¿En qué va la lucha por la memoria y la justicia de las víctimas del 9S?

No se olvidan los rostros y los nombres de las personas asesinadas el 9 y el 10 de septiembre de 2020 en Bogotá y en Soacha, durante las protestas motivadas por el asesinato de Javier Ordóñez. Las banderas de su memoria están presentes donde quiera que van sus amigos y familiares, que durante el año transcurrido desde entonces se han empeñado en tejer lazos de solidaridad contra el silencio, la impunidad y la estigmatización.

El espacio público urbano ha sido un lugar privilegiado de estas luchas, que se han desarrollado en las localidades donde ocurrieron los asesinatos. Velatones, murales, discursos, siembras, conciertos, conversatorios, jornadas de estampado de camisetas y rutas de la memoria han ocupado estos barrios durante los 9 de cada mes, cuando las familias se reúnen para seguir incorporando los nombres y las historias de las víctimas a la memoria colectiva.

El barrio Verbenal, donde fueron asesinados tres de los jóvenes, se ha convertido en un punto muy importante de la movilización por la memoria, gracias al temprano proceso de articulación que emprendieron las familias y los jóvenes artistas del sector, que hoy integran la Mesa de Diálogo de Verbenal. Buena parte de las acciones se han desarrollado en el parque que está ubicado en diagonal al CAI del barrio, que los vecinos conocen como el Parque de la Policía y que las víctimas han rebautizado como Parque de la Resistencia.

Mayra Páez, esposa de Jaider Fonseca, uno de los tres jóvenes asesinados en el sector, se ha convertido en un referente de la lucha de las víctimas de estos hechos. Sus palabras resuenan en todos los espacios, a donde lleva en brazos al pequeño hijo de ambos.

Ella explica que “el proceso de apropiación y recuperación del territorio ha sido una pelea muy dura de llevar. Hemos decidido llamar así el parque, porque es el lugar en el que mueren nuestros tres chicos y nos dejan más de 15 heridos. Es el lugar donde seguimos alzando la voz”. El 9 de marzo pasado, las familias instalaron allí un pequeño monumento compuesto por tres materas con los rostros de las víctimas, en una jornada en la que se presentaron jóvenes raperos de la localidad y se encendieron velas frente a un mural itinerante que lleva los rostros de Jaider, Cristián Hernández y Andrés Rodríguez.

Inspirados en ese proceso, los amigos de Julián González Fory empezaron a organizarse en la localidad de Kennedy, donde él fue asesinado. En una esquina de alto tránsito del barrio Renania Urapanes pintaron un mural con su rostro acompañado de unas congas, el instrumento que varios de ellos estaban tocando el 9 de septiembre, cuando protestaban por el asesinato de Ordoñez, en inmediaciones del CAI de Timiza. El mural se convirtió en el punto de encuentro de cada 9, donde ellos y ellas se reúnen a conversar, escuchar música y recordar a Julián.

Iván Grimaldo, amigo cercano de Julián, reflexiona al respecto: “Hacer memoria de nuestro amigo es poder llevar a cabo muchos proyectos que teníamos con él, que nos marcó mucho. No he escuchado a una persona muy cercana que diga que Julián no fue importante o que nunca recibió un consejo o algo de él. No queremos dejar perder ese bonito legado que él nos dejó: queremos llevarlo a donde vayamos, en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, en los viajes”.

Los amigos de Julián se apoyan en la gráfica para hacer memoria. Mediante la serigrafía, los telones y los stickers buscan mantener viva su imagen, a partir de la cual generan diálogos con los vecinos de la zona. Entre sus proyectos se encuentra bautizar con el nombre de Julián un parque ubicado cerca del conjunto residencial donde él vivía, con el objetivo de que “se vuelva un punto de encuentro y de transformación”.

En las acciones por la memoria también es común encontrar a doña Nury Rojas, la mamá de Angie Paola Baquero, asesinada en cercanías del CAI La Gaitana, en la localidad de Suba. Doña Nury llega siempre puntual, vestida con una camiseta blanca en la que está estampada una foto de Angie. Ella ha llevado el nombre de su hija a Verbenal, Suba, El Restrepo, la Plaza de Bolívar, el Concejo de Bogotá y, como dice ella, a donde la inviten, aunque la hayan amenazado y atemorizado en su propia casa.

Para doña Nury, la memoria es fundamental: “El acto de memoria que se hace en el recorrido del año de muerta, y que seguiré haciendo como mamá de ella, para mí es un alivio: es un alivio que no la olviden, que no sea una cifra más de tantos muertos y desaparecidos. Yo haré memoria de mi hija y acompañaré a la gente que quiera hacer memoria de ella hasta que Dios me tenga acá y me dé el último aliento de vida”.

En Suba también fueron asesinados Germán Puentes, Julieth Ramírez y Fredy Mahecha, en los CAI de El Rincón, La Gaitana y Aures II. Jóvenes de procesos comunitarios de la localidad que le apuestan a la educación popular, la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos han impulsado acciones de memoria, entre las que se encuentran murales, círculos de la palabra, galerías y conciertos. En el pasado Paro Nacional renombraron algunas calles de los barrios de la localidad durante una ruta por la memoria que salió desde el Portal de Suba de Transmilenio y pasó por algunos CAI de la zona.

Andrés Quiroga, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), ha participado en varias de estas acciones, en las que las exigencias de justicia son permanentes. Desde su perspectiva, es fundamental tener presentes en la memoria a las personas que fueron heridas y torturadas en septiembre del año pasado: “Ellos y ellas también son víctimas: vivieron el miedo, la represión, vivieron violencia. Entender cómo vivimos una violencia colectiva por ser jóvenes nos ha llevado a reflexionar sobre la necesidad de la defensa de los derechos humanos acá en Colombia, desde los enfoques políticos que cada uno pueda tener y desde sus estrategias de procesos de resistencia”.

Sobre la memoria de las y los jóvenes asesinados, Mayra reitera: “Queremos que todo el mundo sepa quiénes eran. Hacemos memoria porque es importante que la gente sepa que, a pesar de que no están con vida, dentro de nuestros corazones seguirán viviendo y seguirá creciendo ese amor que sentimos hacia ellos. Jamás van a poder callar nuestra voz, jamás lograrán apagar esa luz que tenían y proyectaban ellos. También queremos que limpien sus nombres. Es una lucha por la digna rabia, por la dignidad”.

La búsqueda de justicia

Las acciones de memoria están acompañadas de una demanda de justicia. En este año el avance judicial de estos casos ha sido mínimo. Alejandra Garzón, abogada de Dh Colombia, quien lleva los casos de 10 personas lesionadas por arma de fuego y tres víctimas mortales, señaló: “El avance en todos estos casos, sobre todo en los de lesionados y de las personas que no les encontraron proyectil es mínimo, en tanto la Fiscalía solamente investigó y llevó audiencia de imputación y acusación a aquellos patrulleros que dispararon y en donde la víctima tuvo el proyectil en su cuerpo”. El estado de los casos está relacionado con el cotejo balístico, una paradoja para la búsqueda de justicia de las familias.

El reconocido defensor de derechos humanos Alirio Uribe, abogado de tres víctimas mortales del 9 de septiembre, afirmó que “los policías ocultan las pruebas, la Fiscalía no avanza suficientemente en las investigaciones, los policías se cubren unos con otros y eso es lo que ayuda a propiciar la impunidad. En el caso del CAI en Ciudad Verde (Soacha) es claro que por la noche limpiaron, lavaron, recogieron todo, para borrar las evidencias de lo que había ocurrido esa noche con los tres muertos”. Uribe destaca que de los tres casos que él acompaña solamente avanzó el de Anthony Estrada, quien recibió “un solo tiro mortal y la bala quedó en el húmero”. En este caso hay un policía en juicio con medida aseguramiento, en detención domiciliaria.

Una bala directo al corazón fue la que recibió Julieth Ramírez esa trágica noche en el CAI La Gaitana. Un único tiro que le atravesó el corazón y la mató. El abogado Uribe, representante del caso, señaló que “en ese CAI dispararon por lo menos 11 policías, incluso un policía disparó más de 30 tiros. El caso está en indagación preliminar, se han hecho muchas pruebas, se hizo una reconstrucción de escena. Pero no se ha logrado individualizar al responsable, a pesar de que existen videos. Hace falta que se haga un estudio más serio por parte de la Fiscalía, para cruzar todos esos videos y toda la información. Lo concreto es que el caso sigue en la impunidad”.

En el caso de Cristian Hurtado no se tiene la bala, “pero está claro que fue la policía”, explica Uribe, quien también representa este caso. La Fiscalía no ha avanzado en una investigación que permita individualizar al responsable.

Angie Baquero recibió un disparo en cercanías al CAI de Aures. Alejandra Garzón, abogada del caso, señala que “se imputó y se acusó al patrullero Jorge Andrés Laso Valencia por el delito de homicidio en modalidad de dolo eventual, él actualmente tiene una medida de aseguramiento, no privativa de la libertad”.

Jaider Fonseca, joven asesinado frente al CAI de Verbenal, tenía en su cuerpo dos proyectiles aptos para cotejo. “Este cotejo arrojó como resultado que los proyectiles corresponden al arma de dotación oficial del patrullero John Antonio Gutiérrez, que fue imputado por el delito de homicidio en modalidad de dolo eventual. Ese homicidio era con dolo, no dolo eventual, porque Jaider recibió cuatro impactos de proyectil”, explica Alejandra Garzón. El 10 de septiembre será la próxima audiencia preparatoria y de solicitud de medida de aseguramiento en este proceso.

Si bien en algunos casos hay pequeños avances, poco se ha adelantado en la búsqueda de máximos responsables. Identificar a quienes dieron las órdenes de disparar sería clave, de acuerdo con las víctimas y las y los abogados. La Fiscalía, hasta ahora, no ha realizado investigación de contexto para determinar la responsabilidad de los altos mandos. La abogada Garzón señala que “tienen la obligación jurídica constitucional de seguir investigando hasta determinar quiénes fueron los que dieron la orden y qué tipo de coparticipación criminal existió”.

A la luz de la legislación internacional, el Estado Colombiano está obligado a investigar graves violaciones a los Derechos Humanos. Sin embargo, “doce meses después, ninguno de los policías a los que hasta ahora está adelantándose audiencia ha sido destituido y, peor aún, no existen investigaciones reales de los altos mandos”, afirmó Garzón.

Además de que se les está negado el derecho a la justicia a los familiares, tampoco existen garantías para la no repetición. Actualmente varias familias han denunciado que han sido amenazadas y hostigadas en repetidas ocasiones y tampoco se han realizado investigaciones sobre estas amenazas. Como narra Nury Rojas, madre de Angie Paola Baquero: “Llevamos un año de lucha, pero al fin y al cabo el autor de la muerte de mi hija sigue trabajando. Mientras a mí, como mamá de ella, me quitaron el derecho al trabajo, porque estoy siendo amenazada por exigir justicia y verdad. Ya me llegaron dos panfletos a la casa amenazándome de muerte, me rompieron los vidrios de la casa. Entonces yo digo que en este país, para uno exigir justicia y verdad por un ser humano, tiene que uno tener plata o ser una persona reconocida, porque uno por ser humilde no merece que su hija tenga la acción de justicia”.

Los hechos de abuso policial sucedidos en septiembre de 2020 muestran las grandes dificultades que existen para un verdadero acceso a la justicia para las víctimas de abuso y brutalidad policial. También reflejan la pertinencia del debate que han planteado las víctimas frente a una reforma estructural de la Policía. Ante el hecho indubitable de que policías dispararon, las víctimas y sus abogados señalan que existe un “espíritu de cuerpo” que se superpone a las garantías de derechos humanos.

Las familias seguirán conmemorando las vidas de sus hijos e hijas. El 11 y el 12 de septiembre se encontrarán en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en el Encuentro de Víctimas contra la Violencia Policial, donde habrá jornada de pintura de retratos, concierto, velatón, una obra de teatro, un taller y un conversatorio. Algunos relatos y reflexiones sobre estos casos se podrán encontrar en la serie documental “No fueron balas perdidas”, que el Centro lanzará este 9 de septiembre. Capítulo a capítulo, la serie narra las historias de las víctimas desde la voz testimonial directa de los familiares. Esta producción podrá ser vista en YouTube.

No se olvidan los rostros y los nombres de las personas asesinadas el 9 y el 10 de septiembre de 2020 en Bogotá y en Soacha, durante las protestas motivadas por el asesinato de Javier Ordóñez. Las banderas de su memoria están presentes donde quiera que van sus amigos y familiares, que durante el año transcurrido desde entonces se han empeñado en tejer lazos de solidaridad contra el silencio, la impunidad y la estigmatización.

El espacio público urbano ha sido un lugar privilegiado de estas luchas, que se han desarrollado en las localidades donde ocurrieron los asesinatos. Velatones, murales, discursos, siembras, conciertos, conversatorios, jornadas de estampado de camisetas y rutas de la memoria han ocupado estos barrios durante los 9 de cada mes, cuando las familias se reúnen para seguir incorporando los nombres y las historias de las víctimas a la memoria colectiva.

El barrio Verbenal, donde fueron asesinados tres de los jóvenes, se ha convertido en un punto muy importante de la movilización por la memoria, gracias al temprano proceso de articulación que emprendieron las familias y los jóvenes artistas del sector, que hoy integran la Mesa de Diálogo de Verbenal. Buena parte de las acciones se han desarrollado en el parque que está ubicado en diagonal al CAI del barrio, que los vecinos conocen como el Parque de la Policía y que las víctimas han rebautizado como Parque de la Resistencia.

Mayra Páez, esposa de Jaider Fonseca, uno de los tres jóvenes asesinados en el sector, se ha convertido en un referente de la lucha de las víctimas de estos hechos. Sus palabras resuenan en todos los espacios, a donde lleva en brazos al pequeño hijo de ambos.

Ella explica que “el proceso de apropiación y recuperación del territorio ha sido una pelea muy dura de llevar. Hemos decidido llamar así el parque, porque es el lugar en el que mueren nuestros tres chicos y nos dejan más de 15 heridos. Es el lugar donde seguimos alzando la voz”. El 9 de marzo pasado, las familias instalaron allí un pequeño monumento compuesto por tres materas con los rostros de las víctimas, en una jornada en la que se presentaron jóvenes raperos de la localidad y se encendieron velas frente a un mural itinerante que lleva los rostros de Jaider, Cristián Hernández y Andrés Rodríguez.

Inspirados en ese proceso, los amigos de Julián González Fory empezaron a organizarse en la localidad de Kennedy, donde él fue asesinado. En una esquina de alto tránsito del barrio Renania Urapanes pintaron un mural con su rostro acompañado de unas congas, el instrumento que varios de ellos estaban tocando el 9 de septiembre, cuando protestaban por el asesinato de Ordoñez, en inmediaciones del CAI de Timiza. El mural se convirtió en el punto de encuentro de cada 9, donde ellos y ellas se reúnen a conversar, escuchar música y recordar a Julián.

Iván Grimaldo, amigo cercano de Julián, reflexiona al respecto: “Hacer memoria de nuestro amigo es poder llevar a cabo muchos proyectos que teníamos con él, que nos marcó mucho. No he escuchado a una persona muy cercana que diga que Julián no fue importante o que nunca recibió un consejo o algo de él. No queremos dejar perder ese bonito legado que él nos dejó: queremos llevarlo a donde vayamos, en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, en los viajes”.

Los amigos de Julián se apoyan en la gráfica para hacer memoria. Mediante la serigrafía, los telones y los stickers buscan mantener viva su imagen, a partir de la cual generan diálogos con los vecinos de la zona. Entre sus proyectos se encuentra bautizar con el nombre de Julián un parque ubicado cerca del conjunto residencial donde él vivía, con el objetivo de que “se vuelva un punto de encuentro y de transformación”.

En las acciones por la memoria también es común encontrar a doña Nury Rojas, la mamá de Angie Paola Baquero, asesinada en cercanías del CAI La Gaitana, en la localidad de Suba. Doña Nury llega siempre puntual, vestida con una camiseta blanca en la que está estampada una foto de Angie. Ella ha llevado el nombre de su hija a Verbenal, Suba, El Restrepo, la Plaza de Bolívar, el Concejo de Bogotá y, como dice ella, a donde la inviten, aunque la hayan amenazado y atemorizado en su propia casa.

Para doña Nury, la memoria es fundamental: “El acto de memoria que se hace en el recorrido del año de muerta, y que seguiré haciendo como mamá de ella, para mí es un alivio: es un alivio que no la olviden, que no sea una cifra más de tantos muertos y desaparecidos. Yo haré memoria de mi hija y acompañaré a la gente que quiera hacer memoria de ella hasta que Dios me tenga acá y me dé el último aliento de vida”.

En Suba también fueron asesinados Germán Puentes, Julieth Ramírez y Fredy Mahecha, en los CAI de El Rincón, La Gaitana y Aures II. Jóvenes de procesos comunitarios de la localidad que le apuestan a la educación popular, la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos han impulsado acciones de memoria, entre las que se encuentran murales, círculos de la palabra, galerías y conciertos. En el pasado Paro Nacional renombraron algunas calles de los barrios de la localidad durante una ruta por la memoria que salió desde el Portal de Suba de Transmilenio y pasó por algunos CAI de la zona.

Andrés Quiroga, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), ha participado en varias de estas acciones, en las que las exigencias de justicia son permanentes. Desde su perspectiva, es fundamental tener presentes en la memoria a las personas que fueron heridas y torturadas en septiembre del año pasado: “Ellos y ellas también son víctimas: vivieron el miedo, la represión, vivieron violencia. Entender cómo vivimos una violencia colectiva por ser jóvenes nos ha llevado a reflexionar sobre la necesidad de la defensa de los derechos humanos acá en Colombia, desde los enfoques políticos que cada uno pueda tener y desde sus estrategias de procesos de resistencia”.

Sobre la memoria de las y los jóvenes asesinados, Mayra reitera: “Queremos que todo el mundo sepa quiénes eran. Hacemos memoria porque es importante que la gente sepa que, a pesar de que no están con vida, dentro de nuestros corazones seguirán viviendo y seguirá creciendo ese amor que sentimos hacia ellos. Jamás van a poder callar nuestra voz, jamás lograrán apagar esa luz que tenían y proyectaban ellos. También queremos que limpien sus nombres. Es una lucha por la digna rabia, por la dignidad”.

La búsqueda de justicia

Las acciones de memoria están acompañadas de una demanda de justicia. En este año el avance judicial de estos casos ha sido mínimo. Alejandra Garzón, abogada de Dh Colombia, quien lleva los casos de 10 personas lesionadas por arma de fuego y tres víctimas mortales, señaló: “El avance en todos estos casos, sobre todo en los de lesionados y de las personas que no les encontraron proyectil es mínimo, en tanto la Fiscalía solamente investigó y llevó audiencia de imputación y acusación a aquellos patrulleros que dispararon y en donde la víctima tuvo el proyectil en su cuerpo”. El estado de los casos está relacionado con el cotejo balístico, una paradoja para la búsqueda de justicia de las familias.

El reconocido defensor de derechos humanos Alirio Uribe, abogado de tres víctimas mortales del 9 de septiembre, afirmó que “los policías ocultan las pruebas, la Fiscalía no avanza suficientemente en las investigaciones, los policías se cubren unos con otros y eso es lo que ayuda a propiciar la impunidad. En el caso del CAI en Ciudad Verde (Soacha) es claro que por la noche limpiaron, lavaron, recogieron todo, para borrar las evidencias de lo que había ocurrido esa noche con los tres muertos”. Uribe destaca que de los tres casos que él acompaña solamente avanzó el de Anthony Estrada, quien recibió “un solo tiro mortal y la bala quedó en el húmero”. En este caso hay un policía en juicio con medida aseguramiento, en detención domiciliaria.

Una bala directo al corazón fue la que recibió Julieth Ramírez esa trágica noche en el CAI La Gaitana. Un único tiro que le atravesó el corazón y la mató. El abogado Uribe, representante del caso, señaló que “en ese CAI dispararon por lo menos 11 policías, incluso un policía disparó más de 30 tiros. El caso está en indagación preliminar, se han hecho muchas pruebas, se hizo una reconstrucción de escena. Pero no se ha logrado individualizar al responsable, a pesar de que existen videos. Hace falta que se haga un estudio más serio por parte de la Fiscalía, para cruzar todos esos videos y toda la información. Lo concreto es que el caso sigue en la impunidad”.

En el caso de Cristian Hurtado no se tiene la bala, “pero está claro que fue la policía”, explica Uribe, quien también representa este caso. La Fiscalía no ha avanzado en una investigación que permita individualizar al responsable.

Angie Baquero recibió un disparo en cercanías al CAI de Aures. Alejandra Garzón, abogada del caso, señala que “se imputó y se acusó al patrullero Jorge Andrés Laso Valencia por el delito de homicidio en modalidad de dolo eventual, él actualmente tiene una medida de aseguramiento, no privativa de la libertad”.

Jaider Fonseca, joven asesinado frente al CAI de Verbenal, tenía en su cuerpo dos proyectiles aptos para cotejo. “Este cotejo arrojó como resultado que los proyectiles corresponden al arma de dotación oficial del patrullero John Antonio Gutiérrez, que fue imputado por el delito de homicidio en modalidad de dolo eventual. Ese homicidio era con dolo, no dolo eventual, porque Jaider recibió cuatro impactos de proyectil”, explica Alejandra Garzón. El 10 de septiembre será la próxima audiencia preparatoria y de solicitud de medida de aseguramiento en este proceso.

Si bien en algunos casos hay pequeños avances, poco se ha adelantado en la búsqueda de máximos responsables. Identificar a quienes dieron las órdenes de disparar sería clave, de acuerdo con las víctimas y las y los abogados. La Fiscalía, hasta ahora, no ha realizado investigación de contexto para determinar la responsabilidad de los altos mandos. La abogada Garzón señala que “tienen la obligación jurídica constitucional de seguir investigando hasta determinar quiénes fueron los que dieron la orden y qué tipo de coparticipación criminal existió”.

A la luz de la legislación internacional, el Estado Colombiano está obligado a investigar graves violaciones a los Derechos Humanos. Sin embargo, “doce meses después, ninguno de los policías a los que hasta ahora está adelantándose audiencia ha sido destituido y, peor aún, no existen investigaciones reales de los altos mandos”, afirmó Garzón.

Además de que se les está negado el derecho a la justicia a los familiares, tampoco existen garantías para la no repetición. Actualmente varias familias han denunciado que han sido amenazadas y hostigadas en repetidas ocasiones y tampoco se han realizado investigaciones sobre estas amenazas. Como narra Nury Rojas, madre de Angie Paola Baquero: “Llevamos un año de lucha, pero al fin y al cabo el autor de la muerte de mi hija sigue trabajando. Mientras a mí, como mamá de ella, me quitaron el derecho al trabajo, porque estoy siendo amenazada por exigir justicia y verdad. Ya me llegaron dos panfletos a la casa amenazándome de muerte, me rompieron los vidrios de la casa. Entonces yo digo que en este país, para uno exigir justicia y verdad por un ser humano, tiene que uno tener plata o ser una persona reconocida, porque uno por ser humilde no merece que su hija tenga la acción de justicia”.

Los hechos de abuso policial sucedidos en septiembre de 2020 muestran las grandes dificultades que existen para un verdadero acceso a la justicia para las víctimas de abuso y brutalidad policial. También reflejan la pertinencia del debate que han planteado las víctimas frente a una reforma estructural de la Policía. Ante el hecho indubitable de que policías dispararon, las víctimas y sus abogados señalan que existe un “espíritu de cuerpo” que se superpone a las garantías de derechos humanos.

Las familias seguirán conmemorando las vidas de sus hijos e hijas. El 11 y el 12 de septiembre se encontrarán en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en el Encuentro de Víctimas contra la Violencia Policial, donde habrá jornada de pintura de retratos, concierto, velatón, una obra de teatro, un taller y un conversatorio. Algunos relatos y reflexiones sobre estos casos se podrán encontrar en la serie documental “No fueron balas perdidas”, que el Centro lanzará este 9 de septiembre. Capítulo a capítulo, la serie narra las historias de las víctimas desde la voz testimonial directa de los familiares. Esta producción podrá ser vista en YouTube.