En grises, análisis a las propuestas en seguridad de Claudia López al Gobierno

Tras una reunión en la Casa de Nariño en la que participaron el presidente de la República, Iván Duque; la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, la mandataria local propuso que en el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana que será presentada ante el Congreso de la República se incluyan dos medidas para reducir la impunidad y mejorar la seguridad en la ciudad.

La primera, que se imponga medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a personas que cometan delitos en donde se utilice cualquier tipo de arma; y la segunda, que se cree un régimen especial de contravenciones penales para que los delitos en donde se ejerza violencia contra las personas tengan un procedimiento con medidas especiales en el que prime la resocialización y se cumplan en centros de detención especializados.

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El Espectador habló con dos analistas en temas de seguridad y defensa sobre la viabilidad de estas propuestas de la alcaldesa que requieren de un trámite legislativo que, por los tiempos del Congreso, puede tardar varios meses. Si bien reconocen que hay un esfuerzo por parte de la Alcaldía de Bogotá en fortalecer el trabajo interinstitucional, señalan que la situación de hacinamiento en cárceles, unidades de reacción inmediata y estaciones de Policía dificultaría la propuesta de medidas de aseguramiento intramurales para los delitos en los que se usen armas.

Para el experto en seguridad nacional y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle, César Niño, en las cárceles de Bogotá y el país se “está moviendo una gobernanza criminal”, por lo cual, que un delincuente vaya a prisión no garantiza que se reduzca el crimen o que mejoren las circunstancias de seguridad.

Señaló que la integralidad de las estrategias para reducir la inseguridad radica en estar sincronizadas entre lo que demanda la ciudadanía, la realidad criminal, la construcción de políticas desde la administración local y la armonización de la seguridad en términos nacionales.

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“Somos un país con exceso de leyes y eso no hace que una sociedad se comporte mejor, por ejemplo, la restricción no significa que no haya porte de armas porque el mercado negro e irregular existe. Estamos pensando solo en atacar la punta del iceberg”, dijo.

Por su parte, el analista en asuntos de seguridad urbana, Miguel Andrés Silva, expresó que “con suerte, al final de la administración de Claudia López tendríamos esa ley de Seguridad aprobada”, por lo cual señala que es una propuesta que no se vería materializada en un futuro cercano.

Además, apuntó que “es un tema atractivo meter gente a la cárcel” y que con esto se busca dar el mensaje de que se está trabajando para mejorar la seguridad, pero que su aplicación sería difícil debido a los niveles de hacinamiento de los centros de reclusión y también a que “hay evidencia de que esas medidas terminan acentuando las cadenas criminales, ya que en las cárceles estas se mantienen y porque no estamos haciendo algo con la reincidencia”.

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“Esa sería una forma de disuadir al delincuente, pero no sé si se termine volviendo peor la solución. ¿Hasta qué punto tenemos capacidad para llevarlas a cabo? ¿Tenemos capacidad para garantizarlo? ¿Entonces vamos a seguir llenando las cárceles de gente?”, cuestionó.

Sobre la creación de un régimen especial de contravenciones penales para los delitos violentos, Niño manifestó que “hay un problema de arquitectura (de la estrategia) y un desconocimiento de la naturaleza del crimen”, pues no hay claridad de qué se entiende por violencia en la comisión de un delito y recalcó: “¿Una amenaza es un acto violento? ¿Qué grado de afectación al individuo se tiene que materializar? ¿Cuál es la gravedad para que sea un acto violento?”.

“El crimen es mucho más rápido que las instituciones y lo único organizado en Colombia es el crimen”, señaló.

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A su vez, Miguel Andrés Silva vio con buenos ojos esta segunda propuesta sobre las medidas especiales y los centros de detención especializados, pero “acompañado con un proceso de resocialización fuerte, porque debemos cortar la reincidencia que se convierte como en un carrusel delincuencial”. Así mismo, criticó que el Gobierno Nacional presentara un proyecto de ley sobre seguridad ciudadana a diez meses de terminar su periodo, pues “la política criminal es un problema nacional”.

Por último, subrayó como positivo que la Alcaldía de Bogotá “está entendiendo que la seguridad va más allá del garrote y es más complejo que solo aumentar el número de policías, así como la importancia del trabajo interinstitucional con la Fiscalía y con los jueces”. Sin embargo, sostuvo que fue tardía, dado que “este problema lo arrastramos desde hace mucho tiempo”.

Tras una reunión en la Casa de Nariño en la que participaron el presidente de la República, Iván Duque; la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, la mandataria local propuso que en el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana que será presentada ante el Congreso de la República se incluyan dos medidas para reducir la impunidad y mejorar la seguridad en la ciudad.

La primera, que se imponga medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a personas que cometan delitos en donde se utilice cualquier tipo de arma; y la segunda, que se cree un régimen especial de contravenciones penales para que los delitos en donde se ejerza violencia contra las personas tengan un procedimiento con medidas especiales en el que prime la resocialización y se cumplan en centros de detención especializados.

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El Espectador habló con dos analistas en temas de seguridad y defensa sobre la viabilidad de estas propuestas de la alcaldesa que requieren de un trámite legislativo que, por los tiempos del Congreso, puede tardar varios meses. Si bien reconocen que hay un esfuerzo por parte de la Alcaldía de Bogotá en fortalecer el trabajo interinstitucional, señalan que la situación de hacinamiento en cárceles, unidades de reacción inmediata y estaciones de Policía dificultaría la propuesta de medidas de aseguramiento intramurales para los delitos en los que se usen armas.

Para el experto en seguridad nacional y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle, César Niño, en las cárceles de Bogotá y el país se “está moviendo una gobernanza criminal”, por lo cual, que un delincuente vaya a prisión no garantiza que se reduzca el crimen o que mejoren las circunstancias de seguridad.

Señaló que la integralidad de las estrategias para reducir la inseguridad radica en estar sincronizadas entre lo que demanda la ciudadanía, la realidad criminal, la construcción de políticas desde la administración local y la armonización de la seguridad en términos nacionales.

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“Somos un país con exceso de leyes y eso no hace que una sociedad se comporte mejor, por ejemplo, la restricción no significa que no haya porte de armas porque el mercado negro e irregular existe. Estamos pensando solo en atacar la punta del iceberg”, dijo.

Por su parte, el analista en asuntos de seguridad urbana, Miguel Andrés Silva, expresó que “con suerte, al final de la administración de Claudia López tendríamos esa ley de Seguridad aprobada”, por lo cual señala que es una propuesta que no se vería materializada en un futuro cercano.

Además, apuntó que “es un tema atractivo meter gente a la cárcel” y que con esto se busca dar el mensaje de que se está trabajando para mejorar la seguridad, pero que su aplicación sería difícil debido a los niveles de hacinamiento de los centros de reclusión y también a que “hay evidencia de que esas medidas terminan acentuando las cadenas criminales, ya que en las cárceles estas se mantienen y porque no estamos haciendo algo con la reincidencia”.

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“Esa sería una forma de disuadir al delincuente, pero no sé si se termine volviendo peor la solución. ¿Hasta qué punto tenemos capacidad para llevarlas a cabo? ¿Tenemos capacidad para garantizarlo? ¿Entonces vamos a seguir llenando las cárceles de gente?”, cuestionó.

Sobre la creación de un régimen especial de contravenciones penales para los delitos violentos, Niño manifestó que “hay un problema de arquitectura (de la estrategia) y un desconocimiento de la naturaleza del crimen”, pues no hay claridad de qué se entiende por violencia en la comisión de un delito y recalcó: “¿Una amenaza es un acto violento? ¿Qué grado de afectación al individuo se tiene que materializar? ¿Cuál es la gravedad para que sea un acto violento?”.

“El crimen es mucho más rápido que las instituciones y lo único organizado en Colombia es el crimen”, señaló.

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A su vez, Miguel Andrés Silva vio con buenos ojos esta segunda propuesta sobre las medidas especiales y los centros de detención especializados, pero “acompañado con un proceso de resocialización fuerte, porque debemos cortar la reincidencia que se convierte como en un carrusel delincuencial”. Así mismo, criticó que el Gobierno Nacional presentara un proyecto de ley sobre seguridad ciudadana a diez meses de terminar su periodo, pues “la política criminal es un problema nacional”.

Por último, subrayó como positivo que la Alcaldía de Bogotá “está entendiendo que la seguridad va más allá del garrote y es más complejo que solo aumentar el número de policías, así como la importancia del trabajo interinstitucional con la Fiscalía y con los jueces”. Sin embargo, sostuvo que fue tardía, dado que “este problema lo arrastramos desde hace mucho tiempo”.