Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Con la urgencia de quien debe contar una historia de vida o muerte, las dos mujeres se acercan a cada persona que encuentran y le entregan un volante. “No al hacinamiento carcelario, no a la reducción en las raciones de los alimentos, sí a la igualdad en la aplicación de los beneficios judiciales. Acompáñenos en la marcha del sábado 29 de abril”, explican.
Su lista es larga. “Los presos viven en condiciones indignas, les sirven muy poca comida y les quitan el agua y la luz. Hay una falta de humanidad de algunos miembros de la guardia”, dicen. Una es la esposa de un hombre que purga una pena de 18 años por homicidio. La otra, pareja de un prisionero que paga 12 años por hurto agravado y secuestro simple. Aseguran que están dispuestas a esperar el tiempo que sea necesario con tal de conseguir algún resultado que mejore las condiciones de sus seres queridos.
Las dos mujeres son jóvenes y se conocieron un sábado hace 19 meses, en la fila de visitantes para ingresar a la penitenciaría La Picota. Entonces empezaron a hacer un memorial de inquietudes, denuncias y supuestas anomalías de lo que ocurre en los pabellones de máxima seguridad del establecimiento carcelario en donde permanecen sus parejas.
Prefieren mantener sus nombres en reserva, porque temen posibles represalias: “Nos da mucho miedo que nos cojan entre ojos. Eso puede implicar que nos quiten las visitas, que nos pongan problema al ingresar o nos carguen con alguna droga o algo indebido dentro de las cárceles”.
Una es morena, menuda y habla con apremio, con la esperanza de que sus denuncias sean finalmente escuchadas. La otra es rubia, de ojos azules, y secunda cada afirmación de su compañera. Una de ellas cuenta que su compañero sentimental, recluido con otros cuatro presos que consumen sustancias psicoactivas en una celda de dos por dos metros, “estuvo a punto de morir un día en que le dio una infección en la garganta”. Cuenta que tuvieron que llevarlo al hospital El Tunal, en donde alcanzaron a reanimarlo. “Al menos está mejor que en la Modelo, donde también estuvo recluido por un tiempo. Allá le tenían pico y placa para dormir: 24 horas tenía que estar despierto y las otras 24 podía descansar”.
“Toca pagar por todo”
Aseguran que han visto cómo la ilegalidad tiene sitiados los penales, pero prefieren no denunciarlo. Dicen que en cada pabellón hay un “pluma”, es decir, una persona que decide sobre los beneficios y comodidades de los reclusos, de acuerdo con el dinero que paguen. Según denuncian, algunos guardianes del Inpec —no todos, enfatizan— cobran para que les aumenten la ración de comida a los reclusos o para que los visitantes puedan ver con prontitud a sus familiares.
“En cuando a la guardia, hay unas que son buenas y otras son fregadas (…) los baños son terribles: se tapan, uno no puede hacer sus necesidades. Son 30 personas haciendo una fila para poder entrar. Hay dos duchas sirviendo para más de 450 personas. La visita es terrible, porque la gente viene con su comida y se la quitan, y al que no quieren dejar pasar, simplemente no lo hacen. Los cigarrillos no llegan y hasta deben pagar $50.000 por un paquete”, dice una mujer desde la cárcel El Buen Pastor a través de un grupo de Whatsapp.
De hecho, la Personería de Bogotá denunció esta semana que en ese penal encontró que 23 menores, hijos de las reclusas, “no tienen las condiciones óptimas para su formación y desarrollo integral”. Además de que hay dos médicos generales y dos psicólogos para atender a más de 1.700 reclusas y sus hijos.
De esa manera fue como difundieron que el pasado fin de semana los reclusos de los pabellones 3 y 4 de La Picota se declararon en huelga de hambre, para exigir mejores condiciones de vida. El pasado domingo llegaron a un acuerdo con las directivas del Inpec para analizar las problemáticas que los aquejan. Aun así, la manifestación sigue en pie. A las 7:00 a.m. de este sábado se reunirán en el Centro de Servicios Judiciales para ir hacia la Plaza de Bolívar para exigir para que se eliminen prácticas que vulneran los derechos de la población carcelaria.
Frente a estas denuncias, el Inpec les pidió a los ciudadanos que acudan directamente a los entes de control para que se realice la correspondiente investigación y aseguró que las cifras de hacinamiento en las cárceles se han reducido en los últimos años. El último informe de la entidad indica que, en el caso de La Picota, hay un índice de hacinamiento del 47,7 %; en la Modelo, del 57,2 %, y en El Buen Pastor es del 39,8 %.
