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Una encuesta realizada por la Veeduría Distrital refuerza las necesidades que tiene Bogotá para garantizar la seguridad alimentaria de todos sus habitantes, especialmente de los hogares de menores ingresos. El estudio, que encuestó a más de 4.000 familias, destacó que los bajos ingresos impiden a muchas personas acceder a alimentos nutritivos y balanceados. Entre tanto, la Alcaldía implementa ‘Bogotá Sin Hambre 2.0′.
El 60 % de los hogares de estrato 1 reportó ingresos inferiores a $1.300.000 mensuales, mientras que el 40 % de los hogares en estrato 2 manifestó ganar lo mismo. Con estos ingresos por debajo del salario mínimo, el acceso a una dieta adecuada se ve gravemente limitado. Según el DANE, la línea de pobreza en Bogotá está en $592.369 por hogar, lo que evidencia que muchas familias viven en condiciones de pobreza.
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A partir del análisis de los resultados se consiguió determinar que el 61 % de los hogares consultados logra garantizar tres comidas diarias, mientras que el 33 % tiene dificultades para acceder a más de una o dos comidas al día. Además, en estratos bajos, el consumo de frutas, verduras y carnes rojas es preocupantemente escaso, reflejando la falta de recursos para una dieta equilibrada. En el estrato 1, el 43% de los hogares solo puede asegurar dos comidas al día, y en el estrato 2, esta situación afecta al 35%.
Las localidades de Kennedy, Bosa, Suba y Engativá fueron señaladas como las más afectadas, con aproximadamente el 40% de los hogares reportando una reducción tanto en la cantidad como en la calidad de los alimentos consumidos.
Daniel Bernal, nutricionista y docente de la Universidad Nacional, ha estudiado detenidamente el panorama en la capital. Destaca los contrastes a la hora de analizar el fenómeno. “Estamos subdivididos en 20 localidades, pero cada una es un microcosmos de la gran ciudad. Hay un ciclo de pobreza que genera desnutrición e inseguridad alimentaria en muchas zonas de Bogotá, pues es un ciclo que tiende a repetirse y a replicarse en las diferentes generaciones. Si no se interviene con educación, empleabilidad y otras formas de sacar esas personas de la pobreza, se terminan perpetuando esas condiciones de inequidad”.
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¿Qué soluciones se ha planteado el Distrito para mitigar este problema?
Para reducir las cifras de hambre , el alcalde Galán anunció que en su cuatrienio invertirá $4,6 billones, de los cuales $3,6 billones se enfocará en la población menor de edad, a través del Plan de Alimentación Escolar (PAE), y el resto en el bienestar alimentario de la población en general. Este monto se complementará con $1,6 billones, que se desinarán a robustecer el Ingreso Mínimo Garantizado. “Nuestra meta para 2027 será reducir a la mitad el índice de inseguridad alimentaria grave, de 4,2% al 2,2%”, señaló Galán.
Las metas generales de la estrategia están enfocadas en tres grandes objetivos, a cargo de tres secretarías, con el fin de que cada una pueda desplegar intervenciones enfocadas en sus propias metas y alcances particulares.
En ese sentido, la Secretaría de Desarrollo Económico se encargará de incentivar la oferta de alimentos de la ciudad, mediante la generación de 35.000 espacios de comercialización de mercados campesinos, lo que representa un aumento del 12% frente a la pasada administración. Además, 5.000 actores del sistema de abastecimiento y distribución recibirán asesorías, para fortalecer su experiencia técnica y comercial. Por otro lado, se intervendrán 17 plazas de mercado, para potencializar su alcance.
Por su parte, Integración Social velará por responder a la demanda de alimentación de los habitantes más pobres. Para ello, rediseñará los programas de transferencias del Distrito, a través del programa ‘Mejores transferencias, más Bienestar’, el cual contempla beneficiar a 9.000 personas con discapacidad, ya no con bonos canjeables por alimentos sino transferencias monetarias, y a 36.000 adultos mayores.
Además, aumentará el subsidio para 37.000 hogares, que pasarán de $384.000 a $505.000; el número de personas beneficiadas de los servicios regulares de alimentación (pasará de 924.000 a 982.000), y de comedores comunitarios, que pasarán de 115 a 165, aumentando de 77.000 a 109.000 los beneficiarios.
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