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Tras las escenas de explotación de menores para la mendicidad ajena en la ciudad, las autoridades han adelantado operativos para restablecer el derecho de los niños en las calles. No obstante, no todo parece perfecto: una madre venezolana denuncia que, sin haber incurrido en falta alguna, injustamente la separaron de su hija. Lo peor: a la fecha, no ha logrado que se la devuelvan.
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La queja es de Nairobics Clara Revilla, quien ha hecho de todo por recuperar a su hija Charlotte Daniela, de 4 años. Su drama comenzó en la estación de Transmilenio de la calle 22, el jueves 25 de agosto, a las 10:00 a.m. “Ese día abordé el sistema, porque debía ir a conseguir una certificación del colegio, donde la niña está matriculada, en Usme. Me bajé en la estación, le di algo de comer y la senté mientras terminaba”, relata.
En ese momento, según narra, la rodearon ocho policías y funcionarios de Transmilenio. “Me pidieron los papeles de la niña y afirmaron que me habían visto mendigando con ella, algo completamente falso”, relata la madre, a quien le llamó la atención que los funcionarios que la abordaron nada tenían que ver con temas de niñez.
“Ni siquiera fueron policías de Infancia y Adolescencia, sino patrulleros, quienes me pidieron el certificado de nacimiento de la niña. Yo no lo tenía, pues uno no lo lleva todo el tiempo. Me dijeron textualmente: ‘que si no tenía nada que deber, no tenía nada que temer’”, describe Nairobics quien, siguiendo las instrucciones, abordó una patrulla en compañía de la menor.
La llevaron hasta el Centro Zonal Mártires, en donde funciona una sede de la Defensoría de Familia, y continuaron con el supuesto trámite de verificación. Le dijeron que el proceso iba a ser rápido, si se lograba validar en las bases de datos disponibles, que efectivamente se trataba de su hija. Entre ellas le mencionaron la de las vacunas, aspecto que la tranquilizó inicialmente, ya que tiene a su hija al día en el proceso de inmunización.
Sin embargo, alega que la separaron de su hija con engaños, pues fuera de que le pidieron certificado del Sisbén y hasta el RUT (Registro Único Tributario), no vio que validaran en algún sistema si se trataba de su criatura. “Pedí que me mostraran las grabaciones, donde supuestamente estaba usando a mi hija para pedir dinero. No lo tenían y tampoco me dieron el código de los policías que me la arrebataron”, agregó.
Desde ese momento todo ha sido un calvario para cumplir la tramitología que, según ella, solo ha dilatado innecesariamente el momento de recuperar a su hija. Para completar, le negaron cualquier tipo de comunicación con ella por casi dos semanas. Ni su madre, ni a sus familiares les permitieron hablar o ver a la niña, pese a su insistencia. Su reencuentro solo se dio el pasado 6 de septiembre, cuando la dejaron visitarla, una hora, en un hogar de adopción, donde tienen a Charlotte.
¿Procedimiento irregular? La respuesta de Transmilenio y el ICBF
Tan confusas, como las decisiones alrededor del operativo en el que le quitaron la custodia a esta madre venezolana, son las respuestas de las entidades involucradas en este caso. No obstante, sí esbozan aparentes irregularidades, en medio de un procedimiento que apunta a garantizar la necesaria protección de los derechos de los niños.
En este punto es clave recordar que el Código Penal establece que el uso de niños para mendigar se podría tipificar como explotación de menores de edad o trata de personas, según el contexto del caso. Punto en el que coincide la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, reconociendo que la mendicidad infantil atenta contra el sano crecimiento de niños y niñas.
En Colombia, las escenas de adultos pidiendo dinero en las calles, en compañía de niños, niñas y adolescentes, cada vez son más frecuentes. Y, si bien, muchas familias lo hacen por verdadera necesidad, en medio se han descubierto casos de alquiler de niños para pedir dinero, como lo denunció este diario en su especial Explotación infantil y mendicidad de menores.
El asunto es que validar la verdadera necesidad de la explotación no ha sido tarea fácil para las autoridades. Este podría ser el caso de Nairobics y su hija Charlotte, en el que, tal vez, por la inexperiencia de los funcionarios y la falta de protocolos claros para un debido proceso, se podría caer en el error.
Al menos, es lo que se evidencia al conocer las respuestas de las entidades consultadas, tras la denuncia de esta madre venezolana. En primer lugar, está Transmilenio. Al consultar sobre la denuncia, que señala que varios de sus funcionarios abordaron a la mujer, su respuesta fue que ellos “no están autorizados para realizar estos operativos” y que solo hacen acompañamiento a las autoridades competentes.
Dichas autoridades, según lo establecido por el Distrito, son las secretarías de Integración Social, Salud, Educación, Gobierno y Seguridad; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-; el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud -Idipron-; la Personería, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía.
Al preguntar de manera puntual sobre el caso de Nairobics indicaron: “Frente a la denuncia de la señora de nacionalidad venezolana, que afirma que su hija de 4 años fue arrebata de manera injusta, Transmilenio S.A. no tiene injerencia, debido a que nuestros funcionarios no están dotados de competencia para retener y realizar traslados de menores de 18 años”.
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No obstante, la empresa tendría en su poder la prueba que podría desenredar todo este caso: la grabación que ratifique si la madre venezolana estaba usando o no a su hija para pedir limosna. Al consultar sobre la existencia de este archivo, expresaron que solo se podía suministrar por orden judicial, “para efectos de que no se afecten los datos e imagen de terceros”.
Hoy el caso está en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que, según el Sistema de Información Misional, adelanta actualmente un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, del cual, ya tiene conocimiento la madre. Dejan claro, además, que las acciones puntuales del proceso cuentan con reserva legal.
Sin embargo, comparten que precisamente en la estación de Transmilenio de la calle 22 con Caracas, donde se desarrolló este caso, es una de las zonas que presenta mayor concurrencia esta problemática de presuntos casos de mendicidad o trabajo infantil. Al punto de que, entre enero y agosto del 2022, han realizado jornadas de búsqueda activa, que implicaron la apertura de procesos a 18 sistemas familiares y 43 niños, niñas y adolescentes.
Según la Policía de Infancia y Adolescencia, desde 2020 y los primeros cinco meses del 2022, se registraron 17 denuncias por explotación infantil, 15 capturas y 534 menores de edad quedaron bajo la protección de las autoridades, por haber sido hallados en mendicidad. La cifra en 2021 fue de 341 y en 2020 de 95. A pesar de los datos, ninguna autoridad hace alusión a las evidencias en contra de la madre venezolana, que sigue luchando por recuperar a su hija.
Mientras el proceso administrativo que adelanta el ICBF avanza, Nairobics insiste en que nunca ha trabajado dentro de los articulados y menos en compañía de su hija. Espera que la investigación lo ratifique, para poder recuperar lo antes posible a su pequeña Charlotte, que está por cumplir un mes lejos de los brazos de su madre.
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