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Este martes se reanudó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de Javier Enrique Ramírez Gómez y Ángel Rolando Colina Lugo, los ciudadanos de nacionalidad venezolana señalados de dispararle a Natalia Castillo, la asesora de comunicaciones de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia.
En la diligencia judicial, que se viene adelantando desde el pasado sábado, se han revelado importantes detalles que muestran la operatividad de una organización a la que, al parecer, pertenecerían los capturados por la muerte de la periodista, quienes en principio no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía, por homicidio agravado y hurto calificado.
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Daniel Gómez, fiscal del caso, durante la narración de los hechos, señaló que los responsables de crimen, además de matar a la periodista, habrían realizado movimientos en las cuentas bancarias por medio de los celulares que le robaron a los amigos de Natalia Castillo, con quienes estaba al momento de ser abordada y asesinada.
Precisamente estos detalles son el argumento con el que la Fiscalía solicitó la medida de aseguramiento en centro carcelario, para Ramírez y Colina. Los abogados defensores de quienes serían los victimarios indicaron, ante la petición de privación de la libertad, que “debería replantearse la medida” debido a que sus clientes sí tienen arraigo y a pesar de estar siendo investigados por un delito, no “representarían un peligro para la sociedad”.
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Tras escuchar los argumentos y la solicitud del fiscal, el Juez 74 municipal de control de garantías hizo un recuento de las intervenciones de los sujetos procesales y resaltó que, además de la trazabilidad e individualización de los procesados en los delitos, estos incurrieron en conductas graves de acuerdo al Código Penal.
Con esto último, el juez en función de control de garantías les impartió a ambos señalados medida de aseguramiento preventivo, por lo que deberán continuar el proceso desde un establecimiento carcelario.
Por su parte, los abogados de los acusados no interpusieron ningún recurso de apelación o reposición.
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