“Detención preventiva en centro carcelario”, esa fue la decisión de la jueza 69 penal de control de garantías de Bogotá, durante la audiencia de los nueve detenidos por hechos vandálicos que se habrían perpetrado durante los últimos meses en el norte de la capital del país, por quienes integrarían el autodenominado grupo Primera Línea calle 80.
Según la jueza, la decisión se tomó debido a que las pruebas en contra de los señalados demostraban que podrían perpetrar otros ataques de ser cobijados con la detención domiciliaria pues, al parecer, las reuniones para planear y ejecutar las acciones durante las protestas se realizaban en sus viviendas.
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En la audiencia también se resaltó que, aunque los procesados demostraron arraigo, uno de ellos manifestó responder económica y emocionalmente por su mamá, y otros dos indicaron estar laborando durante los días en los que se habrían cometido los delitos, estos no serían para la jueza motivos suficientes para no enviarlos a prisión.
“La mamá de uno de los imputados tiene otro hijo que puede responder por ella y en cuanto a las dos personas que manifestaron estar empleándose, cuya actividad quedó demostrada por medio de certificaciones laborales, hay que mencionar que las actividades (delictivas) se cometieron en horas de la noche y estas personas trabajan entre las 8 a.m. y las 5 p.m.”, indicó la jueza.
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Al finalizar la diligencia, y luego de emitir las boletas de traslado a centros carcelarios, siete de los nueve abogados defensores de los jóvenes indiciados, solicitaron recurso de apelación de la medida tomada por la jueza. Por otra parte, se confirmó que la continuidad del proceso judicial será el próximo viernes 19 de noviembre de 2021, cuando ya los señalados se encuentren en los centros de detenciones que decida el Inpec.
Durante este mismo miércoles en horas de la mañana la Fiscalía les había imputado los delitos de concierto para delinquir, violencia contra servidor público, instigación a cometer actos con fines terroristas, tenencia de materiales peligrosos y lanzamiento de material inflamable, cargos que no fueron aceptados por los involucrados.
La argumentación del ente investigador estuvo respaldada por una serie de pruebas que involucran a un testigo, quien sería un hombre que se infiltró en la supuesta estructura, lo que permitió dejar en evidencia la forma en la que operaban, pero, sobre todo, dicen las autoridades, la forma en la que atacaban durante las concentraciones.
Entre el material probatorio se tuvo en cuenta la usabilidad que los nueve señalados le dieron a la aplicación bancaria Nequi, por la cual se comunicaban. “Ya que esta plataforma permite enviar transferencias de dinero con mensajes de texto, esto permitía tener una comunicación efectiva y sin dejar evidencia”, agregó la jueza.
Una de las jóvenes involucradas en este proceso fue detenida en Medellín, por lo que durante la madrugada de este jueves viajará con destino a Bogotá para hacer efectiva la orden de traslado al centro carcelario. Los otros ocho jóvenes se encuentran en un centro de detención en la localidad de Puente Aranda y desde allí serán remitidos a las cárceles de la capital.
