potable, de servicios públicos y los brotes de infecciones respiratorias, que han ocasionado muertes en el recinto”, sostienen los cabildantes.

Frente al señalamiento de posible desatención, la secretaría de Salud indicó que el 27 de enero emitió una alerta por riesgo de salud para los niños, y niñas y adolescentes, por las condiciones de habitabilidad. Por esta razón recomendó a la Unidad de Víctimas avanzar en el proceso de retorno.

Insalubridad y hacinamiento

A pesar de que la declaratoria de emergencia sanitaria ocurrió hace dos días, según líderes de la comunidad y concejales, las situaciones en La Rioja son peores que las experimentadas en el parque Nacional. El sitio, ubicado en la calle cuarta con avenida Caracas, tiene capacidad para 500 personas, pero en el último año se han llegado a contar hasta 1.400. Así, las instalaciones no dan abasto.

“Hay solo un baño para cientos de personas. No hay garantía para ninguna población”, precisó Jairo Montañez, vocero indígena de la comunidad. Según el último censo de la Unidad de Víctimas, en La Rioja hay 381 mujeres y 417 hombres, de las comunidades emberas katío, chamí, dobida y, en una menor proporción, del pueblo sia. En La Florida, por su parte, permanecen 494 personas, que conforman 177 núcleos familiares.

El plan es que retornen a sus territorios, pero no es fácil. La caracterización que se hizo cuando dejaron el Parque Nacional dice que la mitad desea permanecer en la capital. “Como lo han indicado madres de la comunidad, no hay garantías en el retorno. Mientras no haya seguridad, las comunidades continuarán regresando a la capital, buscando mejores opciones”, dijo la concejal Ati Quigua (Mais).

Así, mientras se llega a una decisión de fondo, en los alrededores de La Rioja algunos miembros de la comunidad han empezado a instalarse en pagadiarios y a trabajar en oficios varios. Frente a esto, la Unidad de Víctimas, de la Presidencia, asegura que si bien reconoce la situación insalubre en La Rioja, ha apoyado con 211.575 raciones alimentarias, así como con la contratación de personal para la coordinación, preparación y entrega de alimentos calientes y $1.200 millones en ayudas en los últimos nueve meses.

Las soluciones

Como indican voceros de la comunidad, las relaciones con el Distrito se han congelado por el incumplimiento de los acuerdos, así como la falta de aplicación de los artículos presentados en el Plan de Desarrollo Distrital de Bogotá 2020-2024. Aunque se trata de un proceso largo, por el carácter voluntario de los retornos o reubicaciones, existen puntos que podrían destrabar la situación.

Por una parte, las comunidades indígenas proponen revivir la propuesta de la Sociedad de Activos Especiales, para la entrega de bienes en Risaralda o en Bogotá (Santa Fe o Teusaquillo), para establecer un lugar de residencia paras las comunidades. “Podría ayudar mientras se fijan mecanismos, entre nación y Distrito, para desarrollar acciones que brinden estabilidad social a aquellos que desean regresar o permanecer en la ciudad”, indicó Jairo Montañez.

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Esto último iría en consonancia con la propuesta de la concejal Quigua, quien sugiere “una solución habitacional colectiva en la ciudad para que las comunidades que lleguen puedan seguir conservando sus lazos comunitarios y asegurar el acceso a la educación con enfoque diferencial”. Por su parte, desde la Unidad de Víctimas aseguran que se ha avanzado en la consolidación de los retornos, que son acompañados por autoridades locales y que permiten la reparación de las víctimas.

Por el momento, están por verse las nuevas determinaciones para hacer frente a la crisis de las comunidades emberas desplazadas en la capital, que siguen sin un lugar digno en la ciudad y si esto tendrá impacto en el gabinete de la administración distrital.

Secretaría de Salud responde ante críticas

Frente al señalamiento de la posible desatención de la administración, la secretaría de Salud indicó que desde el 27 de enero de 2023 emitió una alerta por riesgo de salud para los niños, y niñas y adolescentes, por las condiciones de habitabilidad. Por esta razón recomendó a la Unidad de Víctimas avanzar en los procesos de retorno.

“En el recorrido de este miércoles se pudo constatar la gravedad de estos hechos y con el fin de salvaguardar la vida se ha solicitado la evacuación urgente. Específicamente, desde el Sector Salud se han realizado constantes jornadas de salud, recorridos para identificar personas y niños en condición de riesgo, así como la asignación de una ambulancia que se encuentra permanentemente a las afueras para brindar atención de urgencias en casos que se requieran”, indicó la entidad.

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De esta manera, la Secretaría de Salud asegura que entre mayo de 2022 y mayo de 2023, se realizaron 52 jornadas de salud con 5.391 atenciones (3.249 en 2022 y 2.142 en 2023). Además, confirmó que en este periodo se hicieron 399 valoraciones realizadas por el equipo de la ambulancia ubicada a las afueras de la UPI La Rioja, así como 351 traslados a centros médicos (246 menores de edad y 153 adultos).

“La Alcaldía Mayor de Bogotá insiste en el llamado urgente para que desde el Gobierno Nacional, la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior, se lleve a cabo el proceso de reubicación temporal para la comunidad Embera ubicada en La Rioja, mientras se garantizan el retorno digno, seguro y definitivo a sus territorios ancestrales”, concluyó la entidad.

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